Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Eran las 10 de la mañana de ayer cuando la jueza 18 de lo civil, Norma Alejandra Muñoz Salgado, pidió a los presentes apagar sus celulares. Ordena no grabar la audiencia. Quien está en el banquillo de los acusados es Roberto Hernández, director de Presunto Culpable, documental que muestra las fallas del sistema judicial mexicano y que tienen en la cárcel a miles de inocentes.
Pero no basta con su petición. Un par de encargados de seguridad husmean los celulares, se acercan sin pudor a los representantes de los medios de comunicación y piden mostrar que no se está grabando. Se respira tensión en el juzgado 17 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
El documental de 88 minutos, clasificado bajo el género de “drama”, ganador al Premio Mejor documental del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2009, exhibe las fallas del juez, ministerio público y policías judiciales que llevaron el caso del encarcelamiento injusto de Antonio Zúñiga, joven de Iztapalapa acusado en 2005 de un homicidio que no cometió y que lo tuvo preso durante dos años y medio.
El sistema de justicia no perdonó el atrevimiento de Hernández y ahora el drama judicial lo vive el académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quien enfrenta una demanda por tres mil millones de pesos por presunto daño moral.
Es un juicio cuyo desenlace no parece feliz para Hernández. Por lo menos así lo externó varias veces ayer, durante la audiencia realizada en las instalaciones TSJDF.
Si fuera un guión de una película, el Presidente del Tribunal, Edgar Elías Azar jugaría el papel de villano. De acuerdo con Hernández, el magistrado ha sacado rédito político de la molestia que provocó Presunto Culpable entre los impartidores de justicia.
“Cuando Presunto culpable se acababa de estrenar había una reforma reciente que permitía que el Presidente del Tribunal se reeligiera por el voto de los jueces, es como si el Presidente Enrique Peña Nieto se pudiera reelegir por el voto de su gabinete, eso es un diseño absurdo y ridículo pero él se dio cuenta que podía ser reelecto sí usaba de campaña Presunto culpable, diciendo que él iba a defender a los jueces de los medios de comunicación y eso es lo que salió a decir, a criticar públicamente la película. Eso es inaceptable porque un presidente de un tribunal tiene que guardar la imparcialidad y no contaminar a los jueces que están bajo su dirección y, sin embargo, salió a decir que Toño Zúñiga no había demostrado su inocencia. Salió a decir a medios que Presunto culpable le había ensuciado la cara a los jueces y a decir que la película estaba manipulada y mal editada”, explicó Hernández al salir de la audiencia.
De acuerdo con el abogado del documentalista, Javier Quijano Baz, en dos meses podría haber sentencia, que será apelada, en el sentido que sea.
“Vamos a apelación si es en contra nuestra, si ganamos va a apelación el joven testigo”, dijo el abogado defensor.
Hernández no es optimista.
“No espero una sentencia favorable, no veo a un poder judicial prudente, a un presidente prudente. Veo que es un poder judicial jerárquico, controlado desde la cúpula; los métodos de trabajo de este tribunal permiten que las sentencias puedan venderse. Al presidente del tribunal le notifican cuando hay demandas que superan montos reclamados de 10 millones de pesos y él puede intervenir porque los procesos son escritos y ustedes no tienen la oportunidad de estar presentes en todos los juicios. Eso hace que los procesos sean intervenibles políticamente o desde la jerarquía y necesitamos transitar a un poder judicial que funcione de manera transparente para que no se puedan vender las sentencias. El tribunal se financia en base a los expedientes y las fotocopias de los expedientes, te cobran la fotocopia de expediente en 3 mil pesos en casos penales; eso no es una justicia aceptable. En Chile un DVD del expediente te lo dan en 10 pesos eso es justicia transparente”.
Pero sabe que la película va para largo.
GALARDONADA Y CENSURADA
El documental Presunto culpable es el único reportaje mexicano ganador del Emmy al mejor documental en 2011.
Pero actualmente es una película próscrita por decisión judicial. Estrenada en 2009, a las tres semanas recibió el primer coletazo del sistema de justicia, al ser impugnada ante Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), de la Secretaría de Gobernación.
Después vino la demanda por tres mil millones de pesos y que no sólo es contra Roberto Hernández, sino que también va contra quienes la exhibieron y quienes la hicieron DVD para venderla comercialmente, señaló el propio autor.
Los demandantes son Víctor Reyes y sus familiares. Se trata de quien testificó falsamente contra Antonio Zúñiga. Alegan que han sufrido agresiones a raíz de la exhibición del documental.
También los familiares de la víctima del asesinato que inculpó inicialmente a Zúñiga. Se quejan de que el documental exhibe la foto de la víctima, una foto proporcionada por la Procuraduría de Justicia del DF.
El tercer demandante es el agente judicial José Manuel Ortega Saavedra. Hernández destaca esta demanda, ya que el policía alega que luego de la exhibición del documental en una ocasión fue a comer a un Vips, y ahí hubo personas que lo reconocieron y lo molestaron. Por esa molestia pide 60 millones de pesos.
