Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– El gobierno del estado de Puebla clasificó como reservados los nombres, cargos y sanciones aplicadas a los funcionarios responsables del desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan en la autopista Puebla-Atlixco. Así como datos del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
De acuerdo con el diario digital e-consulta, el gobierno de Rafael Moreno Valle clasificó como reservados el monto de la sanción y el tipo de amonestación que se le impuso al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, Facundo Rosas Rosas, por su responsabilidad en los hechos registrados el pasado 9 de julio.
Además, informó que el gobierno poblano reservó también los nombres y cargos de los tres mandos de la dependencia que fueron destituidos, así como las sanciones e identidades de los seis elementos operativos detenidos.
De la misma manera, se decidió ocultar los detalles del fideicomiso creado para reparar el daño por el ataque de los policías en la autopista Puebla-Atlixco.
El periódico digital de Puebla solicitó, mediante el sistema Infomex, dos consultas de información, dirigidas a la Secretaría de la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
En la primera requirió información sobre la sanción y el monto de la multa impuesta a Facundo Rosas Rosas, así como los nombres, cargos y el monto de las sanciones económicas de los tres mandos de la SSP que fueron destituidos por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El medio aseguró que actualmente sólo se conoce que uno de esos puestos corresponde a la ex subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Ramos Flores, que desde mediados de septiembre ya había dejado el cargo.
En esa misma solicitud, también se pidieron a la Contraloría las identidades, cargos y errores que cometieron para recibir sanciones los seis elementos operativos que fueron destituidos e inhabilitados por participar en el operativo en la autopista a Atlixco.
Sin embargo, “la dependencia se limitó a señalar que con fundamento en el artículo 33 fracción IV, V, VI, XIII y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, “la información solicitada se considera como información reservada”.
La segunda solicitud de información se dirigió a la PGJ para solicitarle información sobre el Fideicomiso Público denominado “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
“Se pidió el monto de recursos con que fue creado este fondo, el nombre de las personas contempladas y la cantidad de recursos estimados para cada una por concepto de reparación del daño, así como precisar el periodo en el cual los agraviados podrían reclamar los recursos”, dijo e-consulta.
Pero la PGJ respondió que por el acuerdo firmado por el Procurador estatal, Víctor Antonio Carrancá Bourget, la información estaba reservada porque pone en “riesgo” a personas contempladas dentro del fondo, además de tratarse de documentos relacionados con la persecución de delitos.
El gobierno estatal cumplió con la recomendación 2VG/2014 de la CNDH sobre violaciones graves a las garantías de los habitantes de Chalchihuapan, pero ocultó la información sobre las amonestaciones aplicadas a sus funcionarios.
El 9 de julio, pobladores de distintas comunidades del municipio de Chalchihuapan, Puebla, se enfrentaron con elementos de la Policía Estatal, durante más de tres horas.
Los habitantes mantenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el gobierno estatal les restituyera el Registro Civil a las juntas auxiliares. Además exigían la liberación de presos políticos.
El enfrentamiento dejó más de 30 heridos y la muerte de un menor por el impacto de una bala de goma.
La CNDH pidió a la administración de Puebla ofrecer disculpas a los afectados, pero el gobierno estatal los citó sólo con tres horas de anticipación al evento del 17 de octubre en el que también se iniciarían los trámites de reparación del daño, por lo que ninguna de las víctimas acudió. Aún así, el Gobernador Rafael Moreno Valle dio por cumplida la recomendación.
