Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– Después de tres años de que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional emprendieran una lucha en los juzgados para que se emita Alerta de Género en el Estado de México, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) determinó iniciar la investigación de los hechos señalados por las organizaciones.
En este contexto, ambos organismos han exhortado al Presidente Peña Nieto –ex mandatario de la entidad– a garantizar el funcionamiento del Sistema; al Gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, a que proporcione datos reales, y a la Secretaría de Gobernación (Segob) a tomar en cuenta a la sociedad civil.
La decisión del Sistema, presidido por la Segob, se da tras ser desechada la queja del gobierno federal contra la decisión del Juez Noveno de Distrito que amparó desde 2012 a las ONGs contra la negativa para emitir Alerta de Género en el Estado de México.
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Las muertas del Estado
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El Observatorio y la Comisión interpusieron un amparo hace tres años contra la negativa de la Alerta de Género en el Estado de México. Desde el 2012 el Juez Noveno de Distrito otorgó el amparo obligando al SNPASEVM a motivar y fundamentar la resolución de la Alerta.
En 2013 el Poder Judicial Federal ratificó la decisión del Juez Noveno de Distrito, a lo que la Secretaría de Gobernación respondió con una queja cuestionando las facultades y alcances de la sentencia. “Afortunadamente, dicha queja fue rechazada recientemente por ser improcedente”, informaron en días pasados los organismos civiles.
Ahora que el gobierno federal ha determinado a conformar al grupo multidisciplinario que analizará esta Alerta de Género, las ONGs han exigido al Gobernador Eruviel Ávila a entregar información “pormenorizada, amplia, profunda, veraz, fidedigna y suficiente”.
De lo contrario, dijeron, “estaría contribuyendo a la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en la entidad”.
Tambien exhortaron al Presidente Enrique Peña Nieto, ex Gobernador de ese estado, a que garantice que durante su administración el Sistema funcione de manera imparcial, para lo cual, exigieron que instruya a su gabinete a que priorice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por encima de intereses político-partidistas.
Asimismo pidieron a la Secretaría Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que integrantes de la sociedad civil formen parte del grupo multidisciplinario, que investigará en el Estado de México la Alerta de Género.
“Se exige que este grupo de investigación se allegue de toda la información existente, por parte del gobierno del estado de México, así como de aquella que puedan proporcionar la sociedad civil, investigadores independientes, académicos y víctimas de feminicidio y violencia contra las mujeres”, dice el posicionamiento de las ONGs dado a conocer este día.
Los organismos civiles lamentaron que por la falta de políticas públicas, mil 566 mujeres hayan sido asesinadas en siete años. Asimismo denunciaron que, de acuerdo con cifras de la ONU, en México cada día se cometen 6.4 asesinatos de mujeres, de los cuales más de la mitad se consideran feminicidios por la saña con la que fueron agredidos los cuerpos.
Los registros comprendidos entre 1990 y 2011 muestran la vocación del Estado de México de ser el lugar donde más mujeres se asesinan en México; en esos veintiún años ocupó en once ocasiones el primer sitio en tasa de mortalidad por agresiones a mujeres.
Durante las pasadas dos décadas, en ningún otro lugar de México la vida de las mujeres ha corrido más peligro que en el estado del que es originario el Presidente de la República.
Esta posición fue ocupada de manera ininterrumpida entre 1990 y 1997. En ese periodo la entidad tuvo tres gobernadores: Ignacio Pichardo Pagaza, hoy consultor privado en asuntos públicos; Emilio Chuayffet Chemor, en el presente Secretario de Educación Pública, y César Camacho Quiroz, hoy presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El mayor registro de feminicidios recayó nuevamente en el estado durante 2000, 2001 y 2003, durante el gobierno de Arturo Montiel Rojas, tío y predecesor de Peña Nieto, quien recibió la administración en 2005, año en que el peor lugar para ser mujer en el país fue nuevamente el Estado de México.
