La organización defensora de derechos humanos, Centro Prodi, dijo que la liberación de cuatro militares no implica que el Ejército haya sido exonerado de la ejecución de 22 civiles ocurrida el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México
Ciudad de México, 6 de México (SinEmbargo).– El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dijo que la liberación ordenada por un juez federal de cuatro de los siete militares implicados en la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, podría consolidar la impunidad “en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.
El Centro Prodh aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a investigar su informe sustentado en la cadena de mando que instruía a los soldados abatir a civiles en horas de oscuridad, sin mayor fundamentación que su sola negativa. Dijo que esa decisión actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.
El día de ayer, un juez federal ordenó la libertad para cuatro de los siete militares encarcelados por la ejecución extraoficial ocurrida el 30 de junio de 2014. De acuerdo con el litigante de los militares, Juan Velázquez, un Juzgado federal determinó que la PGR no presentó las pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad de los encarcelados.
Sin embargo, los cuatro elementos del ejército continúan en una prisión militar, puesto que aún serán enjuiciados por delitos del fuero militar.
La organización defensora de derechos humanos dijo que de persistir la PGR y el Poder Judicial de la Federación en su patrón de actuación, “podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.
“La justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos. No obstante, dicha resolución alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que persista la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos”, alertó el Centro Prodh.
Refirió que este riesgo no es menor, “si se considera que en su reciente visita a México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en la grave crisis de violaciones que vive el país la impunidad es estructural”.
El Centro Prodh lamentó que fuera a través de los medios de comunicación que la principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya tuviera conocimiento de la liberación de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados en los hechos del 30 de junio de 2014.
“La resolución no ha sido notificada a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia, en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar”, dijo la organización que representa legalmente a la sobreviviente.
Recordó que pese a liberación de los cuatro militares, otros tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, “es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria”.
“Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado”, refirió.
