A pesar de su título cinematográfico, mi colaboración de esta semana no está dedicada a exaltar las cifras delincuenciales que agobian a los habitantes de la capital mexicana. No hay alguna intensión de dramatizar con el alarmante ascenso de la incidencia de los llamados delitos de alto impacto, el robo de autos con violencia, el asalto a mano armada a transeúntes o comercios, la violación y el secuestro. Tampoco se refiere a las prácticas corruptas de toda clase y nivel de autoridad, desde el policía de la esquina hasta los jefes delegacionales o el mismísimo jefe de Gobierno.

No, no es una alusión al inminente riesgo, grave por cierto, de que la Ciudad de México se quede sin su flamante Constitución, impulsada vehementemente por Miguel Ángel Mancera Espinosa e impugnada por contradecir a la Constitución General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la PGR, el Tribunal Superior de Justicia capitalino, la Presidencia de la República y varios partidos políticos. Una parte de la nueva Carta Magna, la referida a la legislación electoral para la capital, deberá promulgarse a más tardar dentro de 29 días. De lo contrario, no podrán efectuarse elecciones de jefe de Gobierno, alcaldes y diputados locales el 3 de junio de 2018, como está legalmente previsto.

Tampoco es una referencia a las prácticas cotidianas del cohecho, la mordida y el moche. No se trata de pasar lista a quienes infringen las leyes impunemente lo mismo para ejercer el comercio en vía pública que para evadir las disposiciones que norman a los establecimientos mercantiles: el que paga mordida al patrullero de Tránsito o el desarrollador inmobiliario que se colude con el inspector o se mocha con el perito de la Seduvi para obtener un certificado de derechos adquiridos falso o de plano hace llegar al jefe delegacional una partida millonaria a cambio de que se tolere la violación de las normas y declaraciones asentadas en la correspondiente  manifestación de construcción.

Menos alude a la costumbre de apoderarse de espacios públicos para realizar actividades remunerativas particulares, como ocurre con casi todos los restaurantes, antros y centros de espectáculos a los que la ley obliga a proporcionar estacionamientos accesibles y suficientes a sus clientes, pero que prefieren irse por la vía de la ilegalidad mediante el soborno a quienes deberían hacer cumplir las normas.

En realidad, este texto y su título se refieren a usted y a mí, al ciudadano común y corriente que vive, se transporta, come, estudia, trabaja, hace deporte, se divierte en esta hermosa capirucha y que lo hacemos  precisamente como si se tratara de una ciudad sin ley. Ni en nuestra idiosincrasia, ni en nuestra cultura, ni en nuestras normas éticas existe la noción siquiera de que es necesario acatar las leyes que nos hemos dado para poder llevar a cabo una convivencia elemental y acceder a un elemental Estado de Derecho.

Condenamos la corrupción de los funcionarios públicos, rateros, pero nos parece normal cometer “pequeñas” infracciones cotidianas como tirar basura en plena calle, escupir u orinarse en la banqueta,  pisar los prados o soltar a nuestros perros en un parque público. Por eso también ni siquiera lo pensamos antes de trepar nuestro auto en la acera, dejar el bote de desperdicios en la vía pública, colocar anuncios en lugares prohibidos, dejar el cascajo en el arroyo vehicular, agandallar cajones de estacionamiento con sillas o huacales, apropiarnos de la banqueta para extender nuestro negocio con más mesas y sillas, aunque no dejemos paso a los transeúntes.

Ante el reclamo de algún loco que todavía cree que las leyes existen para ser respetadas, nuestra respuesta es inequívoca: “¿Y a usted en qué le afecta?”, decimos. “Si todo mundo lo hace”, es otra, o de plano el  “y a usted qué  le importa”. Es más: nos molesta como pocas cosas en la vida que alguien venga a recordarnos nuestros deberes. Y no es raro que contestemos con una agresión verbal o física. He ahí el germen de la corrupción, la prepotencia y el cinismo.

Y es que los capitalinos ni siquiera sabemos de la existencia de una Ley de Cultura Cívica, promulgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 31 de mayo de junio de 2004, durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sus objetivos son establecer reglas mínimas de comportamiento cívico, garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados; regular el  funcionamiento de la Administración Pública en su preservación, y determinar las acciones para su cumplimento.

Esa Ley desconocida establece en su Artículo 23 que son infracciones contra la dignidad de las personas, por ejemplo,  vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona o permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les esté prohibido. Son infracciones contra la tranquilidad de las personas, pone el Artículo 24, prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo, poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan hedores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos, producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de los vecinos, impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común, obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización del propietario o poseedor del mismo, incitar o provocar a reñir a una o más personas, y ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo la realización de trámites que en la misma se proporcionen, sin tener autorización para ello.

En el Artículo 25 se enumeran las infracciones contra la seguridad ciudadana: permitir el propietario o poseedor de un animal que éste transite libremente, o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias; impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, usar las áreas y vías públicas sin contar con  autorización que se requiera para ello, vender e ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos…

Efectivamente, nada de eso es cierto. La supuesta normatividad que nos rige es en los hechos pura fantasía. En esta CDMX a punto de tener su propia Constitución, cada  quien puede hacer lo que le dé la gana, incluido el delinquir. Y la autoridad es cómplice. Vivimos, ni modo, en la Ciudad sin Ley. Válgame.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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