El éxito de ha sido otro de sus pecados. Visto por 13 millones de personas durante su transmisión en televisión abierta, fue visto en el cine por un millón 800 mil personas, y recaudó en las salas cinematográficas 78 millones de pesos.
Hernández dice que su caso no sólo se trata de una venganza del poder judicial, sino que también ataca al derecho a la libertad de expresión.
“Está en riesgo la libertad de expresión por el sistema de daño moral que tenemos. Es completamente absurdo y sí están en riesgo los medios de comunicación, sobre todo porque estás en riesgo no cuando haces un reportaje que nadie leyó, la medida de tu riesgo está en función del público que alcanzaste , nosotros alcanzamos un público de 13 millones de espectadores en tele y 1.8 millones en cine, es un éxito enorme en término de audiencia y el desprestigio del tribunal está en función de la gente que vio el circo gracias a esta justicia que imparte, por eso estamos demandados”.
FUNCIÓN DE CINE
Ayer, como parte de las pruebas presentadas por la defensa de Hernández fue exhibido en el juzgado 17 el exitoso documental. Antes de la función de cine, ingresaron los medios de comunicación, a quien la jueza Muñoz Salgado repetidamente les pidió apagar sus celulares y no grabar la audiencia.
“Los voy a molestar si van a estar presentes. La gente está trabajando. Pueden salir y contestar”.
En la audiencia testificaron dos familiares de Víctor Reyes. Fueron testimonios que ni siquiera Hernández pudo escuchar completamente.
“Casi no alcanzaba a escuchar, las condiciones del juicio fueron brutales, había un ventilador en mi oído detrás de mí, no alcanzaba a oír lo que decían los testigos y eso que estaba como a un metro de algunos de ellos, pero si me parecen demandas débiles y poco sustentadas, mal redactadas que no deberían motivar la activación del aparato judicial”, dijo al preguntársele sobre los testimonios.
Los periodistas estaban peor. Aglutinados en un pasillo, apenas se acercaban al escritorio de la jueza eran echados hacia atrás.
Aun así se pudo escuchar a Daniel Reyes, padre de Víctor decir de manera pausada, que luego del documental algunas personas “me han insultado y me han mentado la madre. Que algún día me van a agarrar y a romper la madre a golpes”.
La tensión que se vivió en el juzgado y sobre todo en el pasillo que fungía de corral para los periodistas ocasionó el desmayo de una abogada del despacho Quijano. Una situación de la cual posteriormente la jueza se burló. Previo a la exhibición de la película, para pasar dijo: “¿Si me dejan pasar? Si no, luego me desmayo y no quiero”.
Además de la incomodidad de los periodistas, otros abogados se quejaron del juzgado.
En plena función los encargados de seguridad se volcaron a revisar si nadie grababa la película, como si alguien quisiera hacerlo para venderla. Incluso molestaban a los que no estaban en el pasillo acondicionado como sala, y que andaban de mirones asomándose por unos vidrios. A ellos también les pedían apagar su aparato.
El documental no parecía muy distante del momento actual. En una escena, Roberto Hernández, más joven, con el cabello más corto dice del sistema judicial: “es muy raro, poco espontáneo para que la gente hable”.
Así fue ayer, con poco espacio para hablar, para escuchar, para grabar, para la transparencia.
La presencia de los medios de comunicación fue posible gracias a una estrategia del abogado Quijano Baz, al poner a las periodistas Carmen Aristegui y Denise Maerker como representantes legales, por lo que no podían sacarlas. Empero, aunque inicialmente habían permitido el paso de cámaras, de última hora de parte del juzgado avisaron que echaban para atrás la decisión.
No es la primera irregularidad que le toca ver en el juicio que enfrenta. En la pasada audiencia la que asistió fue otra de las participantes en el documental, Layda Negrete. En esa ocasión no dejaron pasar a los medios de comunicación.
A Hernández le parece lamentable que el sistema judicial que crítica en su documental sea el mismo que lo juzgue.
“Me parece completamente viciado de inicio donde la misma autoridad que denunciaste y exhibiste sus métodos de trabajo, que sean ellos mismos los que ahora van a definir la sentencia por tres mil millones de pesos, creo que quieren es vengarse y dar como un manotazo y desprestigiar al documental”.
En caso de recibir una sentencia desfavorable por parte del TSJDF el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia donde tampoco hay buenos precedentes, ya que hace dos meses la Corte desechó un recurso por el mismo caso.
“Debo decir que hace como dos meses la Corte rechazó atraer el caso cuando la película estaba en cines y diciendo que era un caso intrascendente e irrelevante. No soy muy optimista y entonces tendría que llegar a Corte Interamericana de Derechos Americanos (CoIDH) y una sentencia adversa contra México representaría un desprestigio contra el sistema de justicia entero y no quisiera que llegara hasta allá”, concluyó Hernández.
