Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Suspender la evaluación docente que ordena el artículo 3 Constitucional no sólo frena el intento de mejorar la educación en México, plantearon ayer organizaciones civiles. Lo peor, advirtieron, es que le dice al mundo y a los inversionistas que en México ni el Gobierno federal respeta el Estado de Derecho y, más grave aún, dijo David Calderón Martín del Campo, de Mexicanos Primero, al ser una violación de la Constitución perpetrada desde el Ejecutivo, justifica incluso el actuar de los grupos violentos.
“Un Gobierno puede tener errores de cálculo económico, puede tener tropiezos políticos, pero cuando te metes con las instituciones, cuando pones en suspensión el cumplimiento de la ley, estás invitando a que los grupos violentos reaccionen justificadamente; es decir, se sienten justificados porque es la autoridad la que no pone el ejemplo”, dijo en entrevista Calderón, director de la organización que ha sido de las principales impulsoras de la evaluación docente.
“La autoridad tiene que guiar con el ejemplo de cumplimiento de las leyes. Entonces, hoy es esta suspensión, pero ¿qué nos garantiza que mañana no se ponga el Gobierno federal a suspender las solicitudes de información, invadiendo las capacidades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, o las elecciones, invadiendo al Instituto Nacional Electoral, o a determinar la inflación o el tipo de cambio, invadiendo las funciones del Banco de México (Baxico)?”, agregó.
Posteriormente, en conferencia de prensa, él y otros directivos de organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otros, coincidieron en calificar el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como una flagrante violación a la Constitución y a la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Violación flagrante de la Constitución, consideró Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinoza Yglesias, que puede equiparse tan sólo con la cometida por el ex Presidente José López Portillo en 1982, cuando, para nacionalizar la Banca, también tuvo que ir en contra de la Carta Magna.
Pero entonces, explicó Cárdenas, se generó una profunda crisis de legitimidad de la figura presidencial y, con ello, un daño en la relación con la iniciativa privada que tardó años en restablecerse.
¿Y LA POLÍTICA EDUCATIVA?
Otras consecuencias advertidas luego de la suspensión del examen –anunciada el pasado viernes 29 de mayo en un breve comunicado de la Secretaría de Educación Pública– fue el mensaje de ingobernabilidad enviado desde el Ejecutivo que, a la fecha, negocia la reforma ya aprobada y publicada con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), opuesta a toda la modificación constitucional.
“¿Quién determina la política educativa: el Estado Mexicano o la disidencia magisterial?”, cuestionó Juan Pardinas Carpizo, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y quien, como otros participantes, insistió en que “defender las evaluaciones educativas es defender al Estado de Derecho”.
La obligatoriedad de la evaluación docente, exigida incluso por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), fue incluida en el Artículo 3 Constitucional el 26 de febrero de 2013, como parte de la “Reforma Educativa”. Ésta Reforma, a su vez, fue la primera de las cinco “reformas estructurales” –Laboral, Fiscal, Energética y de Telecomunicaciones– esperadas por los organismos internacionales hace casi 20 años y aprobadas apenas en 2013, al inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con diversos análisis, la Educativa era la única de las cinco reformas que contaba con algún grado de consenso; logro que, también se ha insistido, se evaporó el pasado viernes, cuando a través de un comunicado de dos líneas, la SEP anunció, sin mayor explicación, que “con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.
Casi 250 mil maestros, recordó ayer Calderón, se habían inscrito ya en el sistema para realizar la evaluación; examen que, además, ya estaba programado en los calendarios del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE).
Pardinas, además, cuestionó que “a la violación al texto Constitucional le haya seguido el silencio” de toda la administración, ya que ni el Presidente Enrique Peña Nieto ni el Secretario de Educación, Emilio Chauyffet Chemor, han explicado a la opinión pública a qué obedeció realmente la decisión de frenar la evaluación.
Pero, al margen de cualquier conflicto en el gabinete, dijo Pardinas, en coincidencia con otros participantes en la conferencia, lo más grave es el mensaje de ilegalidad que se envía al mundo del cual se esperan las inversiones que, a su vez, se han considerado como la única alternativa para solucionar los profundos problemas económicos de México.
“La gran mayoría de las reformas estructurales dependen del funcionamiento de órganos autónomos. Si se sienta este precedente, que con un boletín de prensa se puede violar la Constitución y la autonomía de un órgano constitucional, ¿qué podemos esperar de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) sobre la inflación, sobre el crecimiento económico? ¿Qué podemos esperar de las decisiones que tome la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para fortalecer los mercados en el sector de telecomunicaciones?”, cuestionó Pardinas.
Calderón, a su vez, mencionó en entrevista que, al incumplir su mandato de hacer respetar la Constitución, el Ejecutivo empieza incluso a perder su razón de existir. “Cuando es el propio Gobierno el que relativiza el Estado de Derecho, entonces pierde toda justificación histórica, todo apoyo social, el apoyo en las urnas”, dijo.
