Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Un juez federal ordenó la libertad para cuatro de los siete militares encarcelados por la ejecución extraoficial de civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, según confirmó su abogado.
De acuerdo con el litigante de los militares, Juan Velázquez, un Juzgado federal determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no presentó las pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad de los encarcelados.
Sin embargo, los cuatro elementos del ejército continúan en una prisión militar, puesto que aún serán enjuiciados por delitos del fuero militar.
El abogado de los militares, Juan Velázquez, dijo en entrevista con Radio Fórmula, que el Tribunal Unitario de Circuito ordenó el pasado miércoles la liberación cuatro de los siete militares implicados en el caso Tlatlaya. El caso fue turnado a un Juez federal que el pasado viernes determinó la libertad de cuatro elementos castrenses.
Detalló que el caso contra los militares se consignó cuatro veces y hasta la quinta vez se libraron las aprehensiones, sostuvo que las declaraciones “de tres mujeres que no sólo se han contradicho entre ellas, sino ellas mismas a su vez” y que fueron “fabricadas” por “gente que está atrás de estas mujeres que alentó un reportaje, una entrevista, tres meses después de sucedidos los hechos y que tienen el propósito […] de incriminar a la mala a estos soldados.”
El litigante adelantó que es cuestión de horas para que los militares abandonen la prisión militar.
PGR apelará la liberación
Sin embargo, la PGR informó que apelará la libertad de los cuatro militares implicados en los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
En el marco de la división de competencias y atribuciones entre las instancias de procuración y administración de justicia, la PGR tomó conocimiento de la resolución del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con relación al auto de libertad en favor de estas cuatro personas.
Además del auto de formal prisión -por delitos diversos- en contra de los otros tres militares, implicados todos ellos en los hechos sucedidos en dicho municipio.
Dicha determinación fue acatada en sus términos, sin embargo, esta Representación Social está haciendo uso de los instrumentos legales necesarios contenidos en el marco jurídico e interpondrá el recurso de apelación correspondiente.
Lo anterior, indicó en un comunicado, en razón de que el Ministerio Público de la Federación seguirá aportando los elementos de prueba suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad de las personas involucradas, según sea el caso.
Los militares fueron consignados en el mes de noviembre de 2014, acusados por el delito de abuso de autoridad, a tres de ellos por homicidio calificado en agravio de ocho personas, y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo por el caso Tlatlaya, donde el pasado 30 de junio de ese mismo año, al menos 15 civiles fueron ejecutados por soldados en un supuesto enfrentamiento que dejó otras siete personas muertas, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades federales.
Hace más de un año, la versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo sucedido en Tlatlaya fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión al referir posibles ejecuciones extrajudiciales.
El pasado 2 de julio, el Centro de de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó un informe donde reveló que la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial, fue “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Así lo consiguió documentar el Centro Prodh al tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa. Las pruebas fueron presentadas este jueves en un informe.
El documento presentado refirió que la Orden de Relevo es subsecuente de la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”, que establece las prescripciones de los mandos y las tropas que participan en actividades de apoyo a la seguridad pública. Es la Base de Operaciones del 102 Batallón de Infantería del Ejército.
En su fracción VII, la Orden de Relevo -emitida el 11 de junio de 2014, 19 días antes de la masacre en Tlatlaya- estipula que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Para el Centro Prodh, la instrucción de abatir delincuentes “incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que estos se consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”, como refiere en su informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, dado a conocer este día.
“La orden es un estímulo para cometer ejecuciones, lo que se agrava por el hecho de que expresamente se instruya que esta actividad se realice ‘de noche’ para ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’, ya que se coloca a las tropas castrenses en franca condición de alevosía, circunstancia indicativa del propósito de ocultamiento de una actividad ilícita que guía a la Orden”, se lee en el documento presentado un par de días después del primer aniversario de la masacre en la que 22 personas perdieron la vida a manos de militares, la madrugada del 30 de junio de 2014 y en una bodega en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya.
