El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, ignora a las madres de las víctimas de feminicidio. Si van a tocarle la puerta de Palacio de Gobierno donde despacha, se la cierra y no las recibe. Si se le pregunta si alguna vez las atenderá, también sigue su camino sin contestar. Y mientras él sigue negándose a una reunión con los familiares de las asesinadas y desaparecidas en el territorio que gobierna, más mujeres son violadas, desaparecidas y ejecutadas. El llamado es desesperado: activistas, mamás, papás, hermanos, hermanas, le exigen a Eruviel que emita una alerta de género y que no detenga más ese mecanismo. Pero la respuesta es el silencio. La situación en el Edomex no sólo se limita a una falta de atención de las autoridades, sino también a una política de terror en contra de quien protesta y alza la voz. Hay intimidación, llamadas amenazantes y atentados. Pero no pasa nada: las víctimas siguen clamando y, además, están aterradas…
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– “Por favor, si alguien que no tiene que venir aquí y está, que diga su nombre. Sabemos que viene gente del gobierno, no pasa nada, pero que se identifiquen. Hay que tener mucho cuidado, porque hay criminales que se pueden sentir molestos con esto que estamos haciendo. Por favor digan su nombre y anótense en esta lista”, dijo Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género y colaborador del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ecatepec, Estado de México, que viajaban a bordo de un autobús que recorrería los lugares emblemáticos donde se cometieron crímenes en contra de una mujer.
Esto sucedió la semana pasada, cuando varios familiares de víctimas de feminicidio arrancaron una campaña de protesta en el Estado de México, para recordarle al Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas, que las muertas de ese estado, sí importan.
Abordaron el autobús una mujer y dos hombres ajenos al movimiento, uno de ellos portaba una gorra que nunca se quitó. Estaban ahí, en silencio, en el anonimato. En un transporte repleto de víctimas, activistas y periodistas.
Pero no pasaron desapercibidos, algunas madres que protestaban los reconocieron y avisaron a los organizadores que tres personas del Ayuntamiento de Ecatepec iban a bordo sin identificarse. En una parte del recorrido, en la plaza del Pueblo de Santa María Chiconautla, llegaron varias unidades de la policía municipal y se plantaron frente a las manifestantes. El de la gorra habló con uno de ellos y se retiró del lugar.
“Sin duda había estas personas sospechosas, al final en el camión íbamos del Observatorio, periodistas, familiares, muchos familiares, al final, que bueno que estuvieron, que nos acompañaron, que entiendan que es un movimiento pacífico, serio, de lucha por la justicia. Nos llamó la atención que se acercara la policía en esa plaza donde estuvimos. Creo que esas personas estaban ahí no para amenazarnos, sino para ver. Pero es un exceso. Espero que hayan entendido lo que viven estas mujeres”, dijo Rodolfo.
Sin embargo, no es la primera vez que sucede una escena parecida. Las “orejas” del gobierno siempre están al asecho, sólo que en esta ocasión llegaron al límite de abordar el autobús, dijo Yurtizi Hernández de la Rosa, activista de la Alianza por los Derechos de la Mujer.
“Después de la visita que hicimos a Ecatepec realizamos una evaluación, estamos muy asustados. Tres familiares de víctimas no se acercaron por esa situación de acoso, amedrantamiento, a una de ellas a las hora que tenía que ir al lugar, le habla el Ministerio Público y la cita. Una de las señoras que tuvo el valor de acompañarnos estaba golpeada”, dijo Hernández de la Rosa.
Yuritzi se refirió a Cruz Pérez Moreno, madre de Jessica Lucero Olvera Pérez, asesinada el 14 de julio de 2012 en Ecatepec, Estado de México, quien dijo a SinEmbargo que dejará de buscar justicia porque unos sujetos ingresaron a su domicilio e intentaron secuestrarla después de que acudió a las autoridades para revisar el caso de su hija.
La arrastraron por el patio oscuro de su vivienda y lastimaron la columna y cuello. Todo porque un día antes, Cruz Pérez acudió al penal de Chiconautla con dos abogadas para revisar el expediente de su hija de 14 años, quien fue asesinada un mes después de que denunció a su violador.
“Un vecino violó a mi hija y fuimos a denunciar, pero como no teníamos los dos mil pesos que nos pidieron para investigar, mi hija tres semanas después de la denuncia fue amenazada por su violador y una semana después, desapareció y al día siguiente la encontré muerta. La violaron y le aplastaron a cabeza con una piedra”, dijo.
Jessica apareció con la cabeza destrozada en un baldío. Se detuvieron a dos presuntos responsables: hoy sólo uno de ellos está preso y el otro exonerado. El primer violador está prófugo.
YO QUIERO PEDIR JUSTICIA
“Yo quiero pedirle al Gobernador [del Estado de México] Eruviel Ávila que haga justicia. Quiero decirle que voy a dejar todo en manos de las autoridades, porque ya no puedo seguir. Después de esto tengo miedo y tengo más familia, otros hijos a los que les voy hacer falta. La verdad después de esto, ya no puedo hacer más”, dijo Cruz Pérez con un collarín en el cuello.
