Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El gobierno de Guerrero, que entonces encabezaba Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como el Ejército Mexicano, estuvieron al tanto, momento a momento, de los ataques de la Policía Municipal de Iguala en contra de normalistas de Ayotzinapa registrados la noche del 26 de septiembre.
Y, de acuerdo con la evidencia, no hicieron nada. Criminales y policías de Iguala tuvieron tiempo de acorralar a los estudiantes, dispararles, secuestrarlos y luego llevarlos con rumbo hasta ahora desconocido. Eso indican las minutas hasta ahora recuperadas por la Comisión de Diputados encargadas del caso.
Se trata de una misma impunidad con la que se dejó operar al ahora ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, antes de fugarse.
Y la misma impunidad con la que cumplió 35 días prófugo antes de ser arrestado, esta madrugada de martes. De acuerdo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, él mismo pidió a Ángel Aguirre que no lo dejara escaparse una vez que solicitara licencia.
Pero Abarca se apareció en el cabildo de Iguala; solicitó licencia; salió por la puerta trasera del edificio administrativo del gobierno municipal… y se escapó.
Antes, Human Right Watch y la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hicieron denuncias al gobierno federal en contra del ex Edil de Iguala por sus nexos con el crimen organizado.
Incluso el ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero dijo que durante reuniones con funcionarios federales se planteó que Abarca Velázquez tenía posibles vínculos con la delincuencia organizada, pero, dijo, nunca tuvo respuesta por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante el Congreso Nacional del partido que se realizó en octubre y donde Carlos Navarrete fue electo, René Bejarano Martínez, líder de IDN, reveló que desde 2013 denunció al partido los nexos de Abarca con el crimen organizado y que una corriente al interior del PRD lo protegió.
Ese mismo año que Bejarano denunció las ligas de Abarca con el narcotráfico, Human Right Watch (HRW) pidió –mediante un comunicado– que el gobierno federal investigara de manera exhaustiva e imparcial el asesinato de tres activistas políticos en Guerrero en los cuales estuvo involucrado el ex Edil de Iguala.
A pesar de las denuncias en su contra, Velázquez continuó administrando desde el Ayuntamiento de Iguala, del que se fugó luego de pedir licencia al Congreso de Guerrero. Sin embargo, su escape también pudo ser evitado.
Después de los hechos registrados en Iguala, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió al Gobernador Ángel Aguirre que vigilara al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para que “no se les fuera a ir”.
“Le comenté que lo vigilaran, que lo cuidaran, que no se les fuera a ir, hablamos del entonces presidente [municipal de Iguala] y el entonces secretario de seguridad. Era fundamental dado lo que había ocurrido, tenía día y medio que había sucedido, fue el comentario directo, preciso, que le pusiera doble vigilancia, para que no fuera a escapar dado que la responsabilidad se le veía”, dijo Osorio Chong la semana pasada en entrevista para Grupo Imagen.
Las autoridades federales y estatales tampoco atendieron las denuncias de disparos de balas registrados la noche de 26 de septiembre.
La Policía de Guerrero estuvo al tanto de la actividad de los estudiantes, y “no actúo frente a las irregularidades que la policía municipal cometió contra los estudiantes”, se lee en el informe preliminar de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga la desaparición de los 43 normalistas.
Una de las principales contradicciones se refiere a la hora en que la autoridad informó tener conocimiento de los hechos. En un principio se dijo que había sido alrededor de las 11 de la noche del 26 de septiembre y posteriormente refirió que monitoreó las actividades de los normalistas en coordinación con la Policía Federal desde las 6 de la tarde.
Sin embargo, la corporación policial del gobierno de Ángel Aguirre Rivero no fue la única que fue omisa en el ataque de los policías municipales de Iguala en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Dos normalistas narraron a El Sur cómo ninguna autoridad, ni policías ni el Ejército llegaron al lugar para ver qué pasaba. Dijeron que unos 10 minutos después del segundo ataque llegaron tres patrullas tipo Ram doble cabina y que “fue cuando un comandante quería dialogar con nosotros, de manera ofensiva nos dijo; a ver hijos de la chingada vamos hablar”.
De acuerdo con información del mismo medio, el Ejército tardó casi seis horas en informar al Ministerio Público que dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, habían sido asesinados por múltiples disparos en la esquina del periférico de Iguala y la calle Juan N. Álvarez.
La entrada del campo militar del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala se ubica en la avenida Periférico Oriente, a unas ocho cuadras del centro de la ciudad, dentro de la zona. El sitio donde ocurrió la emboscada de policías municipales contra los estudiantes que viajaban en tres autobuses se ubica en la esquina de Periférico Norte y la calle Juan N. Álvarez, que atraviesa el centro de la ciudad.
Entre ambos puntos hay 3.1 kilómetros de distancia, es decir, unos 5 minutos de trayecto en vehículo desde la entrada de las instalaciones frente a la Comercial Mexicana, utilizando el Periférico Oriente y después girando a la derecha para continuar por el Periférico Norte hasta llegar a la esquina de la calle Juan N. Álvarez.
