Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El problema de los feminicidios y violación a los derechos humanos en México alcanza niveles de “crisis”, advierte el informe “De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala”, elaborado por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel que el año pasado visitaron el país para investigar este tipo de crímenes.
Entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%. En estados como Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial. En el país, se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 95% quedan impunes según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas.
El reporte es resultado de la visita de una delegación de mujeres integrada por defensoras de Derechos Humanos (DH), periodistas y expertas en política, encabezada por las Nobel de la Paz Jody Williams (1997) y Rigoberta Menchú Tum (1992), realizada del 21 al 31 de enero de 2012 en México, Honduras y Guatemala.
“La guerra contra las drogas y el aumento de la militarización en México, Honduras y Guatemala se está convirtiendo en una guerra contra las mujeres.”, señaló Jody Williams en el informe.
Las activistas afirmaron que documentaron numerosos casos de feminicidios, desapariciones, violaciones, ataques contra las defensoras de DH, y persecución en los tres países, donde las mujeres declararon que los ataques provienen de la delincuencia organizada y de las fuerzas de seguridad gubernamentales.
El documento, que ya se había presentado previamente, fue entregado la semana pasada a Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con la intención de que se elaboren políticas de género que protejan a la mujer.
“En México, la región más militarizada es la frontera entre Estados Unidos y México, donde las drogas ilícitas atraviesan la frontera y entran al mercado de los Estados Unidos. Muchas mujeres de la frontera informaron que las condiciones son idénticas a una zona de guerra, y es un problema muy preocupante sobre todo para las mujeres”, señala el informe.
“El gobierno mexicano ha desplegado más de 45, 000 soldados en su propio país, lo que ha dado lugar a un enorme aumento en los homicidios relacionados con la guerra contra el narcotráfico. La presencia militar ha llevado a numerosos abusos contra la población civil, incluida la violencia sexual”, concluye.
Marusia López Cruz, representante de la organización Just Associates (JASS), otra de los participantes en la elaboración del informe, subrayó que ante la incidencia de feminicidios, los abusos sexuales y la desaparición forzada, es prioritaria la erradicación de la violencia generalizada contra la mujer, no sólo por razones humanitarias, sino porque representa una violación grave de los derechos humanos.
RECOMENDACIONES A MÉXICO
El informe hace ocho recomendaciones a México, entre las que insta al gobierno a enjuiciar a los responsables de delitos contra la mujer y pide dar prioridad a la resolución de una preselección de los casos principales en un plazo máximo de un año.
Entre estos casos se citan: El de la ecologista Eva Alarcón, su liberación, y la captura y juicio de los responsables de su secuestro. La familia Reyes, incluido el enjuiciamiento de los seis asesinatos; protección de la familia. Informe sobre el progreso alcanzado respecto a los casos de siete mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y que actualmente están siendo investigados por la Procuraduría General de la República: Perla Ivonne Aguirre Gutiérrez, Griselda Murua López, Brenda Ivonne Ponce Saénz, Idaly Juache Laguna, Mónica Janeth Alanis Esparza, Brenda Berenice Castillo García, Yanira Frayre, así como agresiones a mujeres periodistas.
También pide a la Federación elaborar un plan de acción que incluya la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas; investigar y enjuiciar a policías, militares y otros agentes gubernamentales acusados de abuso y violencia sexual, y compensar a las víctimas.
Suprimir las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional que legalizarían la participación permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y que constituyen una violación de las cláusulas sobre las leyes de derechos humanos; coordinar la implementación de medidas cautelares y provisionales asignadas a las defensoras de derechos humanos que corren riesgos y asegurar la aplicación efectiva de mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos.
Difundir información pública sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y explicar la razón por la cual las mujeres a quienes se les ha concedido medidas preventivas de protección —entre ellas Valentina Rosendo, Margarita González, Obtilia Eugenio y Norma Andrade— han sido atacadas reiteradamente, y cómo prevenir estos ataques.
La sexta medida es adoptar adecuados protocolos de investigación en los casos de violencia de género, trata de personas, tortura y violencia sexual de conformidad con las normas internacionales y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La séptima es garantizar que el cumplimiento de las sentencias dictadas por la CIDH genere prácticas y procedimientos administrativos que sirvan de guía para futuros procesos del mismo tipo.
Y por último, desarrollar un plan para la protección de los derechos de la mujer en la Corte Suprema de Justicia y otros poderes judiciales, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Recientemente, México recibió 176 observaciones de 24 países, integrantes de la ONU, en materia de violencia de género y contra defensores de derechos humanos y periodistas.
EL CONTRAPESO
La directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Dafne Cuevas, pidió a los legisladores ser el órgano fiscalizador y de contrapeso del Poder Ejecutivo, para que se pondere la protección los derechos humanos.
También que lleve a cabo acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, los defensores de derechos humanos y periodistas.
Añadió que para lograrlos es necesario garantizar que las organizaciones que trabajan para proteger y defender a los activistas de paz, democracia y derechos humanos tengan un presupuesto adecuado para llevar a cabo su trabajo.
El informe realizado por las Premio Nobel invita a los legisladores a generar programas que pongan a los derechos humanos en el centro de la seguridad y el desarrollo.
Los temas de preocupación para las Nobel fueron la militarización del país, la discriminación y acoso de las mujeres por parte de los jueces y ministerios públicos, y el escaso número de sentencias y reparación del daño a víctimas de violaciones a DH.
La Diputada del Partido Revolucionario Institucional, Miriam Cárdenas Cantú detalló que para avanzar en la protección de garantías es necesaria la cooperación de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno.
Afirmó que el informe permitirá generar acciones que transformen las labores de defensa, protección y garantía de los derechos humanos.
El documento es resultado de los trabajos realizados durante 10 días con organizaciones locales, cinco foros y reuniones con los presidentes de Honduras y Guatemala, Porfirio Lobo y Otto Pérez respectivamente, y con la ex Procuradora General de la República de México, Marisela Morales, y otros funcionarios de gobierno.
Más de 200 mujeres dieron sus testimonios sobre la violencia contra ellas en sus respectivos países. Una de las conclusiones del reporte es que los gobiernos, si bien reconocen formalmente el problema, en la práctica hacen muy poco para disminuir la violencia, particularmente en los casos en que las fuerzas gubernamentales están involucradas.
