Este año, 12 estados de la República Mexicana elegirán a sus nuevos gobernadores. La mayoría de esas entidades están ahora gobernadas por el PRI y por políticos que emergieron de alianzas. Pero el escenario puede cambiar, y es definitivo para lo que vendrá en la elección federal de 2018.
Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– Este año, 13 estados elegirán 547 alcaldes y 398 diputados locales, mientras que 12 de ellos votarán por sus nuevos gobernadores. Entidades como Veracruz y Puebla elegirán a un mandatario que estará al frente de la administración estatal por sólo dos años, un proceso que, además, ha sido criticado por analistas y politólogos.
Este año también será el de las alianzas renovadas entre viejos amigos: las que han pactado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) desde 2010 y que les han dado gobernadores y alcaldes en más de una elección.
En total participarán 26.6 millones de personas inscritas en la lista nominal en los comicios del 5 de junio del 2016. Veracruz es el estado donde habrá mayor participación ciudadana con más de cinco millones de electores inscritos en su lista nominal. Le sigue Puebla con más de cuatro millones y Oaxaca con casi tres millones de electores.
Los 13 estados en donde habrá elecciones están gobernados en su mayoría por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El tricolor tiene nueve de los 12 estados en donde se renovará al Gobernador constitucional: Aguascalientes, gobernado por Carlos Lozano; Chihuahua, de César Horacio Duarte; Durango, de Jorge Herrera Caldera, e Hidalgo de Francisco Olvera.
Así como Quintana Roo de Roberto Borge Angulo, Tamaulipas de Egidio Torre Cantú, Tlaxcala de Mariano González Zarur, Veracruz de Javier Duarte de Ochoa y Zacatecas de Miguel Alonso Reyes.
Además hay tres entidades gobernadas por un personaje emanado de coaliciones o alianzas electorales formadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el 2010: Oaxaca, gobernado por Gabino Cué Monteagudo; Puebla de Rafael Moreno Valle, y Sinaloa de Mario López Valdés.
Los tres fueron priistas que renunciaron al tricolor por una u otra razón, principalmente porque en su momento se les negó la candidatura y optaron por refugiarse en otras fuerzas políticas.
El proceso electoral que inició formalmente en octubre es importante porque trazará una vereda más clara hacia la elección presidencial del 2018.
Los partidos políticos de oposición, principalmente PAN y PRD, probarán si vale la pena formalizar las alianzas electorales para competir contra el partido en el poder el Revolucionario Institucional (PRI) y su incondicional Verde Ecologista de México (PVEM).
Estas alianzas ya se están concretando. A finales de diciembre del año que recién finalizó, Agustín Basave Benítez, dirigente del Sol Azteca, anunció que se concretó ir en alianza con el PAN en Durango y Zacatecas.
En Durango será el PAN quien defina al candidato, mientras que en Zacatecas, el PRD se encargará de seleccionar al abanderado.
De acuerdo con el presidente del PRD no serán las únicas alianzas. También se analizan candidaturas comunes con el PAN y mañana, en reunión el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, analizará otras coaliciones con el blanquiazul.
Las alianzas entre ambos partidos se justifican, de acuerdo con sus dirigentes, para darle la batalla al PRI y a sus aliados naturales en los estados donde habrá elecciones.
El proceso electoral 2016 también será el segundo compromiso electoral del partido de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. El Diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Virgilio Caballero, adelantó a este diario digital que Morena espera tener buenos dividendos en cuatro de los 13 estados en disputa. Principalmente en Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz y en Oaxaca.
Desde el ángulo opuesto a los partidos políticos, la elección 2016 tendrá un fuerte desafío respecto a las candidaturas independientes o ciudadanas.
Lejos de que la elección del próximo año sirva para consolidar esta figura y permita que la sociedad empiece a familiarizarse con ella, las candidaturas independientes tendrán revés en seis estados de los 13 en donde habrá elecciones.
Especialistas en materia electoral consultados por SinEmbargo afirmaron que el próximo proceso electoral da continuidad al reto de las instituciones del Estado mexicano por recuperar la confianza ciudadana en que los problemas pueden ser resueltos por la vía democrática, pero también mostrarán qué tanta disposición tienen los ciudadanos para hacer un cambio y castigar a los malos gobiernos por la vía del voto.
“Este proceso electoral que se avecina va a ser fundamental porque el país enfrenta el reto de [demostrar a la ciudadanía] que cualquier conflicto se puede canalizar y solucionar por la vía democrática y, además, que sí se puede confiar en las instituciones para elegir a sus gobernantes”, afirmó Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció la demanda ciudadana por lo que consideró que mencionó que ante la crisis de credibilidad y confianza que atraviesan instituciones y partidos políticos, la transparencia es una oportunidad para revertir la percepción de la ciudadanía.
Por no ser elección federal, el proceso electoral 2015-2016 no será responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), al menos no la mayor parte de él.
