Por Juliana Fregoso y David Martínez
Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– Académicos, organizaciones civiles nacionales y locales, además de políticos de oposición exigieron ayer al gobierno mexicano transparentar ya la vida pública y empezar con un caso que cimbra la credibilidad del Ejecutivo federal: la relación del Presidente Enrique Peña Nieto con Grupo Higa.
También exigieron llevar la rendición de cuentas a otros escándalos que han escalado a la prensa internacional y a algunos medios mexicanos, como la relación del gobierno con grupos económicos que nacieron del vínculo político, como el del cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero.
Grupo Higa y Juan Armando Hinojosa Cantú se han convertido en el nuevo escándalo que amenaza a la administración de Enrique Peña Nieto. La polémica desatada por la “casa blanca”, propiedad de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado y que tiene un valor superior a los 7 millones de dólares, ha dado paso a una crisis de credibilidad para el titular del Jefe Ejecutivo federal.
El corporativo de Hinojosa Cantú, a través de su filial Teya, también se vio involucrado en la licitación del tren rápido México-Querétaro que se canceló por las suspicacias en torno al consorcio ganador.
Hinojosa y sus empresas no sólo han resultado beneficiados con contratos cuando Peña Nieto era Gobernador del Estado de México sino también ahora, durante su gestión presidencial, así como por los gobiernos del panista Rafael Moreno Valle, en Puebla, y del priista Rodrigo Medina de la Cruz, en Nuevo León.
En ambas entidades, organizaciones ciudadanas denunciaron que los gobiernos les ocultan información sobre las obras a cargo de los gobiernos locales que realiza la constructora Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, en sus entidades, por lo que grupos civiles que demandaron más información sobre la obra concesionada a esta empresa han encontrado obstáculos no sólo en los organismos de transparencia sino también en ambas administraciones locales que les niegan, reservan o alteran la información, según denunciaron a SinEmbargo.
En ese contexto, también diputados y senadores de oposición exigieron que se realice una investigación puntual sobre los posibles beneficios que las empresas filiales de Grupo Higa, propiedad del ingeniero Hinojosa Cantú, empresario que ha sido favorecido con millones de pesos de contratos en los gobiernos estatal y federal de Enrique Peña Nieto.
LEGISLADORES EXIGEN INVESTIGACIÓN
El Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano (MC), pidió aclarar la relación entre Enrique Peña Nieto y Armando Hinojosa para conocer hasta dónde llega la influencia de uno sobre otro. Y principalmente, destacó, para confirmar o descartar las suspicacias que genera esta relación de varios años atrás.
“Es todo un grupo, una camarilla corrupta. Es claro que este tema no ha dado todo lo que tiene que dar, que hay mucha información por delante, porque es claro que hay una relación estrecha [entre Peña e Hinojosa] y por eso las voces que hablan de que presumiblemente Hinojosa sería prestanombres de Peña Nieto”, explicó en entrevista para Sin Embargo.
El Diputado Ricardo Mejía envío un oficio al Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, con el objetivo de que realice las auditorias necesarias sobre los procesos de licitación, asignación y contratación del gobierno federal con el Grupo Higa.
El también integrante de la Comisión Especial en San Lázaro para revisar el proceso de licitación, fallo y cancelación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro, adelantó que además solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) todos los documentos relativos a los contratos y adjudicaciones directas que haya recibido Grupo Higa.
“Necesitamos hacernos primero de toda la información referente a la licitación y la cancelación de esta adjudicación que se había dado y paralelamente vamos a pedir todos los contratos de Grupo Higa, porque esta operación nos puede desvincular de los beneficios que el Grupo ha recibido”, reiteró.
Por su parte, la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), consideró que es responsabilidad del Presidente clarificar todo lo que tiene que ver con el tema de Grupo Higa, sobre todo en el marco de la “cruzada” por la transparencia y en contra de la corrupción que él mismo lanzó.
“Esa reforma sólo se volverá verdadera una vez que el Presidente clarifique su relación con Armando Hinojosa y específicamente con Grupo Higa, y lo que ahora se ha descubierto: que hay otros socios que también han tenido otros vínculos para administrar vínculos de los Peña Nieto, como el departamento que tiene la Primera Dama en Miami”, explicó la petista en entrevista.
La también integrante de la Comisión especial para revisar el caso del tren México-Querétaro sostuvo que en caso de que las investigaciones que pudiera hacer la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia, demostraran que sí existen tráfico de influencias, entonces de deberían retirar los contratos y se deberían volver a licitar los proyectos.
“Si el Presidente quiere mantener, no solamente la credibilidad sino la gobernabilidad, tendrá que clarificar su relación con Higa y otros empresarios, tendrá que remover los contratos que se hayan dado en la impunidad y en el tráfico de influencias”, recalcó.
La Diputada también adelantó que solicitará al Gobierno federal toda la documentación referente a este caso, a fin de conocer realmente hasta donde llegarían los beneficios a la empresa Armando Hinojosa.
LAS RESERVAS EN PUEBLA
Cuauhtémoc Cruz Isidoro, editor del Observatorio de Transparencia de la Universidad Iberoamericana en Puebla, aseguró que por disposición del gobierno estatal, desde 2012 está reservada toda la información sobre las obras públicas en proceso y no se puede acceder a ella hasta que concluyen.
