Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- “Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza, en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar”, dijo en entrevista con El País Nicolás Mendoza Villa, testigo secuestrado y torturado por órdenes del ex Edil de Iguala, José Luis Abarca.
El testimonio de este chófer detalla cómo el ex Alcalde en persona mató de un disparo en la cabeza a su rival político, el ingeniero perredista Arturo Hernández Cardona, líder del movimiento campesino Unidad Popular.
Luego de ser secuestrado y torturado, Mendoza pensó que sería el siguiente. “Sólo pedí que arrojaran mi cuerpo cerca de una carretera para que mi familia pudiera hallarlo”, recuerda en conversación con el diario español. Pero durante su traslado pudo escapar por el monte. Hoy vive escondido y con su familia dividida.
El testimonio de Mendoza es clave para la Procuraduría General de la República (PGR), que ya incluyó el asesinato de Cardona en la orden de detención de Abarca.
Mendoza declaró a El País que el 30 de mayo de 2013 se encontraba trabajando como chófer del ingeniero Hernández Cardona, cuando fueron secuestrados por seis hombres armados. Venían de un acto de protesta contra Abarca y una camioneta los interceptó. Los sicarios dispararon al político en una pierna y los trasladaron a un lugar a las afueras de Iguala, donde había otros secuestrados.
Las torturas empezaron desde la primera noche. De acuerdo con el testigo, les preguntaban por qué protestaban contra el Alcalde y los golpeaban con tubos, látigos y alambres: “A uno de los secuestrados le cortaron la cabeza con un machete”. El testigo asegura que, mientras les golpeaban, el Alcalde los miraba y bebía cerveza. Un viernes, siempre según el testimonio de Mendoza, Abarca en persona asesinó a su rival político.
Al día siguiente, mientras era trasladado a un basurero para ser asesinado, Mendoza aprovechó un descuido de sus sicarios y escapó corriendo por el monte. Asegura que con él huyeron otros cautivos pero no ha vuelto a saber nada de ellos.
El asesinato de Hernández Cardona provocó las protestas de los normalistas ante el Ayuntamiento de Iguala, pero no se llevó a cabo ninguna investigación.
Mendoza declaró ante la PGR y su testimonio será avalado. Hoy Abarca está preso, pero el ex chófer superviviente sigue temiendo por su vida.
El 4 de octubre, René Bejarano Martínez acusó al gobierno federal, ante el pleno del lX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de no intervenir a tiempo en Iguala, Guerrero, y dejar crecer la impunidad luego de que, en 2013, un testigo denunció el homicidio de Hernández a manos de Abarca.
Bejarano aseguró que él personalmente se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y le pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) tomar el caso del asesinato e investigar al Presidente Municipal.
“Se pidió hasta en dos ocasiones que la PGR atrajera las indagatorias, por unanimidad se aprobó que fuera la PGR la que atrajera la investigación, y tuve oportunidad después de esas dos solicitudes de hablar con el Procurador en persona. Le dije lo que me habían dicho los sobrevivientes, porque hubo tres testigos de esa masacre. Me narraron lo que vivieron, las torturas y la manera en que murió Arturo. Nicolás Mendoza Villa dijo ‘me atrevo a declarar porque no confío en las autoridades locales’ y la PGR no quiso atraer la investigaciones por motivos políticos”, dijo.
El 20 de junio de 2013, Human Right Watch (HRW) también pidió –mediante un comunicado– que el gobierno federal investigara de manera exhaustiva e imparcial el asesinato de tres activistas políticos en Guerrero, entre ellos Arturo Hernández Cardona.
El director de HRW, José Miguel Vivanco, condenó los hechos. “Las víctimas temían por su vida, específicamente a manos de funcionarios locales”, expuso en alusión a Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, quienes fueron encontrados muertos sobre una autopista, y a Abarca.
Previo al hallazgo, las víctimas habían desaparecido después de bloquear la autopista en protesta contra la política del gobierno local. “Tenemos el temor fundado de que José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal Constitucional de Iguala, pudiese ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de las distintas organizaciones del referente social ‘Unidad Popular’”, cita el documento.
Sin embargo, las organización defensora de derechos humanos no era la única que pedía que se investigara a Abarca Velázquez. La secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino, dijo que no sólo la Red solicitó a la PGR investigar el asesinato de Hernández Cardona, sino que también lo hicieron HRW y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por su sigla en inglés).
“Si la Procuraduría General [de la República] hubiera atraído el caso, hubiera hecho caso no solamente a la Red, no solamente a las víctimas, hubiera hecho caso a los llamados internacionales, creemos que los lamentables hechos del pasado 26 de septiembre no se hubieran dado”, expresó la secretaria ejecutiva de la Red.
“¿Por qué fueron omisas a los llamados de justicia, a las denuncias nacionales e internacionales que hemos venido haciendo en forma sistemática? ¿Por qué han sido omisos?”, cuestionó.
