Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, un multimillonario mexicano que también participa en empresas y organizaciones como Grupo Financiero Banamex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Televisa, recibió un revés histórico: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la comunidad de Bacanuchi, Sonora, puede participar en temas públicos ambientales.
La decisión de magistrados podría significar que Grupo México pare una presa de jales en Cananea, Sonora, megaobra de más de 65 hectáreas.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que la comunidad de Bacanuchi, Sonora, tiene derecho a participar en temas públicos ambientales, lo cual podría provocar que Grupo México pare por completo la construcción de megaobra de más de 65 hectáreas.
El fallo “histórico”, que ya es un precedente para los casos de las comunidades afectadas por megaproyectos, detendría una presa de jales en Cananea, Sonora, hasta que exista plena participación y decisión de los habitantes de Bacanuchi.
“Si yo fuera un inversionista de Grupo México, estaría preocupado por esta sentencia. Podemos esperar que la empresa detenga por completo la ampliación de la presa de jales hasta que no se cumpla a cabalidad el proceso de participación y toma de decisiones sobre el proyecto por parte de la comunidad de Bacanuchi”, dijo Benjamín Cokelet, codirector ejecutivo fundador de PODER.
La sentencia, indicó Cokelet, es un revés para el Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, un multimillonario mexicano que también participa en empresas y organizaciones como Grupo Financiero Banamex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Televisa.
Bacanuchi es una población seriamente afectada por el derrame de sulfato de cobree acidulado de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, por parte de la minera Buenavista del Cobre S.A. de C.V., propiedad del Grupo México, cuyo dueño es considerado una de las personas más ricas de México y tiene, de acuerdo con la revista Forbes, una fortuna que supera los 18 mil millones de pesos.
En 2016, después de que se enteraran de la “ampliación” de una presa de jales, pobladores actuaron. Bacanuchi está en el área de afectación directa de este proyecto.
“Hoy estamos contentas. Volvemos con una buena noticia para nuestras comunidades”, dijo Maribel Bustamante, quien junto con María Elena Bustamente, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora y habitante de Bacanuchi.
“Con este fallo tal vez nos aseguramos de que no haya otro desastre como el de 2014. No queremos que nuestros hijos y nietos sigan sufriendo. Queremos justicia para las familias, las comunidades y las personas que hemos sido tratadas como animales por la minera”, explicó.
Pero se la celebración debe realizarse con cautela, pues aún no se conocen exactamente los términos de la sentencia, señaló Luis Miguel Cano, abogado de PODER.
“Lo que esperamos es que la participación no sea una simulación, sino que sea un proceso efectivo y completo de información, diálogo y respeto a las decisiones las comunidades”, indicó Cano.
