Desde finales de 2016, analistas y organizaciones expertas en materia de seguridad levantaron la alerta: el país había detenido los homicidios a la baja y, todavía más grave, la tendencia creciente empezaba a mostrar una velocidad preocupante.

Ahora el nuevo Índice de Paz México 2017 (IPM), elaborado por el Instituto para la Paz y la Economía, lo confirma: la paz de México se deteriora por primera vez en cinco años en un 4.3 por ciento. Es decir, 2017 ha sido el año más violento en la gestión del Presidente Peña Nieto.

El incremento de 18 por ciento en los homicidios durante 2016 explica por qué México ocupa uno de los últimos lugares en el Índice de Paz Global. 61 por ciento de ellos se cometieron con arma de fuego, lo que de alguna manera implica la mano del crimen organizado.

Pero no solo eso, la violencia le costó a México la exorbitante suma de 3 billones de pesos y 17.6 por ciento del PIB. Algo así como 25 mil pesos por cada mexicano.

Los estados más pacíficos fueron Yucatán, Nayarit y Tlaxcala; los más violentos: Guerrero, Colima y Sinaloa.

Si bien la seguridad ha sido uno de los grandes retos del país, el IPM debe servirnos para redimensionar el tamaño y la complejidad del problema al que nos enfrentamos, una amalgama de violencia, inseguridad, violación de derechos humanos e impunidad.

Herramientas como el IPM deben ser útiles no solo para reflexiones de analistas y periodistas, sino también para los tomadores de decisiones de los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad, procuración de justicia, educación y política social.

Si el problema es complejo, crónico y hasta cultural, entonces habrá que abordarlo con perspectivas transdisciplinarias y no con el “sentido común” que nuestros gobernantes presumen. Lo primero para recetar la medicina correcta es conocer lo mejor posible la enfermedad.

Todavía más si la enfermedad permeó en la política gracias a la corrupción. Para ejemplo, el Fiscal de Nayarit venido a narco.

Por eso, entre los enormes retos en política económica, educación y relaciones exteriores que enfrenta México, habría que incluir la pacificación de México como prioridad. No podemos pensar en atraer talento e inversiones si no generamos condiciones mínimas de paz.

Habrá que repetirlo mucho: la paz no es un fin en sí mismo, sino una condición básica para el desarrollo y el bienestar. No hay progreso donde predomina la violencia o el miedo.

Sobre lo anterior, rescato un hallazgo que me parece fundamental del IPM: durante 2016, 19 estados del país mostraron tasas de homicidio más altas que en 2011, el que fuera hasta ahora el año más violento desde que el índice se elabora. Es decir, en 2011 los homicidios se encontraban más concentrados en los estados de pugna entre los carteles y donde el Presidente Calderón decidió declarar la guerra contra las drogas. Este nuevo hallazgo explica una dinámica diferente: la violencia se propaga.

Parte de esa “metástasis” puede explicarse en los niveles de impunidad por arriba del 90 por ciento en homicidios dolosos. Otra parte en la intención de los carteles por apropiarse del narcomenudeo y el control de “la plaza”. Tal vez haya que explorar también en la pulverización de los carteles en células más violentas y pequeñas.

El resultado es que regiones históricamente pacíficas han empezado a “contagiarse” de violencia, unas más rápido y otras a cuenta gotas; mientras que las históricamente violentas como Sinaloa o Tamaulipas siguen prácticamente igual.

Cada vez que hablo del tema con alguien, el sistema luce tan podrido y el panorama resulta tan desolador, que la conversación termina siempre en la misma pregunta: ¿tenemos remedio?

Yo creo que sí, pero el camino para la pacificación será lento, tortuoso y conflictivo.

Implica, como dice el experto Michael Reed, desnudar verdades pero también mentiras.

Es hora de que en México empecemos a construir “otra verdad” en torno a las atrocidades del crimen organizado, el narcotráfico y la narcopolítica. Es hora de pensar más a través de conceptos como policía, regulación, paz, reconciliación, verdad, justicia y memoria; que de conceptos como ejército, prohibición, seguridad, retaliación, secrecía, impunidad y olvido.

Después de todo, una bomba se desactiva cortando un cable a la vez.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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