Como lo marca la legislación electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) son los encargados de la organización de las elecciones en su entidad federativa para la elección de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos.
“Los consejeros son representantes no de los ciudadanos sino de los partidos políticos, si usted analiza las listas de quienes quedaron en las OPLES se dará cuenta que son prácticamente los mismos nombres, y no porque estos sean muy efectivos, sino porque tienen apoyo político”, explicó Héctor Tejera, profesor investigador del Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
GOBERNADORES POR DOS AÑOS
La elección de 2016 también será un laboratorio para un experimento muy particular: Veracruz y Puebla tendrán elección para un Gobernador que durará menos de dos años en el cargo para homologar la elección gubernamental con la presidencial del 2018.
¿Qué puede hacer un Gobernador en 22 meses de gestión? Muchos especialistas consultados especulan que se trata en realidad de una jugada de los gobernadores de Veracruz y Puebla para dejar en el cargo a un incondicional que “limpie el tiradero”.
El argumento por el cual los congresos estatales avalaron los cambios es homologar los comicios gubernamentales con la fecha en que todos los mexicanos elegirán al Presidente de la República, en el año 2018.
Se dice que al empatar la elección estatal con la federal se acabará con la “escalera” electoral a lo largo del sexenio, se reducirán los costos de los proceso electorales y aumentará la participación ciudadana en las urnas.
No obstante, existen motivos para creer que esto no es así.
“Estos cambios no tienen que ver con homologar calendarios, reducir costos o simplificarle la vida a la sociedad, a los ciudadanos, tiene que ver con cálculos pragmáticos de los gobernadores en turno”, señaló Jorge Alcocer.
El especialista consideró que lejos de beneficiar a la sociedad, la medida tiene la verdadera intención esconder los yerros de los gobernadores de ambos estados “bajo el paraguas de la parafernalia mediática relacionada con la elección presidencial”.
Para el analista político Jorge Alcocer, en los hechos, estos minigobernadores serán mandatarios débiles, sin posibilidad de cumplir un proyecto de gobierno, y se limitarán a ser encargados de despacho, mientras llegan los tiempos para elegir al siguiente gobernador de un periodo de seis años.
De esta forma los más beneficiados serán los gobernadores Rafael Moreno Valle, de Puebla, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, quienes podrán mantener el control político en la entidad más allá de su propio sexenio.
Ambos gobernadores han sido polémicos y se han caracterizado por la violación de derechos humanos.
El 1 de diciembre de 2010, el priista Javier Duarte de Ochoa rindió protesta ante el Congreso del Estado como Gobernador Constitucional de Veracruz. Desde que él llegó al poder, su administración se distingue por ser la mas mortífera para los periodistas, pues de 2011 a la fecha han asesinado a 14 comunicadores que tienen en común el haber sido críticos a su gobierno.
El último reportero gráfico asesinado, amenazado por el Gobierno de Duarte según sus propias palabras, fue muerto en la colonia Narvarte del Distrito Federal cuando huía de las garras de sus verdugos: Rubén Espinosa Becerril.
Antes de morir torturado y con un tiro en la frente, denunció ante los medios de comunicación y organizaciones como Artículo 19, que el Gobierno de Javier Duarte lo amenazó de muerte y que era seguido y vigilado en Veracruz, razón que lo obligó refugiarse en la Ciudad de México, de donde era originario. No le sirvió de nada.
Junto con él fueron asesinadas y torturadas cuatro mujeres: Nadia Dominique Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martin. La primera era una activista que también huía de amenazas de muerte por su labor en Veracruz.
Nadia acusó directamente al gobierno de Javier Duarte si le sucedía algo. La joven tenía miedo. Se sentía amenazada.
La administración de Duarte está marcada por la violencia, inseguridad, pobreza. Sin embargo, Javier Duarte ha minimizado en reiteradas ocasiones la violencia que se vive en su estado, llegando incluso a declarar que en Veracruz ya no se hablaba de balaceras y asesinatos, sino “de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.
“Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”. Nada más alejado de la realidad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de diciembre de 2010 a agosto del año pasado en Veracruz hubo 3 mil 136 asesinatos.
En Puebla encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, han provocado que 134 personas, entre amas de casa, dirigentes sociales, campesinos, ambientalistas, activistas, mototaxistas y hasta los propios defensores de derechos humanos, estén –o hayan pisado– la cárcel y sean considerados presos políticos del Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
En marzo del año pasado el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla presentó el listado de las personas que han sido encarceladas en lo que va de la administración del panista Rafael Moreno Valle. Algunos continúan su proceso judicial en libertad, pero los juicios, firmas y comparecencias no terminan.
Moreno Valle lleva cuatro años al frente del Gobierno poblano, mismo que asumió el 1 de febrero de 2011. Durante su mandato, medios de comunicación, organizaciones civiles, pobladores y partidos políticos lo han acusado de “represor”.
–Con información de Sergio Rincón y David Martínez Huerta
