Sólo dos de los dueños de la Guardería ABC fueron sentenciados a 28 años de cárcel: Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, representante legal y secretario del Consejo de Administración sentenciados.

“Se les exoneró a los demás dueños de la guardería, dejaron a dos porque son accionistas administrativos, los otros porque son capitalistas, pero todos tienen un grado de culpabilidad, son parte de algo, son dueños y culpables de un tráfico de influencias”, dijo Ofelia.

Los padres de los niños aseguraron que hasta la fecha ninguno de los sentenciados está en la cárcel, pues se desarrollan apelaciones en ambas partes ante el Juez de la Segunda Instancia.

Julio César Márquez, papá del pequeño “Yeyé”, muerto en el incendio, coincidió con Ofelia y opinó que las sentencias son reducidas.

“Se quedan cortos. Sí creo que por la gravedad de la tragedia dividir 29 años entre 49 niños y 100 lesionados, es demasiado corto. Además si bien se dictó sentencias en los primeros días de mayo, no quiere decir que ellos hayan hecho justicia, apenas es la Primera Instancia, vienen las apelaciones, los sentenciados no van a quedarse con las manos cruzadas, debido a las fallas en el sistema legal nada garantiza que estas penas vayan a prevalecer”, expuso.

EL LARGO CAMINO POR JUSTICIA

Lorenzo Húguez Gálvez, padre de la niña María Jimena, dijo que las autoridades mexicanas les “han quedado a deber”.

“La gente que tuvo que ver en esto, que daba instrucciones, órdenes, no está en los procesos, está de lado y fuera de cualquier alcance legal que pudiera tener la justicia para con ellos. La investigación se ha encaminado a terceras personas, que eran burócratas detrás de un escritorio; gente que les tocó vivir, y que los están haciendo responsables”, opinó.

Para Lorenzo no hay duda de que el incendio fue provocado en la bodega de la Secretaría de Hacienda, contigua a la guardería, para eliminar documentos comprometedores de la administración de Bours Castelo y no se dio por un corto circuito.

Es decir, los autores intelectuales del siniestro están libres y gozan de total impunidad, expuso el padre de uno de los niños.

“El incendio fue provocado, no se originó en un cooler. Un bulto de papel no se enciende con una chispa. Hubo químicos, hemos contrastado las imágenes que se tomaron un día después del siniestro y hemos verificado las fotos de los peritajes de hoy en día, las imágenes son distintas. Vemos escenas alteradas, lo pudimos ver claro en los expedientes de la PGR, contrastamos el primero con el último y se observan fotos que a lo mejor no son de ahí”, explicó Lorenzo.

En enero de 2010, el perito estadounidense David Smith realizó un estudio sobre el siniestro de la guardería ABC y concluyó que el incendio fue provocado.

El Juzgado Primero de Distrito integró el peritaje al año siguiente al expediente del proceso que sigue por el caso. El especialista contradijo la versión de The McMullen Company, quien consideró que el siniestro inició por un corto circuito en el enfriador de aire ocasionó el fuego en la bodega.

Smith integró en su peritaje la falta de electricidad en la bodega y la lejanía del enfriador del punto donde inició el fuego.

El incendio comenzó antes de que la última persona abandonara la bodega contigua a la estancia infantil, concluyó Smith.

En 2013, la hipótesis de un incendio provocado se convirtió en una línea de investigación con testigos y apuntó al ex Gobernador Eduardo Bours Castelo.

Los padres de Manos Unidas por Nuestros Hijos revelaron ese año que la PGR investigaba la posibilidad de que el siniestro fue provocado por funcionarios cercanos al ex Gobernador Bours para destruir documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos del programa Plan Sonora Proyecta.

Ofelia Vázquez Ruelas declaró en esa ocasión que existían pruebas y un testigo que vio ese día en el almacén de la Secretaría de Hacienda a tres hombres comandados por Carlos Andrés López Meza, quien era chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, secretario Técnico de Bours Castelo.

“Estas personas presuntamente prendieron fuego al lugar para desaparecer los papeles”, indicó y reveló que dos meses después de la tragedia, Carlos Andrés López Meza fue ejecutado en Sonora con nueve impactos de bala.

La tragedia de la guardería ocurrió justo antes de concluyera la administración de Bours Castelo, al final de las campañas políticas y le costó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), la gubernatura.

Durante la primera quincena de mayo de 2009, un mes antes de lo sucedido en la guardería ABC, Consulta Mitofsky daba una ventaja de 15 puntos (con 49% de la preferencia electoral) al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Elías Serrano, sobre Guillermo Padrés Elías, del Partido Acción Nacional (PAN).

El 29 de junio de ese año, la encuesta de Mitofsky señalaba que el incendio de la guardería aún estaba ausente en las preferencias electorales, pero el periódico El Universal anunciaba al día siguiente los resultados que colocaba al PAN al frente en la contienda con 49% de los votantes contra 45% de las preferencias para el PRI.

El domingo 5 de julio de ese año el priismo, que llevaba más de 70 años en el poder en Sonora, cayó y se erigió como nuevo Gobernador el panista Padrés Elías.

El mismo Eduardo Bours Castelo reconoció, en conferencia de prensa y luego de conocer los resultados de las elecciones, que el incendio de la guardería incidió en la decisión final de los sonorenses. Sonora, adolorido por la pérdida, decidió en las urnas.

José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento 5 de Junio, recordó que son siete años de lucha y esfuerzo continuo, de desgaste emocional y físico.

“Nos ha traído consecuencias en la salud a muchas familias en estos siete años. El tener que reajustar nuestros proyectos de vida que fueron truncados, en lo personal, profesional y familiar. Hay algunos avances, pero se tiene una sentencia en Primera Instancia, nadie ha ido a la cárcel, 19 personas con sentencia, tres absolutorias, pero nosotros apelamos a la Segunda Instancia para que se tomen penas más altas y no se den estas sentencias”, planteó.

Además explicó que en materia de la Ley 5 de Junio en abril hubo un retroceso importante en Sonora.

“Los diputadas y diputados redujeron la distancia de los lugares de riesgo como almacenes de sustancias químicas de 500 a 100 metros, con estas reformas que se aplican a una Ley que aún no empieza a aplicarse, en verdad es un retroceso”, agregó.

En mayo la PGR anunció que realizará un nuevo peritaje en las instalaciones de la Guardería ABC y de las oficinas de la Secretaría de Hacienda donde inició el incendio.

García Quintana señaló que ese nuevo peritaje significa hacer un “mal uso del erario”, pues la PGR sólo está “reciclando una noticia”, como si fuera lo más relevante.

“Por sentido común es muy poco probable, es imposible, el lugar de los hechos ya ha sido alterado. Pero nosotros seguiremos esperando justicia, vamos a dar seguimiento a la acción penal por parte de la PGR y estaremos pendientes del desarrollo de nuestras denuncias”, dijo.

Este domingo los padres de los niños realizarán una marcha desde el Monumento a la Independencia al Zócalo capitalino a las 17:00 horas, además de otras actividades.