Ya no es la producción de drogas ilegales la generadora de la violencia en la zona montañosa de Concordia, Sinaloa, sino la disputa de grupos armados por el control del territorio ligado a la minería, acusa población desplazada en la zona.
Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo/Noroeste).- “Es pleito de minas”. De esta forma, un poblador de Potrerillos define la causa de la violencia que ha dejado una estela de muertes y de desplazamientos forzados en la sierra del municipio de Concordia, desde hace un año.
Ya no es la producción de drogas ilegales, lo que produce la violencia en la zona montañosa de Concordia es la disputa de grupos armados por el control del territorio ligado a la minería, en el distrito minero de Pánuco-Copala, una región rica en yacimientos de oro y plata, sobre todo plata.
En ello coinciden testimonios de personas desplazadas que accedieron hablar con Noroeste a cambio del anonimato, para no poner en riesgo sus vidas.
El miedo y el silencio dominan en esa región, enclavada en la Sierra Madre Occidental sobre una gran riqueza, que parece ser el motivo de su infortunio.
Mientras las víctimas relatan cómo tuvieron que salir de sus comunidades para dejar sus casas, sus animales y sus huertos, dos bandas de gavilleros pelean por el “derecho” de extorsionar.
No se limitan a los mineros. Van por otros empresarios: de la madera, agricultores, comerciantes, transportistas… En Potrerillos extorsionan a los madereros, también de eso se ha mermado el trabajo, comenta el entrevistado. Pero lo que más parece interesar a los maleantes, advierte, son las minas.
Tiene 51 años y salió de esta localidad luego de que el 28 de julio de 2017, asesinaron a ocho personas, de las cuales cinco fueron decapitadas.
EL PROBLEMA ES VENDERLE A UN GRUPO…
Una mujer que tuvo que salir de Pánuco, por miedo a que sus hijos fueran los siguientes, cuenta cómo actúan los grupos delictivos.
“Los dueños (de las minas) tienen que darles semanalmente dinero o gasolina; y a los que andan sacando clandestinamente les dicen: me vas a dar la mitad del material y aparte te lo voy a comprar para que tú no tengas que moverte.”
Luego llevan la muestra de la piedra al laboratorio, para calcular qué tan rico es el metal
“Así que imagínese —añadió— a mucha gente le conviene porque si sacan 2 mil pesos de piedra, en un rato se ganan mil pesos.”
El problema es que al venderle a uno de los grupos, se echan de enemigos a los contrarios.
Es ahí cuando los matan o tienen que salir huyendo.
“El pueblo no debería caer en la extorsión, pero si no, los matan a ellos o a sus familias”, reveló la fuente con la voz apretada.
Precisamente en Pánuco, el pasado 22 de mayo pasado asesinaron a cuatro personas que trabajaban en una mina, de acuerdo con declaración de familiares a la Vicefiscalía. Supuestamente venían de tomar muestras de minerales cuando fueron emboscados en un camino de terracería mientras viajaban en una camioneta, allí quedaron sus cuerpos sin vida ultimados con balas de AK-47.
LA VIOLENCIA ALREDEDOR DE LA MINA
Aunque la violencia en la región minera es un problema de años atrás, fue en el 2017 cuando las pugnas entre delincuentes detonaron el desplazamiento forzado de casi veinte comunidades y el cierre masivo de empresas mineras, cuyos dueños eran extorsionados.
El 4 de mayo de ese año, sicarios dispararon a maestros que se dirigían al pueblo alteño de El Cuatantal a dar clases, al parecer los habrían confundido. De ahí se detonaron hechos sangrientos que tenían atemorizados a los pobladores de toda la zona serrana.
Los primeros en desplazarse fueron Chirimoyos y La Petaca. Luego se vino Potrerillos, Santa Lucía, La Capilla del Taste… El desorden seguía, recuerda Roque Vargas, desplazado y representante de otras personas que, como él, han bajado a Mazatlán o a Villa Unión para sobrevivir.
En tanto, la gente en la sierra se quedó sin trabajo.
“Toda la industria minera desapareció. Era la fuente de empleo que tenía más solidez, desapareció por la extorsión, y ahora no hay nadie para invertir en la sierra”, lamentó.
Ya no hay fuentes de empleo, dice, ni siquiera del narcotráfico.
“Con la nueva autopista, los pueblos alteños quedaron aislados y ahora ni a quién venderle algo”.
De acuerdo con la Cartografía Minera de México, el municipio de Concordia cuenta con 215 concesiones vigentes para exploración y explotación de minerales. A un año del cierre de la industria, apenas unas cuantas plantas han regresado a sus labores.
En el distrito de Pánuco-Copala trabajan la Minera Río Pánuco, la planta Santa Rosa y otra que no cuenta con registro. Según denunciaron trabajadores, alrededor de las minas hay presencia de hombres armados, que cobran cuota a los empresarios para permitirles seguir laborando.
“Cuando mi esposo va a trabajar sólo le doy la bendición, el peligro está tanto afuera como adentro en la mina, pero por el momento es el único trabajo que tiene la gente allí arriba”, señaló la esposa de uno de los obreros.
Estas versiones contradicen a las declaraciones del Consejo Estatal Minero Empresarial de México, en el sentido de que las minas ya habían restablecido operaciones tras un operativo de Gobierno del Estado.
Por su parte, José Manuel Félix Sicairos dijo desconocer este aparente nuevo brote de violencia en Concordia, pero de ser tan graves los hechos, sería una situación inédita en Sinaloa para el sector minero.
El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México agregó que esta región es importante por sus yacimientos de plata, una de las pocas fuentes de trabajo.
“El último informe que tuvimos es que se estaban normalizando las operaciones en la zona, aunque por ahora no hay ninguna gran compañía abierta, de las tradicionales; son puros pequeños mineros y empresas que están trabajando a pequeña escala”, acotó.
SABEN QUIÉNES SON, PERO NECESITAN DENUNCIAS
La Secretaría de Seguridad Pública sabe quiénes son y dónde están los delincuentes, pero necesitan denuncia para actuar. Así lo dijo el secretario, Genaro Robles Casillas, este lunes en Mazatlán, donde participó en una reunión para acordar acciones de atención a desplazados. Allí se informó que hay al menos 60 policías estatales vigilando de forma permanente, en conjunto con Ejército y Policía Federal, pero no pueden detenerlos si no es en flagrancia.
“Si no hay denuncia, la policía no podemos actuar”, reiteró Robles.
Miguel Ángel Gutiérrez, secretario del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), replicó que tienen miedo de denunciar porque la gente ha sido amenazada.
Pero sí reveló que uno de los grupos se ubica arriba del antiguo mineral de Pánuco y otro en El Palmito, una comunidad maderera a mil 920 metros sobre el nivel del mar, colindante con el estado de Durango.
“Lo que pelean son las delimitaciones, el porqué no lo sabemos”, remató el activista.
Sin embargo, cada vez más indicios apuntan a las minas.
