Miguel Ángel Osorio Chong preparó el escenario. Rodeado de escoltas llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro para dar línea, para urgir a darle más poderes al Ejército, para convertir a las Fuerzas Armadas en un ente por encima de la ley capaz de llevar gradualmente a México, si nos descuidamos, a una semi democracia.

En parte ya funciona así. México tiene una democracia simulada. Y la facultad de espionaje que la nueva Ley de Seguridad Interior le  otorgaría al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y a cualquier fuerza de seguridad pública federal, para realizar labores de vigilancia por “cualquier método de recolección de información”, en realidad ya existe.

La Secretaría de Gobernación a cargo del señor Osorio Chong hace todo tipo de espionajes. El Gobierno de Enrique Peña Nieto se gasta cantidades ingentes en vigilarnos. Pincha nuestros teléfonos, interviene nuestras cuentas de correo, vigila nuestra actividad en Internet y las redes sociales; tiene personal asignado a vigilar nuestras actividades, nuestras amistades, nuestros movimientos diarios…

Lo anterior no es legal, pero a quién le importa. El Estado mexicano realiza múltiples acciones que no son legales. Se pasa el marco de la ley por el arco del triunfo. Desaparece, tortura, ejecuta y aquí no pasa nada.

Siempre ha sido así. Desde tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, la Secretaría de Gobernación, ha funcionado como la Gestapo, como una policía secreta del Estado formada por funcionarios esbirros que justifican su trabajo y los ingresos que reciben por ello.  ¿Cuántos espías trabajan en la nómina del gobierno? ¿Cuántos funcionarios, policías, ex policías, militares, ex militares y expertos en inteligencia estamos manteniendo con nuestro dinero y sin nuestra autorización? ¿Hasta donde llegan los alcances del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) bajo el mando de Osorio Chong, el espía mayor?.

Un funcionario de Gobernación me confío hace poco algo revelador: “Tenemos fotos más recientes de ti que las que pueda tener tu mamá”. Y me lo dijo claramente: “del Gobernador para abajo, tenemos todos los teléfonos intervenidos, incluido el tuyo”.

—- ¿Eso es legal?, le dije ingenuamente.

—- “Claro que no, pero como si lo fuera”, me dijo con una sonora carcajada.

El sistema es una cloaca. Y ellos son los amos y señores. Se sienten dueños de nuestras vidas. Colocan micrófonos en nuestras casas, oficinas, coches. Allanan nuestros hogares, hurgan, copian y se llevan lo que quieren y se van y  vuelven cuando lo desean.

El espionaje es tan común, tan generalizado, tan permitido gubernamental y socialmente, que ya nos acostumbramos. Sabemos que nos escuchan, que nos graban y nos han obligado a la comunicación personal, esa es la parte positiva. Ahora vemos más a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestras fuentes. Por lo menos, es un pretexto para tomarnos algo y mirarnos a los ojos, para contarnos nuestras cuitas y para obtener información periodística delicada.

El espionaje gubernamental es tan cotidiano que ya hay agencias, negocios, gente que se dedica a cambio de una buena cantidad de dinero, a hacer “limpias” en tu casa para rastrear los micrófonos, gente especializada en asear tu celular, aparato que incluso apagado sigue intervenido y grabando lo que dices.

Alguien nos vigila. Y no solo es el Cisen. También nos acechan miembros de inteligencia militar de la Sedena o policías vestidos de civil o funcionarios de Gobernación. El sistema de espionaje gubernamental es amplio, es ilegal y es impune. Su red se extiende día con día. Y ahora lo quieren hacer legal con la peligrosa Ley de Seguridad Interior, más propia de una dictadura militar incipiente. Y aquí tienen su artículo más polémico:

Artículo 28.- Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior.

La interpretación de este artículo es que las Fuerzas Armadas o cualquier fuerza de seguridad pública federal tiene el derecho de intervenir nuestras comunicación para “recolectar” información de cualquier persona con cualquier “método sin distinción” y sin ningún control judicial o cualquier otro mecanismo que les obligue a rendir cuentas del espionaje.

Y Osorio Chong es el cancerbero de las Fuerzas Armadas. Obvio. Él, su secretaría, la Sedena, la Marina, la Policía Federal y otros cuerpos de seguridad, ya poseen los poderes que ahora pretenden sean legales. Y para ello tiene su principal alfil: el Partido Acción Nacional (PAN) representado por el senador Roberto Gil Zuarth, quien presentó la iniciativa que acota nuestras garantías individuales.

No hay ninguna sorpresa. Tanta el PRI como el PAN han tenido tics autoritarios durante toda su historia como partidos. Aunque de distinta índole. La raíz nazi del PAN ha sido sumamente estudiada. De hecho, Gil Zuarth fue vinculado directamente con el panista nazi Juan Iván Peña Neder, quien según testimonio de su esposa en ese momento, presuntamente le entregaba millones de dólares producto del otorgamiento de permisos falsos para casinos a través de la Secretaría de Gobernación. Peña Neder y Gil Zuarth pertenecían al círculo más cercano de Felipe Calderón. De hecho, lo designo Subsecretario de Gobernación.

Tanto Gil Zuarth como Osorio Chong conocen las ventajas del espionaje ilegal a través de los megapoderes de la Gestapo, digo, de la Secretaría de Gobernación. Por eso no es de extrañar que ahora están juntos en esta nueva embestida contra nuestras libertades. El PRIAN junto al PRD quiere acotar nuestra privacidad, la integridad de nuestras comunicaciones.

Más allá: la iniciativa de ley pretende obligar a las empresas de telecomunicaciones y proveedores de aplicaciones y contenidos de Internet a entregar información y colaborar con las intervención de nuestras comunicaciones.

La nueva Ley de Seguridad Interior es un peligro, una amenaza para los mexicanos. Un gobierno como el de Enrique Peña Nieto denunciado internacionalmente por la violación masiva de derechos humanos, tampoco le interesa respetar los estándares de derechos humanos en las comunicaciones, mucho menos nuestra libertad.

El gobierno peñista quiere militarizar México. No le basta con el poder absoluto que ahora tienen los militares y marinos, seriamente cuestionados por sus crímenes impunes. La nueva ley es un cheque en blanco para los militares, una licencia para que sigan cometiendo delitos que van desde la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones.

La nueva Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y antidemocrática porque faculta a las fuerzas de seguridad a intervenir con fuerza letal para “contener” una protesta social pacífica. Las facultades que otorga son tan amplias, tan ambiguas, que la convierten en una ley despótica y opresiva, digna de una dictadura militar.

Por lo pronto, cada vez que usted hable por teléfono mándele saluditos a Gobernación, al señor Osorio Chong, al Cisen, al general Cienfuegos, al almirante Soberón, a Presidencia de la República, al gobernador de su estado y por si acaso, a todos los cuervos en el alambre….

Y sonría, el espionaje ilegal pronto será legal.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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