Los mexicanos se encuentran desprotegidos ante los delitos cibernéticos. Amenazas de muerte, pornografía infantil, ventas fraudulentas, suplantación de la identidad, acoso sexual, amenazas, son algunos de los delitos que persiguen las autoridades del país. Sin embargo, especialistas y víctimas retrataron una serie de obstáculos que encuentran quienes buscan la justicia. Mientras, el Presidente Enrique Peña Nieto reportó el rastreo de 14 mil 467 armas de fuego en su último informe de Gobierno, los victimarios que se esconden detrás de una pantalla han sido escasamente encontrados. La captura de un tuitero que amenazó de muerte a dos periodistas resultó en una polémica después de que el presunto agresor recibiera medidas cautelares mientras se resuelve si deberá ir a prisión.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno federal se ha cruzado de brazos frente a los ciberdelitos. Especialistas lamentaron que en los últimos cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) se haya limitado a abrir 370 averiguaciones por presuntos delitos cometidos a través de medios informáticos o cibernéticos.
Entre 2012 y 2016, la PGR abrió 285 averiguaciones por accesos ilícitos a sistemas y equipos de informática; 67 por accesos a los equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier sistema bancario; y 18 por provocar una vulneración a bases de datos personales o bajo custodia, con ánimo de lucro.
Los datos obtenidos vía transparencia son ínfimos en comparación a la cantidad de ciberdelitos que se cometen en el país, apuntó Sergio Araiza, responsable del área de Seguridad Digital dentro de la organización Social Tic.
“Una cosa que es importante saber es que hay una manera muy laxa de clasificar los ciberdelitos. No existe una regulación clara. De hecho tampoco sirve en el Código Penal”, señaló Araiza.
Gran parte de los delitos que se cometen, explicó, están orientados a la tipificar casos de pornografía infantil, suplantación de identidad, pero, destacó que “en la práctica los ciberdelitos son muchos, y mucho más diversos”.
El 3 de marzo pasado, agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscalía de Puebla detuvieron en la capital poblana, a un presunto tuitero que amenazó a Héctor de Mauleón y a Denise Maerker.
José Castrejón Aguilar, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que estaría vinculado a dos averiguaciones más, recibió el beneficio de medidas cautelares por parte de un Juez. En adelante deberá firmar cada 15 días ante el juzgado hasta que se determiné su situación jurídica.
Contrario al caso de los periodistas, otras averiguaciones por amenazas duermen el sueño de los justos.
En febrero de 2015, la académica y bloguera mexicana Rossana Reguillo fue amenazada de muerte en Twitter. Una serie de ataques sistematizados fueron realizados en su contra de forma consistente a sus correos electrónicos y personas cercanas.
La Fiscalía especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), junto con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, albergan el caso de Reguillo.
“Vi la nota que agarraron al tuitero que amenazó a De Mauleón y digo por qué pueden agarrar a ese y a los otros no. Cuando además les hemos pasado un montón de información y datos. Nos hicimos especialistas en redes ante la frustración de no tener una respuesta de la autoridad en términos especializados”, contó Reguillo.
La académica apuntó que la respuesta de la policía cibernética es muy lenta, sin embargo, ella no está dispuesta a cerrar su caso hasta que se hallen a los responsables de agredirla.
México podría ser un laboratorio de la impunidad en casos de ciberdelitos y noticias falsas, dijo el activista Alberto Escorcia, quien denunció en varias ocasiones, desde hace casi un año y medio, estar siendo víctima de amenazas.
Su caso, también en la FEADLE, ha recibido trabas por parte de la autoridad, denunció el activista: “El proceso se está estancando porque no sólo no investigan sino que ahora están citando víctima tras víctima para hacer exámenes psicológicos, como si estuviéramos inventando, o no sé qué pretendan con ello. No han detenido a nadie”.
Los entrevistados coincidieron en que México cuenta con capacidad para dar con los responsables. Recordaron que el país es uno de los principales compradores de la empresa de cibervigilancia, con sede en Italia, Hacking Team.
En 2015, una filtración dio a conocer que al menos 14 estados habían contratado estos equipos, compras que sumaron al menos 100 millones de pesos. Sergio Araiza detalló que estos equipos deben ser considerados “armas” por su capacidad de espionaje.
En febrero pasado, la organización Social Tic reveló que activistas que abogaban por el impuesto a refrescos en México habían recibido un spyware (un programa espía que se instala en móviles y computadoras) desarrollado por la empresa israelí NSO Group, con la finalidad de espiarlos. La empresa se limita a vender estos recursos cibernéticos a Gobiernos.
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Araiza explicó que la amplia gama de ciberdelitos no son perseguidos a cabalidad por las autoridades. Estos abarcan desde acosos, conductas que sofocan la libertad de expresión, ataques de DDOS, ataques a servidores de sitios de noticias, hasta robo a empresas.
“México está entre los primeros cinco países consumidores y negociantes de pornografía infantil. Y mucho es derivado de la falta de interés de la Cámara de Diputados y de los órganos de justicia. Honestamente no saben cómo reaccionar ante este tipo de operaciones digitales”, añadió Araiza.
¿Por qué las autoridades no resuelven estos casos?
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México reportó, en su informe anual 2015-2016, contar con 54 personas trabajando en la Unidad de Ciberdelincuencia: 22 especialistas, 17 agentes de monitoreo, 10 agentes de inteligencia y 5 administrativos.
La SSP recibió mil 264 reportes sobre ciberdelitos, de los cuales 16 fueron turnados a la Procuraduría General de la Ciudad de México.
“Yo creo que está bien claro lo que deben de investigar, lo que no queda claro es su metodología de investigación. Por qué tardan tanto en investigar algo que todos lo pueden ver. Cómo hay personas que atacan, cómo hacen trending topics [en Twitter]. Cualquiera puede darse cuenta que es bastante obvio”, lamentó Escorcia.
