En las oficinas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el órgano de la Transparencia Mexicana, se ha formado una montaña de preguntas que no encuentran respuesta. Y es una montaña que crece hacia lo alto y lo ancho con un ritmo desbocado. En dos años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer en poco más del 50 por ciento el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy existen 12 millones 120 mil 71, según consta en el órgano de la Transparencia Mexicana.
El Archivo General de la Nación –conservador de la Historia de la administración pública- contribuyó por su parte con este catálogo. Al acervo del periodo conocido en México como “Guerra Sucia”, que se encuentra en la Galería uno, le puso la categoría de “confidencial”. Ya no puede acudirse a ese pasado de sombras y dolor que aún entraña muchas personas sin localizar y muchas preguntas.
Para quedarse con dudas, no es necesario viajar por la Historia. El Gobierno Federal le puso lazo a información vital sobre asuntos que en el presente agobian a los ciudadanos; por ejemplo el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, el Centro de Planeación Estratégica con el que la Presidencia inhibe el espionaje de otros países, o el diagnóstico de la Guerra contra el Crimen Organizado. Tampoco puede saberse qué dicen las encuestas que el Presidente manda a hacer ex professo sobre su persona y en las que gasta millones de pesos.
Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– ¿Cuál es el protocolo de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en México ahora que 43 normalistas no se encuentran en ningún rincón? ¿Qué diagnóstico recibió el Presidente Enrique Peña Nieto sobre la Guerra en contra del Crimen Organizado en 2012 de manos de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)? ¿Qué funcionarios del Estado Mayor Presidencial permitieron que el Zócalo se convirtiera en estacionamiento en septiembre de 2014 durante el Segundo Informe de Gobierno? ¿Qué hace la empresa Productos de Consumo Omega con 128 millones de pesos en un centro de datos para la Oficina de la Presidencia? ¿Cuánto se le pagó a Alfonso Waitshman, maquillista de la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, en un viaje a China? ¿Qué le dicen las encuestas al Presidente, mandadas a hacer sobre su imagen? ¿Está enfermo el Presidente Peña Nieto? ¿Hay un gasto para que el recién nombrado Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, actúe apegado a la Ética?
Dudas que forman una montaña tanto de papel como de archivos digitales en la oficina del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) que jamás en su historia de 13 años había tenido en su entraña un cúmulo tan grande de negativas para brindar información. En dos años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer en poco más del 50 por ciento el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy están ahí 12 millones 120 mil 71, según consta en el Índice de Expedientes Reservados [http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados].
Cada pregunta entraña una historia gestada en el interés nacional. Las han hecho ciudadanos, investigadores, periodistas, estudiantes tesistas o abogados que día con día, han contribuido a formar este inmenso cuestionario al Gobierno Federal a través del IFAI. Ninguna encuentra respuesta. En algunos casos, las entidades cuestionadas han respondido que la información es inexistente. Pero lo que prevalece para negar datos es la clasificación por periodos que van de dos hasta doce años. De modo que la mayoría de esos asuntos no se conocerá hasta después de 2018; es decir, cuando la presente administración federal haya concluido su mandato y las siguientes decidan o no quitarle la categoría de “reserva”.
Ernesto Gómez Magaña, experto en Transparencia de la Organización no Gubernamental Contraloría Ciudadana, piensa que “la Rendición de Cuentas es un puente tendido entre dos partes. De un lado están los ciudadanos. Del otro, los Gobiernos. Para que los segundos brinden explicaciones de sus actos, los primeros deben pedir, exigir, preguntar”.
Pero hasta ahora, no hay entidad de la administración pública que no haya decidido ponerle un lazo a su información. La que más lo ha hecho es la Procuraduría General de la República (PGR) con un millón 695 mil 921 expedientes. Luego, se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un millón 341 mil 784. El tercer lugar de este índice lo tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con 967 mil 838.
Para no responder, la administración federal se ha cobijado sobre todo, con los argumentos legales de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que permiten bajo varios criterios mantener en reserva la información gubernamental. Los más socorridos son la seguridad nacional, el menoscabo de negociaciones con otros países, el posible daño a la estabilidad financiera o la puesta en riesgo de la vida de algunas personas.
