La falta de liderazgos claros en México es un obstáculo para que en el país se aclaren "crímenes atroces" como los casos de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzigán y Ayotzinapa, destaca un informe realizado por Open Justice Society y otras organizaciones de la sociedad civil. El documento señala que en estos delitos existe la participación tanto de Los Zetas como de fuerzas del Estado. Reprocha que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han sido poco efectivos en resolver casos de matanzas, tortura y desapariciones forzadas.
Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– La Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones no gubernamentales mexicanas realizaron un estudio que revela que las fuerzas federales del Gobierno mexicano y el cártel de los Zetas perpetraron crímenes contra la población civil durante los últimos diez años y también “acusa a los gobiernos de fallar casi por completo para asegurar la rendición de cuentas por los crímenes atroces, debido, principalmente, a la obstrucción política”.
El informe "Atrocidades innegables: Frente a los crímenes contra la Humanidad en México" realizado por la Society Justice Initiative junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDDH Fray Juan de Larios), Litigio Estratégico en Derechos Humanos (i(dh)eas), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), concluyeron que existe una “base razonable” para creer que tanto fuerzas federales de seguridad y el cártel de Los Zetas han cometido crímenes atroces contra la población.
Destaca que México está viviendo una falta de liderazgo político, los funcionarios han negado y minimizado el alcance de la crisis y han tratado de desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales que han realizado recomendaciones sobre los problemas del país. “Su retórica ha sido: ocultar y falsear datos sobre atrocidades y la justicia; aceptar la tortura como base para la investigación criminal, que a menudo se encarcela a los inocentes, mientras que los verdaderos autores permanecen libres; resistencia a la rendición de cuentas para los militares; la militarización de la policía para que las fuerzas del orden sean más expertas en resolver la comisión de delitos [...] y en su defecto para simplificar la burocracia cuya complejidad ha dejado el sector de la justicia propensos a la manipulación adicional".
En el informe piden a México crear un órgano de investigación internacional con el poder de procesar los delitos atroces y la corrupción.
La investigación fue realizada con base en datos de los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro, las cinco entidades mexicanas que han registrado los niveles más significativos de homicidios, desapariciones y torturas desde el año 2006, cuando se inició la llamada guerra contra el narcotráfico.
El documento cubre los delitos atroces cometidos en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa [2006-2012] y poco más de la mitad de la administración del actual Presidente Enrique Peña Nieto, que inició en diciembre de 2012. Hace énfasis en los caso más conocidos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuya investigación federal califica como “inepta”.
En una serie de estadísticas el informe señala que en este periodo de nueve años ha habido más de 150 mil homicidios intencionales en México a partir de diciembre 2006, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Sistema de Seguridad Pública (SESP) consultadas por los investigadores el 26 de febrero de 2016.
Según una encuesta realizada por las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) entre 86 países, México tuvo el mayor aumento en homicidio intencional de 2007 a 2010.
Por otro lado los números del SESP muestran una reducción en las investigaciones de homicidios durante la administración de Enrique Peña Nieto, en comparación a los 38 mil homicidios intencionales y no intencionales alcanzados en 2012.
El informe señala que “la mayoría de los homicidios cometidos se le atribuyen al crimen organizo, a pesar de la falta de fiabilidad de las afirmaciones del Gobierno y estadísticas, otras fuentes sugieren que las redes del crimen organizado pueden ser responsables de más de la mitad de todas las muertes en México”.
Y añade que el Relator Especial de la ONU dijo sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, informó en 2014 que, "de acuerdo con la información recibida, casi el 70 por ciento de los homicidios registrados en los últimos años han sido atribuidos al crimen organizado”.
También señala que entre estos muertos que son, según las autoridades mexicanas, presuntos delincuentes asesinados a sangre fría, también hay ciudadanos comunes falsamente acusadas de actividades delictivas. Hace referencia al caso de las fosas comunes descubiertas en San Fernando, Tamaulipas, que contenía los cuerpos de inmigrantes procedentes de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.
DESAPARECIDOS
En febrero del 2016 la cifra total de desaparecidos era de 26 mil 672. El mayor número de desapariciones reportadas fue en 2014, con cinco mil 194 personas. Sin embargo, dice el informe, los números son problemáticos, y la conclusión que se puede extraer es que algo causó un aumento significativo en los informes de personas desaparecidas desde 2007.
