Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- El dolor y la impotencia de que ninguna autoridad busque a las miles de víctimas de desaparición fueron expuestos ayer por familiares que, entre lágrimas, denunciaron que la impunidad los obliga a arriesgar la vida para tratar de encontrar a sus seres queridos.
“Soy la voz de miles de familias que estamos viviendo el mismo calvario, el mismo peregrinar, el mismo viacrucis entre autoridades omisas, insensibles, que no les importa escuchar nuestro dolor”, dijo Lucía Baca, madre de Alejandro Moreno, de 34 años y quien “desapareció” en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo en enero de 2011.
“Parece que necesitan que les pase a ellos para que los busquen. Hemos acudido a todas las instancias, en Nuevo León, en PGR, Policía Federal, hasta con Margarita Zavala, con la esperanza de que pudieran encontrar a mi hijo. Todas las familias hacemos la investigación, porque las autoridades no los buscan, ¡no les interesa!”, agregó la mujer.
Baca y varios familiares más de personas “desaparecidas” hablaron ayer martes públicamente de sus casos durante la presentación del informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México”, elaborado por la organización Amnistía Internacional.
En el evento, el investigador en México de la organización, Rupert Knox, insistió en que el Estado mexicano, además de ser probablemente responsable en varios casos de desaparición forzada, es también culpable de la negligencia que ha dejado crecer hasta más de 26 mil la cifra de desapariciones en el país.
“Esas 26 mil personas que están ahí en los registros de las procuradurías de los estados es la muestra de la negligencia que durante años permitió a la situación crecer a escala nacional y de crisis de derechos humanos”, dijo Knox.
“El gobierno ha intentado atribuir los crímenes a la delincuencia organizada, pero sin haber realizado ninguna investigación (..) y nosotros hemos documentado en este informe el involucramiento de fuerzas del estado”, agregó.
El informe se presentó la mañana de ayer martes en el museo Memoria y Tolerancia de esta capital, hasta donde llegaron varios familiares que, en la sesión de preguntas y respuestas, pidieron el micrófono para denunciar sus casos.
Con Baca –que habló desde el presídium y cuyo testimonio fue parte de la presentación– el resto de los familiares coincidieron en que las autoridades no cumplen con su trabajo de investigar los casos.
“A mi hija y a mi hermano los agarraron en la carretera de San Luis a Ciudad Mante, donde todo mundo sabe qué pasa y nadie le entra. El mismo procurador de Tamaulipas nos dijo no podían investigar porque era muy peligroso”, dijo Graciela Pérez, la primera en tomar la palabra entre el público.
“Y nosotros ya recorrimos Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, que está lleno de delincuencia y nadie hace nada… Ella es mi única hija”, agregó la mujer desde su silla y sosteniendo la pesquisa con la imagen de la víctima.
Luego habló Anastasio Rodríguez, padre de Alejandro Rodríguez, también desaparecido en San Luis Potosí. “Este año cumplo tres años de pasar por lo mismo que todas las víctimas, que nos convertimos en investigadores”, dijo el hombre, también entre el público.
Ante las intervenciones, Knox insistió en el efecto multiplicador que tienen la impunidad y la negligencia de las instancias investigadoras.
“Lo que es fundamental es romper el ciclo de la impunidad, y con eso quiero decir que todos los casos denunciados se tienen que investigar a fondo, y que es algo que no ha ocurrido”, dijo Knox.
Desde el pasado mayo, al presentar su informe sobre Derechos Humanos en México, AI denunció que la situación de violaciones generalizadas registrada durante el sexenio pasado no había cambiado con la nueva presidencia de la república.
Y ayer, al mencionar las medidas adoptadas por el nuevo gobierno ante las desapariciones, dijo que la unidad investigadora anunciada sería insuficiente debido a que sólo sería integrada con 12 agentes del ministerio público que, en promedio, deberían resolver más de dos mil casos cada uno.
El documento del informe reporta que la policía y las fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales y que, por ello, muchos funcionarios públicos colaboran en las desapariciones realizadas por estas bandas criminales.
“La organización cree que, sobre la base de la información disponible, en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos, lo que convierte en un delito de desaparición forzada tal como está tipificado en el derecho internacional”, dice el documento.
Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero son las regiones con mayor número de casos de desaparición, agrega el documento.