El Archivo General de la Nación –sujeto obligado del IFAI- contribuyó por su parte con el catálogo de información confidencial y clasificada. Al acervo del periodo conocido en México como “Guerra Sucia”, que se encuentra en la Galería uno, se le puso la categoría “confidencial”, por lo que no puede consultarse a menos que se lleve una pregunta directa; es decir, datos precisos de un expediente.
¿Por qué estaba abierta esa galería? El 27 de noviembre de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) firmó un Acuerdo para formar la Procuración de Justicia por Delitos Cometidos Contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp) la cual, a través de un comité interdisciplinario para la reparación del daño, solicitó a las dependencias federales la apertura de archivos. La Fiscalía desapareció en 2206, pero ese pasado de sombras y dolor siguió documentado ahí, en el AGN, repartido en miles de averiguaciones previas, fotos, publicaciones, revelaciones de espionaje o las acciones de la extinta Dirección Federal de Seguridad.
Tras la firma del acuerdo foxista, víctimas e investigadores de esa etapa de México convirtieron a la consulta en una acción cotidiana. Se buscaban fichas bibliográficas, se pedía acceso a documentos; siempre había alguien en esa área del AGN buscando algo. ¿Por qué pudo clausurarla el presente Gobierno? En enero de 2012, el entonces Presidente Felipe Calderón promulgó la Ley Federal de Archivos que tres años después, le permitió a la presente administración cerrar ese archivo fundamental en la memoria del país.
Clasificar no es una acción a la que haya recurrido en especial la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. El Gobierno foxista –encargado de inaugurar la Ley General de Transparencia con la instalación del IFAI- dejó seis millones de carpetas clausuradas. Algunas de ellas se refieren al crecimiento de su patrimonio, el gasto de su campaña electoral y los gastos de la Oficina de la Primera Dama, Martha Sahagún. Todo ello no se podrá conocer hasta 2018.
Los asuntos que más clasificó el sucesor de Fox en Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), tienen relación con averiguaciones previas que surgieron durante el combate al crimen organizado. De modo que dos años después de su salida de la casa oficial de Los Pinos, no es posible un conteo certero del número de víctimas mortales y de desaparecidos en ese pasaje de México calificado por todas las visiones expertas como traumático.
LO QUE NO PUEDE SABERSE EN NUESTRA CASA
En octubre de 2013, el semanario alemán Der Spiegel publicó que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos se había infiltrado en los archivos de la Presidencia de México. La proeza había llegado hasta el correo electrónico del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, según los datos que proporcionó Edward Snowden, ex empleado de la CIA y quien ahora debe responder por delitos de traición ante el Estado estadounidense. Tras la revelación, en los archivos del IFAI consta que el Estado Mayor presidencial construyó un Centro de Planeación Estratégica para lo cual, adjudicó mediante licitación directa el contrato AD-SN-020 de tres años por 128 millones de pesos, a las empresa Productos de Consumo Omega.
Ese consorcio brindará “servicio integral de infraestructura y aprovisionamiento del centro de datos para la oficina de la Presidencia de la República”.
Un ciudadano preguntó quién adueña esta empresa y cuál es su trabajo. Ninguno de estos datos le fue proporcionado porque la información tiene clasificación hasta después de 2018.
Hay rutas que ya no se siguen. Los peticionarios se han rendido. Por ejemplo, las que tienen relación con la búsqueda de personas desaparecidas o sin paradero conocido. En 2014, el flujo de preguntas que conduciría a métodos de búsqueda cesó por parte de los peticionarios. Y es que si un ciudadano se empeñara en conocer cuál es el protocolo del Gobierno Federal para buscar a quien de repente desaparece de la faz de México; por ejemplo, esos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos cuya ausencia ha descarrilado al Gobierno, no llegaría a nada.
El 15 de febrero de 2013, la Junta de Gobierno de la entonces Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) clasificó por un periodo de 12 años el protocolo de búsqueda dado que su contenido “encuentra relación directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”. Esa procuraduría se convirtió en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y tiene 257 expedientes guardados y de los que le heredó el gobierno anterior, sólo ha desclasificado uno.