Respecto a la aplicación de la justicia por dichas desapariciones establece que “No ha habido prácticamente ninguna responsabilidad penal por los probables cientos de miles de desapariciones desde 2006, incluidas las desapariciones y las desapariciones forzadas perpetradas por actores no estatales. El Gobierno federal ha proporcionado datos contradictorios. Sin embargo, es evidente que en comparación con el número de desapariciones, el número de investigaciones y enjuiciamientos han sido muy pequeña, y el número de condenas aún más pequeño”.
TORTURA
A pesar de que México forma parte de diversos tratados que prohíben la tortura y otros actos crueles, comúnmente las autoridades recurren a ella como otro método de investigación criminal.
Según el reporte “existen fuertes indicios de que funcionarios del Gobierno han participado en actos de tortura y malos tratos a un ritmo acelerado notablemente tras el lanzamiento de la estrategia de seguridad militarizada del Gobierno federal en diciembre de 2006”.
De nueva cuenta, los esfuerzos del Gobierno mexicano por resolver los casos de tortura han sido muy limitados. Según cifras oficiales, a finales de diciembre de 2014 se había registrado mil 884 investigaciones criminales de presunta tortura; el 86 por ciento se abrió en 2014.
En los casos en los que la tortura ha sido investigada y enjuiciada, el crimen se clasifica como un delito menor, incluyendo "la utilización no autorizada de la autoridad pública" y "abuso de autoridad", dice la investigación.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Open Society Justice Initiative señala que la impunidad ha sido una parte integral de la violencia que se ha apoderado del país en el período posterior a 2006.
Por otra parte las organizaciones enumeran elementos para calificar los crímenes de lesa humanidad entre los que señala: que el ataque haya sido dirigido contra una población civil; que se haya cometido de conformidad con una política de Estado, entre otras.
Y establece que estas características han estado presentes en las acciones de los actores estatales y no estatales en México, por lo que el documento presenta “información creíble que apunta a numerosas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos por parte del Gobierno federal. El Gobierno parece haber seguido una política de indiscriminada y extrajudicial fuerza incluso a través de la matanza, la tortura y la desaparición forzada contra la población civil de México en sus esfuerzos para combatir el crimen organizado”.
En 2007 hubo un incremento en los crímenes por parte del estado “entre 1990 y finales de 2006, el 12 por ciento de las recomendaciones generales por la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] se emitieron a la SEDENA [Secretaría de la Defensa Nacional], SEMAR [Secretaría de Marina], PGR [Procuraduría General de la República], y el SESP [Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública]”.
Entre los casos que han sido tomados por la CNDH incluyen la matanza ocurrida en junio 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas fueron acribilladas por militares y Apatzingán, en Michoacán, donde en enero de 2015 murieron siete civiles a manos de la Policía Federal (PF).
Sin embargo, no se refleja la muerte de al menos 42 civiles a manos de la Policía Federal ocurrida el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán.
Destaca que las fuerzas federales se han desplegado en todo el país sin la orientación adecuada sobre el uso de la fuerza y que a pesar del número de muertes no ha habido casi ninguna responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza.
El informe dice que a medida que la lucha contra el crimen organizado se acerque a los 10 años, el mandato del Presidente Peña Nieto está siendo consumido por una crisis de atrocidad e impunidad.
Se remonta a la indignación que causó a los mexicanos la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, y la "verdad histórica" que expuso el ex Procurador Jesús Murillo Karam, "una mentira elaborada construida sobre una declaración obtenida mediante tortura".
El informe sugiere que los homicidios atroces cometidos en México forman parte de una serie de eventos generalizados y que según las pruebas disponibles las fuerzas federales han cometido desde el años 2006 un número considerable de crímenes comprendidos en el Estatutos de Roma –que dio origen a la Corte Penal Internacional-.
Recomienda crear un órgano independiente, internacional con sede en el país con el mandato de investigar los crímenes atroces y su relación con el crimen organizado, e introducir los casos en los tribunales mexicanos
Y reconoce que el establecimiento este órgano tomará tiempo. "Mientras tanto, el Gobierno de México debe tomar medidas adicionales para hacer frente a la crisis. Estos incluyen la creación de equipos integrados con urgencia para investigar las desapariciones; haciendo que los servicios forenses y de protección de testigos autónoma, y la localización de ellos fuera de la Procuraduría General de la O cina; y desarrollar un plan para desmilitarizar las operaciones de seguridad pública en el país”.
