La CNDH emitió una recomendación a la Semarnat, CFE y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por trasgredir los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada de las comunidades afectadas por la construcción y operación de una central termoeléctrica de ciclo combinado, que comprende los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
La megaobra incluye un gasoducto pasa por las faldas del volcán Popocatépetl, “lo que además representa una constante amenaza para quienes viven a las faldas del cráter y contaminaría con la emisión de gases”.
El proyecto fue anunciado y aprobado por la Semarnat, que durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del gasoducto Morelos tendría una vida útil de 25 años.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos humanos de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala por la construcción de una central termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, que conforman el Proyecto Integral Morelos (PIM).
Por dicho proyecto, la CNDH emitió este día una recomendación al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, y al Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altamirano.
El PIM fue puesto en marcha el pasado 3 de febrero por el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, con una inversión de 20 millones de pesos. Consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos, las cuales han sido concesionadas a la empresa española ABENGOA.
El mandatario perredista expresó entonces que con este proyecto “empezamos una nueva historia de industrialización y comercialización”.
La construcción y operación del PIM se realizó pese a las protestas de habitantes de diversas comunidades de los 27 municipios que recorren los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por las posibles repercusiones al medio ambiente.
El megaproyecto fue anunciado y aprobado por la Semarnat, que durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del gasoducto Morelos tendría una vida útil de 25 años.
Los manifestantes denunciaron que la construcción violaba el derecho a la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, lo cual quedó consignado en las diversas quejas presentadas ante la CNDH.
El gasoducto pasa por las faldas del volcán Popocatépetl, lo que además representa una constante amenaza para quienes viven a las faldas del cráter y contaminaría con la emisión de gases.
Tras su investigación, la Comisión Nacional acreditó que no se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas, toda vez que la Semarnat difundió el proyecto a través de Internet. Además, la CFE no realizó esa consulta, lo que resultó inaccesible e insuficiente para dar cuenta del proyecto y sus implicaciones a la población en las localidades que presentan niveles de marginación de altos a muy altos.
Aunque la CDI expresó que ninguna autoridad solicitó su intervención sobre el PIM; no obstante, la CNDH acreditó que sí conoció del problema a partir de una reunión con indígenas nahuas del municipio de Nealtican, Puebla, y que aun así no actuó ni cumplió con su responsabilidad.
La CNDH concluyó que, de esta manera, se actualiza una responsabilidad institucional para la Semarnat, CFE y CDI por no armonizar la normatividad vigente con el artículo 1° constitucional; por la falta de coordinación interinstitucional; desconocimiento de normas nacionales e internacionales; insuficiente supervisión de acciones en el proceso administrativo y para garantizar el acceso a los mecanismos de participación de la sociedad y de los pueblos y comunidades indígenas.
En la recomendación se resalta el concepto de desarrollo sostenible impulsado por la ONU, “que comprende las dimensiones de sociedad, medio ambiente, cultura y economía, y convoca a que las acciones, programas y proyectos impulsados por las autoridades mexicanas incorporen ese paradigma con perspectiva de derechos humanos, ya que el impacto positivo del desarrollo sostenible consiste no sólo en beneficiarse económica o socialmente de una obra, sino en su trascendencia para la vida comunitaria al permitir a las personas, grupos y comunidades participar en la toma de decisiones, en consonancia con el objetivo 16 de la Agenda 2030”
La Comisión Nacional emplazó a Rafael Pacchiano a instruir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que vigilen el cabal cumplimiento de los términos de las resoluciones en materia de impacto ambiental y supervisen las condiciones de seguridad en la puesta en marcha y operación del PIM, respectivamente.
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Al titular de la CFE se le requirió atender las recomendaciones pendientes del Centro Nacional para Prevenir Desastes Naturales (Cenapred); dar mantenimiento riguroso a la infraestructura del PIM durante su vida útil; cumplir con el Plan Integral de Seguridad y Protección Civil y el Plan de Respuesta a Emergencia, con apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la SEGOB y, en su caso, considerando las recomendaciones del grupo de trabajo que se establezca, se cree un programa específico de protección civil.
Al Director General de la CDI se le solicitó emitir una circular que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dirigida al personal de dicha Comisión, para que cuando conozca de hechos como el presente los someta a consideración de la instancia que se designe, para que asesore y garantice el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En 2011, la CFE dio a conocer que el Proyecto Morelos está integrado por dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado, de 620 MW cada una. Un megavatio es unidad de potencia en el Sistema Internacional equivalente a un millón de vatios. Estas centrales consumen gas natural como energético, con lo que la planta termoeléctrica será alimentada por el ducto.
La Comisión Federal de Electricidad dijo que se construiría el ducto que llevará el gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sitio de las centrales, de 150 kilómetros, que pasarán por los municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
El proyecto incluye la instalación de una línea eléctrica de 20 kilómetros( km) a la subestación Yautepec y un acueducto desde Cuautla, Morelos, con una longitud de 10 km. Todo ello con una inversión total de mil 600 millones de dólares [20 mil millones 766 mil pesos].