Ayer, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que Higa realiza un proyecto de 460 millones para un nuevo museo en Puebla, del que no menciona el nombre, sin embargo, según Cruz Isidoro y legisladores de oposición, podría tratarse del Museo Internacional Barroco, en Cholula, que se construye en terrenos de lo que antes era un parque de diversiones llamado “Fantástico” y cuyo dueño, el empresario Ricardo Enaine Mezher, demandó en 2011 a Moreno Valle ante la Procuraduría General de la República (PGR) por abuso de autoridad, falsificación de firmas a través de terceros, amenazas y tráfico de influencias.
“El acuerdo 2012/07 reserva la información para toda obra pública y ese mismo acuerdo establece que la información está reservada hasta su total y conclusión”, explicó.
Señaló que en este momento en la entidad “se está haciendo mucha obra pública”, pero hasta ahora es difícil conocer los costos porque aunque “hay datos en portal de transparencia, es complicado navegar, no es un sistema fácil”.
Señaló que existen casos como el del Centro Integral de Servicios, cuyo costo fue de 2 mil 200 millones de pesos, en el que la información está reservada por 20 años.
La Diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, aseguró que la administración de Moreno Valle ha estado rodeada de “actos de corrupción”, y que el “deslinde de responsabilidades y la fuerza de la ley” se han hecho esperar.
Mencionó que la asignación de obras a particulares se ha dado en completa “opacidad”, y como ejemplo refiere la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan; el Proyecto Integral de Imagen Urbana del Corredor Turístico Cultural; y la construcción de la planta de tratamiento biológico de la planta Audi a favor de la empresa Oceanografía, la cual defraudó a Banamex.
“Prueba de ello, es que diversos medios de comunicación han difundido que en los casi cuatro años de la actual administración, el gobierno de Puebla ha contratado a empresas privadas para la construcción de 4 obras públicas que debe pagar en anualidades por plazos de entre 23 y 25 años: el Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios, las Plataformas Audi, la Rueda de la Fortuna y el Parque Lineal, que suman un promedio de 13 mil 480 millones 933 mil pesos”.
“Destaca que el proyecto más caro de Moreno Valle entregado a empresas privadas es el Museo Internacional Barroco que fue concesionado a 30 años por 7 mil 280 millones 933 mil pesos”.
EL ACUEDUCTO EN NUEVO LEÓN
En el caso de Nuevo León, una de las filiales de Higa, Concretos y Obra Civil del Pacífico SA, tiene una participación de 37.5 por ciento en un grupo que ganó los derechos para suministrar agua a Monterrey durante los próximos 50 años. Al igual que con el tren bala, varios gigantes globales de la construcción estaban interesados en la licitación. No obstante, el otro postor, la española Abengoa, fue descalificada por razones técnicas, según publicó el WSJ.
Al menos tres organizaciones civiles en Nuevo León se han unido para demandar al gobierno del estado información sobre la manera en la que se realizó la licitación, plazo que venció ayer, así como la renuncia de Emilio Rangel Woodyard, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
En septiembre pasado se otorgó a Grupo Higa la licitación para construir el Acueducto Monterrey VI, una obra por la que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años.
Rangel Woodyard informó el pasado 8 de septiembre que una vez entregada la obra, la paraestatal pagará mensualmente 124 millones 99 mil 167 pesos, sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), por un periodo de 27 años a una tasa fija de 6.25 por ciento. La obra se financiará con recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Nuevo León.
El proyecto consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro, con origen en San Luis Potosí, que atraviesa territorios de Veracruz y Tamaulipas y llega al municipio de Linares, Nuevo León, para extraer agua del Río Pánuco y que se interconectará con el Acueducto existente Cerro Prieto-Monterrey, a fin de conducir el agua hasta la planta Potabilizadora San Roque y distribuirla a la zona conurbada regiomontana a través de los dos anillos de transferencia ya existentes.
La construcción de Monterrey VI fue una de las promesas que Peña Nieto hizo el pasado 22 de abril de 2012 en el marco de su campaña presidencial. Ese día, el mexiquense dijo que había requerido al notario público 129 de Nuevo León, Manuel García, para que diera fe de tres compromisos: concretar el proyecto acuífero Monterrey VI, reforzar con elementos federales a los cuerpos policíacos de la entidad y construir las líneas 3 y 4 del Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo Metro.
Dos años después, y meses antes de que la licitación del acueducto fuera ganada por Concretos y Obras Civil del Pacífico, filial de Grupo Higa, Peña Nieto, ya como Presidente, regresó a la entidad donde dijo: “Apoyamos la construcción del Acueducto Monterrey VI, una obra esencial para la viabilidad de esta región que asegurará el suministro de agua en las próximas décadas […] puedo recordar de aquel entonces, siendo candidato y habiendo suscrito este compromiso de una obra que significa construir el acueducto más grande, quizá, que haya en el país, del orden de 400 kilómetros.”
Cosijopi Montero, de la organización Reforestación Extrema, aseguró que aunque el gobierno del estado entregó ayer a las organizaciones inconformes nueva documentación sobre la obras, “no nos contestó nada”, por ello, el colectivo de ONG’s interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del proyecto por violación a los tratados internacionales en materia ambiental y “hay también una denuncia en contra de Emilio Rangel por haber mentido, no puedes tener un funcionario público que no quiere hacer pública una licitación”, expresó.
“Hay un montón de acciones de tipo jurídico: en la parte administrativa de la concesión del proyecto hay una serie de anomalías que están en los mismos documentos que no nos quiso entregar el gobierno del estado y conseguirlos por transparencia es una batalla infinita e interminable”, afirmó.
Entre las anomalías citó la justificación de impacto ambiental: “En el anexo que presentaron a la Secretaría del Medio Ambiente están especies que ni siquiera existen en la zona, lo que presentaron es una broma”.
