Por Miguel Rivas

Han pasado más de 3 años desde que el presidente Enrique Peña Nieto comunicó desde el Alto Golfo de California, el programa para la conservación de la vaquita marina, en un esfuerzo sin precedente este programa buscaba salvar de la extinción al cetáceo más pequeño del mundo endémico de México. La pesca de la totoaba, un pez muy cotizado en el mercado chino, perjudicaba aceleradamente la población de la vaquita y se calculaba que habían alrededor de 100 ejemplares de la especie que era urgente rescatar.

Con un anuncio que pretendía dotar de más personal a las autoridades de la zona, se implementó una veda de pesca que está vigente desde el 2015 con la cual la especie quedaría protegida, los pescadores contentos por la compensación recibida y se aprovecharía este tiempo para generar alternativas de pesca sustentable junto con la comunidad para establecer una estrategia integral de salvación de la especie.

Al día de hoy nada de eso ha ocurrido, las vaquitas continuaron cayendo en redes agalleras y se perdió más del 70% de la cantidad de ejemplares que existían en el 2015, actualmente el comité internacional para la recuperación de la vaquita reporta menos de 30 ejemplares. Tampoco los pescadores quedaron conformes, dineros mal repartidos y el acaparamiento de permisos de pesca permitió solo a algunos disfrutar del beneficio y dejó a otros en la cesantía y sin oportunidades fomentando más aún la pesca de manera ilícita. De la misma forma, nunca llegaron las alternativas de pesca, mucho se apostó y se perdieron recursos valiosos, en una red llamada chango ecológico, la cual tenía exceso de pesca que no era objetivo y además pescaba hasta crías de totoaba.

Miles de millones de pesos se han invertido desde entonces, tan solo con la intención de llevarla al cautiverio se invirtieron mil millones de pesos y las compensaciones tuvieron un costo de 525 millones anuales durante los últimos 3 años. Cifras que de muy poco sirvieron porque nunca logró detenerse la pesca de la totoaba y a pesar de que la cantidad de decomisos aumentó, la inspección y vigilancia en las aguas del mar de cortés fue infructuosa.

Con todo lo anterior varios derechos humanos fueron vulnerados, el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, el derecho un desarrollo sustentable, a que se preserve y se restaure el equilibrio ecológico, a que se conserven los elementos naturales; la conservación de la diversidad biológica por su valor intrínseco y por su importancia para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para vida de la biosfera, así como a la conservación de la diversidad biológica in situ o en sitio de los ecosistemas y hábitats naturales, y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales. ¿Quiénes son los responsables de esto?

La falta de coordinación entre las instituciones impidieron el funcionamiento de un plan integral para su conservación. De esta forma autoridades como; la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto nacional de pesca y Acuacultura, la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación evadieron sus respectivas responsabilidades para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales para salvar la especie vulnerando los derechos de todos los mexicanos en particular de los más afectados, los pescadores del alto golfo.

Es por ello que Greenpeace presentó una queja ante la comisión nacional de derechos humanos (CNDH) y esperamos que esta comisión lleve a cabo las investigaciones respectivas y emita las recomendaciones necesarias para tomar acciones como país y que estos errores no vuelvan a cometerse nunca más por el bien de la biodiversidad y de los millones de mexicanos y mexicanas que confían en que su gobierno garantizará sus derechos.

Esperemos que la nueva administración tenga la visión para solucionar el problema desde su raíz, desde la necesidad de una efectiva inspección y vigilancia en la zona y que las comunidades del alto golfo sean una prioridad para que puedan desarrollar su actividad sin aquellos que buscan enriquecerse a cambio de las vejigas de totoaba. Hacemos un llamado a la nueva secretaria de la SEMARNAT a hacer bien la tarea, algo que sus predecesores no pudieron hacer.

*Miguel Rivas es Coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México.

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