Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– Ciudadanos entregaron este día al Senado de la República 20 mil firmas para exigir que no se ratifique la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mediante una extensa carta, diversas personalidades del ámbito académico, político, defensores de derechos humanos y periodistas, califican a Medina Mora como “incapacitado” para ocupar un lugar en la Suprema Corte del país.
A nombre de los ciudadanos organizados, Jorge Javier Romero investigador del CIDE, afirmo que la petición no se basa en estridencias, sino en una evaluación del pésimo desempeño de Medina Mora como servidor público, en los distintos cargos que se ha desempeñado.
Mediante una petición en la plataforma Change.org, los organizadores entregaron 20 mil firmas al Senado, pero aseguraron que ya suman 21 mil firmas y siguen aumentando.
En el texto que acompaña la petición dijeron a la Cámara Alta que el perfil de quien ocupe la más alta magistratura judicial del país “debería ser tal que no solo resultara destacado e intachable en su trayectoria previa sino, sobre todo, debería abonar a reconstruir la confianza”.
“La postulación de Eduardo Medina Mora, lejos de contribuir a reconstruir la confianza, confirma la percepción de que la clase política prefiere nombrar a funcionarios que, aún siendo poco eficaces en el desempeño de su cargo, son propensos a inclinar su proceder por razones políticas”, refiere el texto que acompaña a la petición.
Los firmantes dijeron que al ser “la incompetencia y la parcialidad los dos males mayores que aquejan hoy al sistema de procuración e impartición de justicia en el país […], es un error hacer ministro a Medina Mora”.
Este lunes, la Comisión de Justicia del Senado declaró elegibles a los aspirantes propuestos por el Presidente Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del fallecido ministro Sergio Valls Hernández.
La terna será discutida este jueves en una reunión de la Comisión de Justicia, donde se prevé que los tres aspirantes sean declarados “elegibles” para ocupar el cargo. El dictamen será presentado y votado por el pleno del Senado el próximo martes 10 de marzo.
Los tres aspirantes: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, comparecieron ante la citada comisión para argumentar sus propuestas y responder las dudas de los senadores.
La inclusión de Medina Mora en la terna de ministros se ha convertido en un nuevo frente para el Presidente Enrique Peña Nieto, acusado por ese motivo de despreciar los derechos humanos e incluso la Constitución.
Para la organización familiar Pasta de Conchos “el comportamiento como servidor público de Eduardo Medina-Mora Icaza en el caso Pasta de Conchos lo incapacita como impartidor de justicia y anula su pretensión de constituirse como miembro de la Suprema Corte”.
La organización recordó que en 2008, como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Medina Mora rechazó la Recomendación 64/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se concluyó el ejercicio indebido de la función pública y la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, atribuibles a servidores públicos de la PGR, en perjuicio de los mineros del carbón fallecidos en la mina Pasta de Conchos y de sus familias.
“Eduardo Medina Mora dio la espalda, como Procurador de la República, a la lucha por el debido proceso en el caso Pasta de Conchos. De haber cumplido, se hubiera abierto una puerta al conocimiento de la verdad sobre lo sucedido y a la sanción de los responsables de la explosión […]. Justo esta negligencia fue el argumento para la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso”, denunció la organización en un comunicado.
Las familias de los mineros fallecidos en febrero de 2006 dijeron que Mora “ni atendió la solicitud de la CNDH de extraer de la reserva la averiguación previa mencionada, ni agotó las diligencias de investigación pendientes que estaban a su alcance , ni mucho menos investigó las irregularidades y omisiones en la práctica de los trámites necesarios para esclarecer los hechos”.
Dijeron que de haber procurado la justicia a su tiempo, hubiera podido llegar a la verdad de lo acontecido y se hubiera logrado el rescate de los restos de nuestros seres queridos.
Medina Mora ha sido director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretario de Seguridad Pública y titular de la Procuraduría General de la República (PGR), además de Embajador en el Reino Unido.
Varias organizaciones civiles lo acusan de estar “implicado en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, como la represión a pequeños propietarios que se oponían en 2006 al plan para construir un aeropuerto en San Salvador Atenco, en el Estado de México.
En la acción policial, ordenada por el entonces Gobernador de este estado, Peña Nieto, cuando Medina Mora era Secretario federal de Seguridad Pública, hubo dos muertos y 207 detenidos, entre ellos “47 mujeres de las que 26 denunciaron haber sido torturadas y violadas” por policías, señalaron en un comunicado conjunto.
Ya como Procurador General, en 2006, Medina Mora declinó su competencia para investigar aquellos hechos, según denunciaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otras organizaciones.