Cruz Pérez realizó un recorrido junto con otros familiares de víctimas de feminicidio y organizaciones civiles defensoras de los derechos de la mujer. Cargó una cruz de madera rosa y la colocó en la plaza del Pueblo de Santa María Chiconautla, en donde desaparecieron cuatro jovencitas. Pero estaba aterrada, tenía miedo y no era para menos, la mujer apenas si podía caminar por los traumatismos que le causó el forcejeo con sus agresores.
“Tenemos el miedo, estamos preparándonos para ver qué descubrimos en los otros municipios que recorreremos, hay terror. Estamos muy preocupados y está rebasando nuestras expectativas”, dijo Yuritzi.
La activista aseguró que las víctimas son acosadas y extorsionadas por el Ministerio Público, una práctica común en el Estado de México.
“Cuando denuncian que son extorsionadas por los MP, son acosadas y no investigan sus casos. En lugar de hacer su trabajo acosa, disfrazan las cifras y la investigación”, indicó.
Yuritzi aseguró que la presencia de elementos del gobierno de Ecatepec en aquel autobús, fue un acto intimidatorio.
“Fueron a escuchar, a espiar. No fue para escoltarnos, fue para intimidarnos. En el Estado de México, no sólo no se tiene acceso a la justicia, sino que los agresores vuelven a agredir a las víctimas y no pasa nada”, dijo.
David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, detalló que el acoso es institucional en la mayoría de los casos. Como ocurre en el caso de la señora Cruz Pérez, quien su persecución inició cuando denunció al MP por cobrarle dos mil pesos para investigar.
A raíz de aquella denuncia, su hija después de ser violada, fue violada otra vez y asesinada. Los asesinos quedaron impunes y Cruz Pérez, es victimizada una y otra vez.
“Cuando ella denuncia, afuera de su casa tiran disparos al aire. Las autoridades no hacen nada, no hay resguardo de la familia. En el caso de la señorita que fue baleada en el pecho y recibió otro en la sien, dice que la fiscalía de homicidios le dice ‘si usted va con medios, ya no vamos a investigar’, no la tratan bien, no le dan información. A otras mujeres les llaman por teléfono y las amenazan”, dijo.
EDOMEX: EL PEOR ESTADO PARA SER MUJER
En 2012, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó una investigación propia en donde identificó en el Estado de México “un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia de la entidad”.
Desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto –planteó el reporte– se registraron 1,003 casos de presuntos feminicidios en la entidad, concentrándose el 54 por ciento en 10 municipios del Estado de México, entre los que destacan Ecatepec, 118 casos; Nezahualcóyotl, 71 casos; Tlalnepantla, 53 casos, y Toluca, 45 casos. También se han reportado homicidios de género en Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
“El peor lugar para ser mujer es el Estado de México, no es Chihuahua, es aquí, donde yo como mujer no me siento insegura, sales a la calle y no sabes con quién te vas a topar”, dijo Yuritzi.
La alerta de género ha sido negada en el Edomex en tres ocasiones y actualmente se analiza por cuarta ocasión, emitir el mecanismo o no.
“Urge la alerta, hay una chica que asesinan a su hermana, el asesino luego la secuestra y la viola sistemáticamente durante un año. La familia se la lleva a otro municipio y el asesino va con un montón de hombres armados a querérsela llevar otra vez. Eso pasa aquí, una y otra vez, y qué pasa con Eruviel, ni siquiera nos recibe, no quiere hablar con los familiares de las víctimas. Cree que la alerta de género es en su contra, que lo va a perjudicar, cuando es necesaria”, explicó.
Para Rodolfo Domínguez las mujeres en el Estado de México perdieron la confianza en las autoridades. Muchas ni siquiera se atreven a denunciar a sus agresores.
“En el Estado de México las agresiones vienen desde el Estado, los violentadores, la corrupción y la ineptitud. La impunidad, la permisibilidad y la inacción del Estado es un riesgo. El Estado siempre será responsable, porque está obligado a atener la violencia”, dijo.
Domínguez explicó que tanto activistas como familiares de las víctimas siguen esperando una respuesta de Eruviel Ávila y también de que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, los reciba.
“Hay demasiada evidencia, no vale la pena tapar el sol con un dedo, que se siente con las víctimas, que conozca directamente qué es lo que está pasando, que las escuche. No estamos mendigando, es un deber del Estado investigar, garantizar el acceso a la justicia. La declaratoria de alerta de género, es un mecanismo generoso para aportar soluciones”, dijo.
En el trayecto, en la búsqueda de justicia, los casos siguen llegando y se acumulan. Se solicitan medidas de protección que nunca llegan, se asesinan a mujeres que ya denunciaron y se sentaron frente a un MP.
“Para los MP son números, son estadísticas. Pero para la señora Cruz, su hija Lucero era su bebé, era su niña y se la violaron y mataron con una piedra en la cabeza. A ella le despedazaron su vida. Para ella, no es un número”, dijo Yuritzi Hernández de la Rosa.