SinEmbargo ha sido uno de los peticionarios de la CEAV. Y la respuesta que obtuvo fue un legajo que justifica la negativa de información: “La motivación de esta clasificación se hace consistir en (que) el presente protocolo contiene la recopilación de mejores prácticas en materia de búsqueda y localización de personas, así como procedimientos de inteligencia aplicados al tema, que van desde técnicas de entrevista hasta métodos de análisis de información”.
Más allá del número de desaparecidos, hay ciudadanos que le han requerido a la Presidencia de la República, en qué diagnóstico se ha basado la Guerra en contra del Crimen Organizado y si el ex Presidente Felipe Calderón dejó algún documento que brinde luces en ese sentido. La Primera Magistratura reconoce que así fue, que el mandatario anterior dejó un diagnóstico titulado “Panorama Nacional”; pero en una sesión ordinaria del IFAI se determinó que esa información sería clasificada como reservada por 12 años porque se trataba de un asunto de “seguridad nacional”.
¿POR QUÉ WAITSHMAN APARECE EN EL IFAI?
“Amigos me desconecto unos días de las redes sociales porque me voy a China q emociooooooooooon nos vemos en una semana y documento los momentos”, escribió el maquillista Alfonso Waithsman. Su siguiente Tweet fue para publicar una foto de sí mimo con las letras: “China … allá voooooy”. Era 11 de noviembre de 2014 y en México, frente al Palacio Nacional, un grupo identificado como anarquista se atrevió a quemar la Puerta Mariana del recinto.
Si las redes sociales se han convertido en canales comunicantes de los funcionarios públicos (el Presidente las usa para expresar condolencias o felicitaciones; las dependencias publican ahí sus agendas; el director general de la Conagua, David Korenfeld se disculpó en Twitter sobre el uso de un helicóptero), también son un indicador social. Y a Alfonso Waitshman aquella vez no le fue bien. Cientos de tuiteros estimaron que la presencia del maquillista en la comitiva presidencial era un dispendio, un signo de ostentación.
Por eso, hay ciudadanos que le han requerido a la Presidencia de la República a través del IFAI los recibos de honorarios del maquillista de Angélica Rivera, esposa del Ejecutivo. Tanto por el viaje a China como por otros eventos en los que también trabajó como en El Grito de Independencia. La Presidencia ha sostenido que en sus archivos esa información es “inexistente”.
Y tampoco está el nombre del funcionario cuya orden permitió que el Zócalo se convirtiera en estacionamiento de camionetas Suburban en septiembre de 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto rindió su Segundo Informe de Gobierno.
¿QUÉ PIENSAN DE MÍ LOS MEXICANOS?
El Presidente más telegénico; el que cuando celebró el triunfo de las elecciones llevó “fans” al edificio de su partido, el Revolucionario Institucional, en vez de los campesinos y obreros que acudían de manera tradicional; arribó a su segundo año de Gobierno con una calificación reprobatoria. Sólo tiene el 40 por ciento de aceptación, según promedian los resultados de las encuestadoras GEA-ISA, Ulises Beltrán y el diario Reforma.
El pasado 27 de marzo, en Tlaxcala, el Primer Mandatario, expresó: “Yo estoy entregado a servir y cumplir los objetivos que trazamos para México, realmente no hemos hecho un esfuerzo para trabajar para la popularidad sino por realmente asegurar que México tenga calidad de vida en su población, haya condiciones de mayor bienestar, podamos abatir los niveles que por muchos años hemos tenido en rezado: pobreza y desigualdad, y lograr que México pueda crecer económicamente”.
Pero en el POT se ha escrito un relato paralelo. Sólo en encuestas, el Presidente ha invertido 65.3 mdp, según documentos de la Coordinación de Opinión Pública de la Presidencia. Hay que decir que hasta hace poco ese gasto era mucho mayor. El ex Presidente Felipe Calderón pagó en sus primeros dos años de gobierno 141.6 mdp en lo mismo, poco más de la mitad de la cantidad que reporta el gobierno peñista.
