Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– El Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llegó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) en medio de una gran aceptación por parte de los ciudadanos. Ganó las elecciones de 2012 imponiéndose, con una coalición de izquierda encabezada por el Partido de la Recolución Democrática (PRD), con un 64 por ciento de los votos a los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), Isabel Miranda de Wallace, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel.
Sin embargo, luego de 24 meses de gobernar la capital del país, pasó de ser un político que despertaba simpatías, del “soltero del año”, como lo calificó una revista de sociales, al “puño duro” del Presidente Enrique Peña Nieto, según acusan diversos activistas y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.
Han sido varias las situaciones que el gobierno de Mancera Espinosa ha tenido que sortear y que le han costado una caída “histórica” en la aprobación de los capitalinos. Algunas de sus decisiones implementadas –como el aumento a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la extensión del Programa Hoy no Circula a autos de más de 15 años de antigüedad– han sido duramente criticadas por los habitantes de una de las ciudades más pobladas del mundo. Pese a las protestas y al rechazo que miles de capitalinos realizaron, el costo del boleto del Metro subió a principios de este año de 3 a 5 pesos; sin embargo a varios meses del aumento, los usuarios han denunciado que no se han visto mejoras en el servicio.
Este año, la llamada “Ley Antimarchas” en la capital del país fue propuesta por Miguel Ángel Mancera Espinosa y aprobada por la bancada perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), lo que generó el rechazó de organizaciones civiles que acusaron que lo que se buscaba con esta era criminalizar la protesta, incluso varios jueces la han declarado inconstitucional.
A la par, durante los últimos meses, y desde que empezaron las movilizaciones en la Ciudad de México para solidarizarse con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, desde el 26 de septiembre, el Gobierno del Distrito Federal ha mostrado su lado más autoritario, de acuerdo con las denuncias de activistas.
Las detenciones arbitrarias y las agresiones que las diversas agrupaciones policiacas del Distrito Federal han realizado en diversas marchas han dejado al descubierto que el gobierno de Miguel Mancera no tiene un protocolo de respeto a las libertades civiles para llevar a cabo durante las manifestaciones.
Organizaciones ciudadanas e incluso la propia Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), han instado al Jefe de Gobierno capitalino a garantizar el derecho a la protesta social en la Ciudad de México, pero el pasado 1 de diciembre nuevamente quedó al descubierto que sus llamados no se han sido escuchados.
Luego de una marcha del Zócalo capitalino al Ángel de la Independencia, grupos de la sociedad organizada y ciudadanos por cuenta propia denunciaron agresiones, detenciones arbitrarias y encapsulamientos por parte de la policía capitalina.