Tal como está ahora, si el sistema de justicia se propusiera atender al total de víctimas de los delitos cometidos en todo el país, simplemente colapsaría, alertan investigadores. Por lo pronto, el 93 por ciento se queda sin denunciar. Para este desaliento, la desconfianza en las autoridades y la falta de infraestructura son de los factores principales. Así, el círculo de la impunidad en México es beneficiado
Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– En México sólo son denunciados siete de cada 100 delitos cometidos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), una cifra muy por debajo de los parámetros internacionales.
Pero en el supuesto de que el total de víctimas denunciara, no habría Ministerios Públicos ni jueces suficientes para atenderlas. “En otras palabras, el sistema simplemente colapsaría”, coinciden expertos en el ámbito penal entrevistados por SinEmbargo.
El 93 por ciento de delitos no denunciado es conocido como “cifra negra” por el Inegi y es uno de los factores que generan los altos niveles de impunidad en el país, según el Índice Global de Impunidad (IGI-MEX), presentado el pasado 3 de febrero por la Universidad de las Américas Puebla (UdelaP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ).
El IGI-MEX señala que en México hay 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, cuando a nivel internacional la media es de 16. Mientras, la sobrepoblación penitenciaria duplica la media global: 30 por ciento en el país contra 17 por ciento promedio en el mundo. El estudio identifica como causas para abstenerse de denunciar desde desconfiar en las autoridades, tener miedo a ser extorsionado, creer que presentar el trámite es una pérdida de tiempo hasta temer que el agresor o la autoridad misma tomen represalias.
Así, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó en 2013 un millón 681 mil 77 delitos denunciados ante agencias del Ministerio Público en todo el país. Mientras, la Envipe del Inegi arrojó para ese mismo año, 31 millones de delitos no denunciados.
“La solución (a la impunidad) es la denuncia, pero el sistema tendría que tener capacidad para responder. Lo que estamos viendo es que no tiene la capacidad de atender un porcentaje mínimo. Los números no dan”, afirmó Juan Antonio Le Clercq Ortega, coordinador de la investigación.
Martín Gabriel Barrón es profesor-investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Ante el escenario de que se desarrollara a cabalidad una cultura de denuncia, exclama: “El sistema judicial en México está híper rebasado. Si no tenemos suficientes Ministerios Públicos, jueces, ni espacios carcelarios, ¿qué hacemos? Se convierte en un círculo donde todo mundo dice que está saturado, que necesita más gente. No hay suficientes policías de investigación, ni peritos ni custodios. En fin, en todo estamos por debajo de los promedios internacionales”.
Más allá de la falta de infraestructura, Pablo Monzalvo, estudioso de la Seguridad Pública y Nacional en la Universidad Iberoamericana (UIA) expone que de aumentar la cifra de delitos denunciados, habría evidencia de que el sistema de administración de justicia no está cumpliendo con su deber, lo que no resulta conveniente para las autoridades.
Según Martín Barrón, del Inacipe, “el Ministerio Público lo que busca es que la víctima no siga el procedimiento porque eso implica trabajo, investigación, pérdida de tiempo y no necesariamente va a redituar en beneficios económicos”.
LOS QUE SÍ RECIBEN LOS CASTIGOS
El IGI-MEX indica que los Centros Penitenciarios estatales (los llamados Centros de Readaptación Social, Ceresos) cuentan con 20 policías por cada 100 reclusos y casi la mitad de la población detenida no tiene sentencia.
La sobrepoblación a nivel estatal es del 30 por ciento con respecto a las capacidad instalada cuando en el mundo esa proporción es de 17. El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7 por ciento.
Barrón abunda que en el panorama de las cárceles hay un dato crucial: “Los delitos de entre 75 y 80 por ciento de las personas presas fueron por robo no superior a cuatro mil pesos”.
Para el experto, “esto es gravísimo porque muchas personas están privadas de su libertad por montos irrisorios, mientras que los delitos graves muchas veces son resueltos por otros medios como arreglos económicos o sobornos”.
EL DESALIENTO
De este paisaje en el que por un lado predomina el desaliento para la denuncia y por el otro, la falta de infraestructura del sistema, Barrón resumió que impunidad y corrupción van de la mano en cualquier proceso de procuración de justicia que se inicie en la República Mexicana.
En el estudio del IGI MEX se lee que si bien la llamada cifra negra no es verificable porque depende de encuestas, sí permite identificar un parámetro de delitos que son cometidos y se quedan en la impunidad absoluta.
En lo que sí es contable, el IGI MEX registró que en 2013 fueron iniciadas un millón 679 mil 702 averiguaciones previas en los Ministerios Públicos de las entidades federativas. De ellas se determinaron un millón 254 mil 854 –el 74 por ciento-, y se inculparon a 850 mil 185 personas. Debido a que no se encontraron pruebas suficientes para acusar al agresor, no hay delito que perseguir o no se logró identificar a los agresores. Sólo la mitad de las averiguaciones previas determinadas fueron turnadas a los tribunales de justicia como causas penales en primera instancia.
