Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– México es uno de los cinco países en el mundo con mayores riesgos de enfrentar secuelas por la explotación de gas shale a través del llamado fracking o fractura hidráulica, toda vez que es la cuarta nación con el mayor número de reservas de este energético, advierte un documento elaborado por el Movimiento Mundial Antifracking.
En el documento llamado “Qué quiere, cómo opera y lo que sigue”, el movimiento destaca que en México existen 681 reservas de gas shale en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, lo que hace a estas entidades, una vez que inicie la explotación en serie, susceptibles a los desastres ecológicos con los que se asocia a esta práctica.
También advierte que las políticas oficiales en el país ante los riesgos que representa esta práctica son “moderados”, lo que significa que “existen importantes desafíos a los que no se puede hacer frente, por ejemplo, la presión que pueden ejercer las grandes empresas para conseguir contratos. Los grupos de presión ‘hostiles’ pueden ejercer una influencia desproporcionada sobre el gobierno y la política”.
Además destaca que en México la infraestructura para realizar este tipo de operaciones es deficiente y los sindicatos no estarán en condiciones de ejercer la presión suficiente para impedir que se realice la explotación de pozos del energético.
El documento “Chale con el gas shale”, elaborado por la organización ambientalista Greenpeace, establece que Petróleos Mexicanos (Pemex) estima que sólo para explorar las posibilidades de gas shale en el país sería necesaria una inversión de aproximadamente 30 mil millones de pesos en los próximos tres años para 195 pozos, de los cuales casi 300 millones de pesos ya se han gastado en trabajos exploratorios.
Considera que se requerirá un presupuesto estimado de 600 mil millones para el óptimo desarrollo del hidrocarburo para los próximos 50 años.
El término está asociado al gas shale que se encuentra atrapado en los sedimentos de esquisto. Su extracción se hace a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking, que empezó en Estados Unidos en la década pasada y que años después ocasionó que miles de familias se encuentren atrapadas en medio de agua potable y aire contaminados. Las pérdidas para los ciudadanos, sólo en ese país, se calculan en miles de millones de dólares.
La explotación del gas shale es uno de los puntos centrales de la Reforma Energética, propuesta por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
La técnica parte de la perforación de un pozo vertical que, una vez alcanzada la profundidad deseada, da paso a una perforación horizontal que puede extenderse entre 1 y 1.5 kilómetros. Esta perforación se repite en diferentes direcciones, partiendo del mismo pozo de perforación vertical inicial.
Una vez hechas las perforaciones, y debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto, es necesario fracturar con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que liberan el gas. Pero el flujo disminuye muy pronto y para mantener la producción, es necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica en un mismo pozo. Un mismo pozo puede ser fracturado hasta 18 veces.
LOS PRIMEROS EFECTOS
Datos de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, integrada por distintas organizaciones civiles para oponerse a esta práctica, plantean que se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua para la fractura de un solo pozo. La explotación de los 20 mil pozos anuales que se está planteando en México desde diversos sectores, supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año.
Esto traería, consecuentemente, la disminución de la cantidad de agua disponible para otros usos.
En Coahuila, una de las regiones donde esta actividad se está realizando, la disponibilidad de agua es ya limitada, según las organizaciones civiles.
Ademñas, el Congreso del Estado de Nuevo León exigió el mes pasado al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz que, “de manera urgente”, conforme una comisión investigadora para determinar si el uso del método de extracción de gas shale, es el culpable del aumento de los sismos en la entidad.
Luego de que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) presentara un estudio que relaciona el aumento de la actividad sísmica con la controversial técnica extractiva del fracking en diversos municipios de Nuevo León, por unanimidad los diputados locales aprobaron el exhorto al Gobernador e incluso propusieron que se detenga su uso hasta que un grupo de expertos determine sus consecuencias.
Estadísticas recientes del Servicio Sismológico Nacional (SSN) muestran un aumento en la intensidad y la frecuencia de sismos en Nuevo León, entidad que sólo este año reporta más de 40 movimientos telúricos de entre 3.1 y hasta 4.3 grados en la escala de Richter.
El 23 de marzo, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, exigió prohibir la aplicación de técnicas como el fracking, para la explotación del gas shale, pues argumentó que “representa un crimen al medio ambiente, al utilizar inmensas cantidades de agua potable”.
El legislador expuso esto en respuesta a las recientes declaraciones de especialistas que han encontrado una posible relación entre la implementación del fracking en algunas regiones del norte del país y el incremento de la actividad sísmica en estados como Nuevo León.
“Desde las discusiones en torno a la Reforma Energética expresamos los riesgos que implica la técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking, tanto en el medio ambiente como en el bienestar de las personas y la depredación social y ecológica que ocasiona”, planteó.
“Lo que está ocurriendo a raíz de la extracción de gas en la Cuenca de Burgos, puede expandirse a lo largo del país si no ponemos un freno a la implementación del fracking, sobre todo en el contexto de la próxima aprobación de la legislación secundaria en materia energética”, dijo.
También expuso que en dicha legislación se debe precisar este tipo de prácticas de explotación, porque como este caso podría representar la gran oportunidad para establecer su prohibición total en México como acontece en Francia y Bélgica.
El secretario de la Comisión de Energía de San Lázaro precisó que existen estudios que revelan que al menos 19 derechos humanos serían violados de manera directa o indirecta por medio de la implementación del fracking .
Informó que se analizan posibles alternativas para buscar su prohibición para que no se permita ni antes, durante y después del proceso que conlleva el fracking.
También destacó su preocupación por las declaraciones del Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, en el sentido de que ahora se explotan mil 500 kilómetros cuadrados para dar paso a la extracción del gas shale en los municipios de Guerrero, Hidalgo, Villa Unión, Allende, Nava y una parte de Piedras Negras.
Dijo que es alarmante porque “aún no se establecen los lineamientos que regularán las modificaciones aprobadas para el sector energético en el país y ya están haciendo cuantiosas proyecciones y posibles negocios en relación con el fracking.
MÉXICO, CUARTO EN EL MUNDO
A nivel de países con mayores reservas mundiales de gas shale, México se encuentra en cuarto lugar, sólo después de China [1,275], Estados Unidos [862] y Argentina [774], según el documento.
A pesar de que en el país se ha desarrollado un movimiento de activistas que advierten sobre las consecuencias de esta práctica [como La Alianza Mexicana contra el Fracking] no se ha logrado hacer conciencia sobre los efectos que tendrá el fracking en el agua y el aire.
“Videos en YouTube pretenden mostrar agua contaminada con gas que se prendió fuego por los efectos del fracking, y eso es los que circula entre los activistas ambientales mexicanas, pero todavía no ha surgido una acción directa para oponerse”, consideró la organización activista.
También agregó que hasta ahora se intenta ver al fracking como una fuente de empleo y desarrollo económico, a pesar de que aún no se cuenta con el marco regulatorio bajo el cual se regirá su explotación.
