La Procuraduría General de la República inició las averiguaciones al Cardenal Norberto Rivera Carrera por el encubrimiento de al menos 15 curas pederastas el 19 de junio, mientras que los denunciantes acudieron esta semana a ratificar la queja. Se espera que el Cardenal decida si acude o no a comparecer.
La investigación contra el Cardenal se da justo cuando se encuentra en un proceso de renuncia al Arzobispado que comenzó al cumplir 75 años, como lo marca el Derecho Canónico.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga la presunta responsabilidad del Cardenal Norberto Rivera Carrera en el encubrimiento de al menos 15 curas pederastas, luego de que activistas, organizaciones y la sociedad civil, encabezados por los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba, presentaran una denuncia.
La PGR inició las averiguaciones el 19 de junio, mientras que los denunciantes acudieron esta semana a ratificar la queja. Se espera que el Cardenal decida si acude o no a comparecer.
El abogado personal de Rivera Carrera, Armando Martínez, precisó que el señalamiento es contra la Arquidiócesis Primada de México, en su calidad de persona moral, y no contra el Cardenal.
Los activistas Valentina Peralta Puga, Saúl Barrales Arellano, Arturo Jurado Guzmán, Salvador Guerrero Chiprés y Manuel de la Peza Cásares, quienes forman parte parte del grupo que impulso el llamado a las autoridades a investigar, aseguran que es un gran avance el llamado que le hace la PGR al Cardenal, pues en la historia reciente no existen antecedentes sobre indagatorias contra líderes religiosos católicos por pederastia.
En 1995, Norberto rivera llegó a ocupar el Arzobispado de México y desde hace al menos 10 años ha sido señalado por proteger pederastas. El Cardenal fue uno de los más férreos defensores de Marcial Maciel, líder de los Legionarios de Cristo, quien fue obligado a no ejercer más el sacerdocio por acusaciones de pederastia.
La investigación contra el Cardenal se da justo cuando se encuentra en un proceso de renuncia al Arzobispado que comenzó al cumplir 75 años, como lo marca el Derecho Canónico.
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Tras darse a conocer la denuncia, el pasado 2 de julio, el Arzobispo Primado de México aseguró: “Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación, se manda toda la documentación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en esos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”.
“Ni el cardenal, ni la Arquidiócesis de México informaron en su momento respecto de estos casos”, insistieron el ex sacerdote Alberto Athié y Jesús Romero Colín, víctima de pederastia por parte de un sacerdote cuando tenía 11 años; más de dos décadas después, aún espera una orden de aprehensión para su presunto agresor y que el expediente se integre sin defectos.
A través de la plataforma Change.org y firmada por nueve mil personas, los activistas señalaron que en la declaración del clérigo “no queda duda de que el Cardenal Rivera Carrera tuvo conocimiento pleno, íntegro e indubitable de la existencia de esos presuntos delitos, los cuales no denunció ante el Ministerio Público a sabiendas de que ese era su deber primario conforme a lo establecido en los artículos 12 BIS de la Ley de Asociaciones Religiosas y 116 del entonces vigente Código Federal de Procedimientos Penales”.
Asimismo, pidieron que la indagatoria penal sea realizada con total prontitud, eficacia, legalidad, claridad, transparencia y genuino afán de materializar los valores supremos de la verdad, la justicia y las reparaciones integrales a las víctimas.
Solicitaron además que el Ministerio Público federal exija al Cardenal Rivera que aporte los expedientes relativos a los procedimientos eclesiásticos a los que hizo mención en su declaración pública y que los responsables, cómplices y encubridores sean llevados ante la justicia.
Por último, los firmantes le recordaron al Presidente Peña y al Procurador Raúl Cervantes lo que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano hace ya dos años en las Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México, mismas que siguen pendiente.
