Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Era el 26 de febrero de 2015 en la Cámara de Diputados cuando apareció en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Aguas, misma que después sería bautizada con el nombre de “Ley Korenfeld” en honor de David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La iniciativa replica el modelo implementado en el Estado de México durante el gobierno del ahora Presidente Enrique Peña Nieto en el cual Korenfeld Federman fungió como secretario de Agua y Obra Pública, mientras se desempeñaba también como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).
“Cuando [Korenfeld] toma la dirección de Conagua el modelo de gestión de agua en el país que busca implantar es el mismo que han estado impulsando en el Estado de México, es decir un modelo que está basado en trasvases de agua”, afirmó Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Netwok (FAN México), en entrevista para SinEmbargo.
El modelo mexiquense, agregó, privilegia la construcción de “infraestructura hidráulica que básicamente rompe con el ciclo del agua, en donde se privilegia al contaminador; es decir, se rige bajo una política de que pague el que contamina, y mientras pagues no hay problema puedes seguir contaminando”.
Sin previo aviso y sin reconocimiento de la sociedad organizada, la “Ley Korenfeld” permite la privatización del agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a las principales ciudades; otorga a Conagua facultades extraordinarias para dar concesiones prorrogables hasta por 60 años; y garantizar el suministro de agua por debajo del nivel internacional de 100 litros diarios.
KORENFELD Y ANEAS
David Korenfeld fue secretario de Agua y Obra Pública en el Estado de México prácticamente en el mismo periodo fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) en México, cargo que ocupó de 2007 a 2012.
La Asociación agrupa a organismos operadores de agua potable y alcantarillado. Representa y defiende los intereses de sus socios que son los directivos de los sistemas de agua, así como las empresas proveedoras de productos y servicios.
Ese organismo ha tratado por distintas vías, y en diferentes épocas, impulsar cambios legislativos para promover el modelo de concesión de agua, con el objetivo de elevar la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con el líquido.
“Es una ley que hemos ido frenando desde hace tiempo y digo frenando porque por la red que yo coordino, Freshwater Action Netwok, nos hemos encontrado en varias plataformas a nivel internacional y hemos tenido varias discusiones al respecto y allí es donde claramente ha salido la insistencia por parte de esta asociación para privatizar los servicios”, recordó Nathalie Seguin.
FAN México es una red que también trabaja en incidencia a nivel internacional y que participó en el reconocimiento del derecho humano al agua en Naciones Unidas en el 2010. Su coordinadora agregó que son variadas las propuestas legislativas tendientes a fomentar la privatización del agua con “la clásica excusa de que hoy en día los organismos operadores no son eficientes y no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo”.
Sin embargo, expuso, el resultado en realidad no es mejor en cuanto a calidad de servicio, accesibilidad, asequibilidad y gratuidad del líquido.
Por el contrario, el modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.
Este modelo, afirmó Seguin está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.
“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó.
La experta consideró que la iniciativa elaborada en las oficinas de la Conagua, cuyo titular es David Korenfeld mantiene esa política, porque o podría ser de diferente forma, ya que Korenfeld comparte la visión de ANEAS al haber sido su presidente durante cinco años.
“Ya está presente desde entonces como secretario de Obra Pública y Agua y al presidir la ANEAS evidentemente [Korenfeld] está muy cerca con las líneas y visiones de esta entidad que es básicamente privatizar los servicios de agua y saneamiento”, destacó.
LA INICIATIVA QUE DIO LA ESPALDA A ONGS
La iniciativa para crear la Ley General de Aguas que se turnó directamente a comisiones tomó por sorpresa a organizaciones de la sociedad civil que habían trabajado con legisladores un documento que respetara el derecho humano al agua y asegurara la distribución del líquido de forma accesible, asequible y gratuita.
El documento firmado por los diputados Kamel Athie Flores y José Antonio Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo de Acción Nacional (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no era lo que habían trabajado en el seno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ni era lo que deseable para lograr los propósitos antes citados.
Las organizaciones civiles reconocen que con tuvieron mayor acercamiento fue con el perredista Gerardo Gaudiano en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, al final el legislador firmó la llamada “Ley Korenfeld”, prácticamente elaborada en las oficinas de Conagua, fuera de las comisiones legislativas de San Lázaro.
“A final del 2014 tuvimos varias reuniones en donde presentamos una y otra y otra vez las propuestas ciudadanas desde distintos ángulos: la academia, la sociedad civil y hasta con representantes comunitarios, para presentar las diversas propuestas que conlleva esta iniciativa ciudadana”, afirmó Nathalie Seguin.
“Lo que sí es seguro es que fue la Conagua quien elaboró esta ley y la entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a Gerardo Gaudiano, quien se prestó junto con otros tres diputados a que de manera personal, no como comisión de manera personal presentaran la ley como comisiones unidas tanto de Recursos Hidráulicos como al de Agua Potable y Saneamiento”, recalcó.
Con una inmediatez que caracteriza a las iniciativas poco populares, el texto fue aprobado por una mayoría mecánica de priistas y panistas en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de marzo.
Esa tarde abandonaron la sesión alrededor de 11 legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del PRD, entre ellos Gaudiano. Pero el daño ya estaña hecho, la iniciativa fue turnada a la mesa directiva para ser publicada en la Gaceta Parlamentaria a fin de que se le diera primera lectura en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados.
El PRI reculó de su intención de aprobar la iniciativa fast track por el pleno de los legisladores gracias a la presión de representantes de la sociedad civil y legisladores de oposición.
Manlio Fabio Beltrones, pastor de los diputados priistas argumentó que el texto debería ser enriquecido con los puntos de vista de diferentes organizaciones y expertos en la materia, aunque nunca mencionó los meses previos de debates que simplemente fueron borrados del texto final.
Ante el inminente inicio de la apoca electoral, el dictamen para crear la “Ley Korenfeld” podría ser retomado por los diputados hasta un eventual periodo extraordinario que se realizaría después de los comicios del 7 de junio, en uno de los últimos trabajos que entregaría esta Legislatura, antes de dejar el cargo el 30 de agosto próximo.