Hoy es posible conocer lo que preguntó Calderón Hinojosa a través de las respuestas de la Presidencia en el IFAI: el 1 de diciembre de 2006 mandó encuestar sobre: “Para usted, ¿quién es ahora el Presidente legítimo de México? Las respuestas le susurraron: “Calderón con 93.1 por ciento y Andrés Manuel López Obrador con 4.8 por ciento”. Sobre todo, el ex mandatario ordenó hacer encuestas sobre la aceptación de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto como oponentes rumbo a la Presidencia. De paso, pidió estudios de opinión sobre el nivel de aprobación de su esposa Margarita Zavala, el impacto respecto de la muerte de quien fuera Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y hasta las creencias sobre la presunta culpabilidad del cantante Kalimba, acusado de violación en 2008. Así, en su sexenio se gastaron 275.7 mdp sólo en encuestas.
¿Qué pregunta Peña Nieto? ¿Qué le informan? ¿Qué le susurran al oído? ¿Qué le dicen las encuestas de popularidad para las cuales –él dice- no trabaja? Los ciudadanos, los periodistas o los investigadores lo sabrán una vez que concluya el presente sexenio. El IFAI determinó que los resultados de las encuestas y estudios de opinión que empresas privadas levantan para la Presidencia de la República son información reservada hasta el 1 diciembre de 2018; es decir, cuando tome posesión su sucesor.
El consejo del IFAI debatió sobre las encuestas presidenciales debido a dos recursos de revisión derivados de un par de solicitudes. En una, un ciudadano le pidió a la Presidencia los documentos generados en 2013 por la empresa Sr. & Friends S. A. de C. V., relativos a un análisis coyuntural, análisis retrospectivo y/o prospectivo, mapa de actores políticos y análisis de Twitter. En la otra, el peticionario quiso las bases de datos de las encuestas realizadas en 2013 y 2014 cuyos números de contrato están publicados en el POT. Con tal de no revelar la información, la Presidencia recurrió al IFAI que le dio la razón.
Por lo pronto, Sr. and Friends es la empresa más beneficiada entre las que hacen análisis político y estrategias de comunicación, con 2.7 mdp el 17 de agosto de 2013 y cinco mdp en el mismo mes, pero de 2014.
Un ciudadano envió un requerimiento el 21 de agosto de 2013 a través del IFAI: “Solicito a la Presidencia de la República las encuestas que ha realizado en el último semestre sobre la percepción de la sociedad respecto de las acciones de gobierno y sobre la percepción de la sociedad sobre la imagen del Presidente Enrique Peña Nieto”.
La solicitud fue turnada para su atención a la Coordinación de Opinión Pública que respondió: “… En relación a la solicitud y de conformidad con el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se hace de su conocimiento que la información solicitada ha sido clasificada como reservada debido a su vigente relevancia para la toma de decisiones, es decir, forma parte de los insumos para el proceso deliberativo de instrumentación o redefinición de las políticas. La revelación de estas medidas, antes de su puesta en marcha, podría incidir en las mismas, dando como resultado que no tengan el impacto deseado …”
LOS SESENTA DÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Lo anterior ocurre mientras Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública está por cumplir sesenta días en un cargo que durante dos años permaneció acéfalo. La fecha de su nombramiento, el pasado 3 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto le dio la encomienda de investigar los contratos otorgados a la compañía que construyó la casa que posee en Ixtapan de la Sal, así como los de la llamada “casa blanca” de su esposa, Angélica Rivera Hurtado. Es decir, el Grupo Higa, el que también le vendió una propiedad con una hipoteca laxa al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Hasta ahora, no ha informado absolutamente nada.
Los parámetros éticos del desempeño del Secretario tampoco pueden conocerse. La Secretaría de la Función Pública informó a través del IFAI que no existe nada al respecto en sus archivos. Así, con sus 227 mil 356 expedientes archivados, esa dependencia contribuyó con el cúmulo de expedientes que ahora mantiene clausurados el Gobierno Federal.
