Un informe realizado por la organización Fundar alerta que la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto de crear una instancia reguladora para la publicidad oficial “se quedó en letra muerta”, mientras gobiernos federales y locales aprovechan esta falta de regulación para influir directamente en lo que se publica en los medios del país.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– El principal medio de “censura sutil” en México sigue siendo la asignación discrecional de la publicidad oficial a los medios, refiere un informe elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación que forma parte de una serie derivada del actual proyecto sobre la censura sutil o indirecta alrededor del mundo, dirigido por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).
“Asignar masivamente publicidad oficial sobre bases partidistas y políticas moldea poderosamente el contenido de los medios y afecta en gran medida las líneas editoriales de los medios de comunicación. Las autoridades federales y locales aprovechan la falta de regulación para influir directamente en lo que se publica”, refiere el informe como parte de sus principales hallazgos.
El documento indica que existe poca información sobre los recursos erogados por parte del Estado en publicidad oficial o comunicación social. Dice que su regulación es débil “y esto se suma a una completa ausencia de voluntad política para llevar a cabo transformaciones reales”.
Además muestra que dos proveedores, Televisa y Estudios Azteca, concentran el 25 por ciento de todo el dinero erogado, sumando en conjunto cerca de 1.78 mil millones de pesos.
Fundar y WAN-IFRA indicaron que la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto de crear una instancia reguladora para la publicidad oficial “se quedó en letra muerta”, mientras que los legisladores no cumplieron con los plazos establecidos por la Ley para dotar al país de un marco normativo sobre el tema.
El documento menciona que la publicidad oficial en México se caracteriza “por la ausencia de reglas claras y por los sobre ejercicios del gasto”. Detalla que en 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración ejerció 7.1 mil millones de pesos en publicidad oficial.
Dice que estos recursos ejercidos superan en más de 4.8 mil mdp del presupuesto aprobado para ese año, casi un 50 por ciento. En 2014, continúa el reporte, el Gobierno federal ejerció 6.8 mil mdp en espacios de publicidad en los medios de comunicación, y se esperan sobre ejercicios similares en 2015.
“Con base en las cifras del 2014, existe una alta concentración de recursos en los proveedores contratados por el Gobierno federal para difundir sus políticas y programas, sus logros y su imagen”, refiere.
Sin embargo, dice, este tipo de censura puede tomar formas difíciles de comprobar. Y ejemplifica, la destitución laboral por “razones administrativas”, como sucedió con el despido de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de su programa de noticias en MVS Radio en marzo pasado, el cual, dice, “ha sido el caso más emblemático de posible censura sutil registrado en los últimos meses”.
Pone como ejemplo también la cancelación de programas de investigación, como el caso de El Observador, único programa de investigación en el Canal 22, uno de los dos canales culturales de la televisión abierta mexicana, donde una docena de periodistas de esa televisora denunciaron esta cancelación como “censura sutil”.
El documento destaca que con la la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue publicada en mayo del 2014, es un avance mayor para la transparencia de los gastos en publicidad oficial.
Recuerda que en el Artículo 70, apartado XXIII de esa legislación, exige que a partir de mayo de 2016, todos los órganos de gobierno a nivel federal, estatal y municipal publiquen toda la información actualizada y relacionada de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial en sus respectivos portales electrónicos.
Sin embargo, alerta, que “aún no está claro el nivel de cumplimiento a realizar. Hoy en día, sigue siendo difícil obtener la información sobre el gasto estatal”.
“Las prácticas corruptas ligadas a la publicidad oficial en la mayor parte de México persisten”, dice el informe, y ejemplifica con el caso del Edil de Ciudad Juárez, quien presuntamente, realizó pagos para publicidad en sitios de internet inexistentes. “Estas prácticas incluyen el soborno a periodistas mal pagados –conocido coloquialmente como ‘chayote’- para influir en el contenido de sus artículos”, destaca.
