A un año de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Centro de Investigación para el Desarrollo presentó su informe “Hallazgos 2016”, en el que reporta que, en promedio, las fiscalías y procuradurías estatales lograron avanzar sólo en el 40 por ciento de los casos por los que abrieron carpetas de investigación, mientras que el 60 por ciento continuó en trámite o sin que el ministerio público lograra acreditar el cuerpo del delito y encontrar a un probable responsable.
En el periodo analizado, la organización también encontró que la PGR inició 63 mil carpetas de investigación y sólo en 10 mil 571 casos pudo acreditar la existencia de un ilícito y a su posible autor; es decir, en un 16.7 por ciento del total. Y de los casos que la dependencia pudo enviar a tribunales, en el 99 por ciento hubo algún detenido en flagrancia y sólo el uno por ciento fueron producto de algún trabajo de una indagatoria ministerial.
Karen Silva, investigadora del think thank alertó que “en términos generales, lo que estamos viendo ahora es que ya se están generando prácticas que también hacen que el sistema potencialmente pueda llegar a ser ineficiente, pero no por una cuestión de diseño, sino de que no se están generando capacidades institucionales al interior tanto de procuradurías y policías”.
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Ciudad México, 5 de julio (SinEmbargo).– A un año de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sólo en menos de la mitad de los delitos por los que se abre algún expediente hay avances en la investigación suficientes como para enviarlos a los tribunales.
Así lo encontró una investigación elaborada por el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) sobre los primeros meses de iniciada la operación de la Reforma Estructural al Sistema de Justicia Penal, cuya mayor característica es la sustitución de juicios orales por los escritos y vigente en todo México desde el 18 de junio de 2016.
“La Reforma al Sistema Acusatorio trata de responder ante un sistema que no era efectivo para garantizar un acceso a la justicia”, comentó Karen Silva, investigadora del Cidac. “En términos generales, lo que estamos viendo ahora es que ya se están generando prácticas que también hacen que el sistema potencialmente pueda llegar a ser ineficiente, pero no por una cuestión de diseño del sistema, sino de que no se están generando las capacidades institucionales al interior tanto de procuradurías y policías”, agregó.
El Cidac presentó esta mañana su informe de resultados denominado “Hallazgos 2016”, en el que reporta que, en promedio, las fiscalías y procuradurías estatales (que entregaron información para el estudio) lograron avanzar sólo en el 40 por ciento de los casos por los que abrieron carpetas de investigación, mientras que el 60 por ciento continuó en trámite o sin que el ministerio público lograra acreditar el cuerpo del delito y encontrar a un probable responsable.
Del 40 por ciento de los casos en los que sí hubo avances, sólo un cuatro por ciento fueron “judicializadas” –término que sustituyó el de la “consignación al Poder Judicial”–, mientras que la mayoría, o un 18 por ciento, fueron enviados al archivo temporal, en un 15 por ciento se declaró el no ejercicio de la acción penal, y en el restante tres por ciento se declaró incompetencia.
El problema de la investigación en el ámbito federal es casi similar, ya que la Procuraduría General de la República, entre 2014 y 2016, presentó indicadores de sólo un 52.2 por ciento de avance en los casos a los que abrió carpeta de investigación.
De esta mitad de delitos en los que sí pudo avanzar, sólo en un 24 por ciento pudo acreditar elementos para enviar a tribunales (o acreditar cuerpo del delito y probable responsable), mientras que otro 30 por ciento de los casos fueron enviados al archivo temporal y otro 26 por ciento se declaró el no ejercicio de la acción penal.
En número absolutos, el Cidac muestra que en el periodo analizado, la PGR inició 63 mil carpetas de investigación y sólo en 10 mil 571 casos pudo acreditar la existencia de un delito y a un probable responsable; es decir, en un 16.7 por ciento del total de los casos.
El margen de impunidad es aun mayor, mencionaron los ponentes, cuando se observa que, de los casos que la PGR pudo enviar a tribunales, en el 99 por ciento hubo algún detenido en flagrancia; mientras que sólo uno por ciento de estos casos fueron producto de algún trabajo de investigación ministerial.
Uno de los principales problemas detectados en esta etapa del procedimiento penal es la falta de capacitación a los policías, que es en quienes recae ahora la obligación de buscar y presentar evidencias contra probables delincuentes pero que, encontró el estudio, en un 25 por ciento, dijeron sentirse poco capacitados para esta misión.
En coincidencia, hasta un 75 por ciento de los agentes del ministerio público dijeron considerar como ineficiente el trabajo de los policías.
“No hay mecanismos de investigación; esto evidencia las fallas en las etapas previas (…) no existe inteligencia criminal ni un modelo de investigación”, dijo María Novoa, directora del programa de Justicia del Cidac y también presentadora del estudio. “Es importante que sí se fortalezcan las capacidades de las procuradurías y las policías para que se logre erradicar la impunidad porque, si estas prácticas siguen preservándose, no se va a garantizar un acceso efectivo a la justicia”, agregó Silva.
Otros datos contenidos en el informe muestran que la mayor parte de los casos que judicializa la PGR son patrimoniales y por la aplicación de Ley de Armas de Fuego y Explosivos, mientras que en otros casos, como por delitos electorales, no se ha judicializado un solo caso desde 2014.
“La probabilidad de que hoy una víctima tenga una respuesta por parte del Estado se están viendo reducidas porque las procuradurías no están teniendo las capacidades para investigar, para llevar los casos ante los jueces, o incluso para darles salidas alternas, que eso no significa impunidad, pero tampoco está sucediendo”, agregó Silva.
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