Los relatores de la ONU y la CIDH realizaron la semana pasada una misión oficial en México para examinar la situación de libertad de expresión. Detectaron que pese a que el Gobierno otorga mecanismos de protección, la situación de impunidad y violencia siguen poniendo en riesgo a los comunicadores.
Los expertos resaltaron que la necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, cuando se celebran elecciones federales, estatales y locales.
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Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La impunidad e inseguridad que azotan al país desde hace una década ha derivado en una severa crisis de violencia contra quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión, señalaron este día la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una conferencia conjunta, David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión, y Edison Lanza, de la (CIDH), urgieron al Gobierno de México a a “dar pasos audaces” para abordar la violencia que enfrentan quienes ejercen el periodismo, pues, señalaron, a pesar de la creación de mecanismos de protección, todavía impera esta situación a lo largo del país.
Los relatores realizaron la semana pasada una misión oficial en México para examinar la situación de libertad de expresión.
“Nos horrorizaron las historias que escuchamos de los periodistas, en las que presentaron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado. El acoso sexual contra mujeres periodistas, el desplazamiento forzoso de reporteros, los asesinatos y las desapariciones, así como una impunidad profunda, fueron elementos comunes en sus narrativas”, dijeron.
Los relatores resaltaron su admiración hacia las y los periodistas entrevistados por su pasión y compromiso con la sociedad mexicana, así como su anhelo de investigar sobre corrupción, crimen organizado u otros asuntos de interés público, sin importar los riesgos que saben que podrían enfrentar.
“La necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, cuando la ciudadanía mexicana votará en elecciones federales, estatales y locales. Garantizar la seguridad de los y las periodistas les permite recabar y difundir información sobre cuestiones del más alto interés público”, dijeron los expertos.
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Kaye y Lanza expresaron una preocupación especial por el hecho de que la vigilancia por parte del Gobierno federal contra comunicadores y activistas parece haber tenido lugar sin controles legales y judiciales.
Por este motivo, instaron al Estado mexicano a llevar a cabo una investigación independiente sobre los documentados informes sobre vigilancia digital de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y otros.
“México ya ha dado un paso loable creando estas instituciones [de protección]; ahora debería darles las herramientas para ser efectivas”, señalaron.
Los relatores especiales también refirieron a las recomendaciones emitidas por sus predecesores en 2010 y evaluaron el progreso de las mismas, encontrándose con autoridades de alto nivel, federales y estatales, en la Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas. Subrayaron un amplio rango de cuestiones como los esfuerzos para combatir la impunidad, el acceso a la información, la publicidad oficial, el pluralismo mediático, los derechos de las víctimas y expresaron preocupaciones alrededor de una ley de seguridad interior propuesta que afectaría negativamente la libertad de expresión.
Las recomendaciones de los enviados de la ONU y la CIDH incluyen el fortalecimiento del Mecanismo de Protección con recursos, tanto humanos como económicos, haciendo hincapié en que estas medidas deben ser respaldadas al más alto nivel político.
RSF DENUNCIA DESPLAZAMIENTO FORZADO DE PERIODISTAS
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hoy ante el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kane, el desplazamiento forzado de periodistas en México, “obligados a exiliarse en otras regiones del país durante largos periodos por cuestiones de seguridad”.
“Tan sólo en el año 2017, RSF dio seguimiento a nueve casos de periodistas mexicanos que padecían amenazas”, informó RSF, quien mencionó que estos profesionales habitaban en algunos de los estados más violentos del país (Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California y Michoacán).
Todos ellos optaron “por dejar sus ciudades de origen por razones de seguridad, algunos de ellos acompañados de sus familias”.
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Reporteros Sin Fronteras informó de esta situación también ante el Relator Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza.
Estos desplazamientos “tienen un impacto psicológico en las víctimas, quienes además de padecer aislamiento experimentan un sentimiento de culpabilidad frente a su familia y sus colegas. Esta situación suele engendrar una rápido deterioro de su estado de salud y el de su familia”, aseveró el organismo con sede en París.
En 2017, RSF contabilizó además once casos de periodistas asesinados en los que el crimen estuvo relacionado con su profesión, lo que hace de México el segundo país más mortífero del mundo para la prensa.
