La “Ley Antimarchas” y la “Ley Borge”, son ejemplos de la represión del Gobierno en Quintana Roo, acusan organizaciones civiles.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– Una de las administraciones estatales más cuestionadas por parte de organizaciones sociales y activistas es la del priista Roberto Borge Angulo en Quintana Roo. Las difamaciones en contra de periodistas y legislaciones “a modo”, son algunas críticas que ha recibido en los poco más de cuatro años que lleva como Gobernador y que han colocado a su gestión como una de las más “represoras” en el país.
El pasado 14 de septiembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, promovida por el Gobierno de Borge Angulo, por considerar que atenta contra el derecho a la información.
A principios de agosto, el Congreso de Quintana Roo aprobó la también llamada “Ley Borge”, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico. De acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.
En el artículo 3, fracción XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”.
Por ejemplo, la legislación deja a Pedro Canché Herrera y a Rubén Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el Gobierno de Borge.
La CNDH argumentó respecto al artículo 3 fracción XII, en la que se delimita la calidad de periodistas con la condición de que la actividad sea “permanente”, que este concepto deja “fuera a aquellos que ejerzan el periodismo de manera no permanente, lo cual adolece de razonabilidad al excluir a tales personas del reconocimiento como periodistas, aun cuando ejercitan la libertad de expresión”.
Con esta modificación a la legislación, sostuvo el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, se podría dar lugar a diversas violaciones de los derechos de las personas “al no otorgarles el reconocimiento de la protección a los periodistas, a quienes no encuadren perfectamente en el supuesto debido a la temporalidad con la que desempeñen su actividad”.
Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa, debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Artículo 19.
También señala que el año pasado se registraron 42 casos de violencia contra la prensa en la entidad, de las cuales, 15 por ciento fueron cometidas por servidores públicos.
Uno de los señalamientos más fuertes fue la detención del periodista maya Pedro Canché Herrera, quien fue liberado el pasado 29 de mayo tras ser acusado, sin algún sustento, de sabotaje.
Información difundida en medios locales señala que la campaña mediática de desprestigio que se emprendió contra Canché, en marzo pasado, pasó previamente por la supervisión del vocero del Gobierno de Quintana Roo, Rangel Rosado Ruiz, antes de “masificarse” a través de los diarios y las revistas locales.
De acuerdo con mensajes enviados y reenviados desde el correo [email protected], el mismo Gobernador estuvo previamente enterado de las calumnias que se publicarían los días y las semanas siguientes contra Canché Herrera.
ACUSACIONES DE REPRESIÓN
En otro intento por silenciar las voces de protesta social, en mayo del año pasado el Congreso estatal aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, llamada popularmente “Ley Antimarchas”.
Quintana Roo se convirtió así en el primer estado de la República Mexicana que oficialmente concretó una ley en contra de las protestas sociales en espacios públicos, donde los participantes en marchas y mítines tendrán que pedir permiso a las autoridades para ejercer un derecho que está consagrado en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Mexicana.
También faculta a las autoridades para que, por cualquier tipo de queja o protesta, puedan disolver las concentraciones.
Las acusaciones contra la administración de Borge Angulo en materia de libertad de expresión y represión no paran. El pasado 22 de septiembre, José Manuel Ávila Fernández, Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), dictaminó que al menos 35 elementos de la Policía Judicial de Quintana Roo, además de Arturo Olivares Mendiola, subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales, deberán enfrentar acción penal por los delitos de tortura y abuso de autoridad en contra de Héctor Casique.
Casique, de 29 años, está recluido desde el 16 de marzo de 2013. Fue escolta de apoyo en eventos donde el Gobernador Roberto Borge Angulo se presentaba. Era instructor de la Policía Judicial del Estado cuando fue detenido, incluso Casique pensó que se trataba de una novatada, cuando lo empezaron a torturar para declararse confeso, pues aspiraba a un puesto oficial en la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. Por esta razón conoce a todos sus victimarios por nombre.
La Sala Constitucional ordenó al Procurador General de Justicia en el Estado (PGJE) dar cumplimiento a la resolución S.C.A /P/075/2015 que ordena ejercer acción penal de la acción penal en contra de los 36 inculpados por los delitos de abuso de autoridad y tortura, determinando así también la presunta responsabilidad de los sujetos.
Todas las acusaciones que ha recibido Roberto Borge por parte de organizaciones, activistas y periodistas parecen no inmutar en lo más mínimo al Gobernador, al contrario, como respuesta premia con cargos públicos a los agresores de éstos. Por ejemplo, el pasado 30 de julio nombró a Jaime Ongay Ortiz, uno de los involucrados en la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el 16 de diciembre de 2005, como Jefe de la Policía en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún.
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BREVES
GABINO CUÉ ES NOMINADO A MEDALLA AL POLÍTICO SORDO
El artista plástico Francisco Toledo anunció la creación de “La medalla al mérito político”, la cual se entregará al político más sordo, y entre los candidatos a obtenerla estarían el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de esa entidad, José Zorrilla, quienes impulsan la construcción del Centro de Convenciones en parte del Cerro del Fortín de Oaxaca.
El fundador del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro Oaxca) dio a conocer que la medalla será una oreja hecha de un material barato y se entregará al funcionario que más ignore a su pueblo.
Toledo y un grupo de artistas e intelectuales presentaron un amparo e n contra de la consulta ciudadana que pretende realizar el gobierno de Gabino Cué sobre la construcción del Centro de Convenciones de Oaxaca debido a que consideran que es inconstitucional.
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ROLANDO ZAPATA REALIZA CAMBIOS EN SU GABINETE
El Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, designó a cinco nuevos secretarios, hizo varios enroques, despidió a algunos funcionarios y envió al Congreso local una iniciativa para crear una nueva Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
Las designaciones sorprendieron a algunos de los involucrados, pues si bien varios ya sabían desde hace algunos días que tendrían nuevos encargos, hubo quienes apenas ayer por la mañana recibieron llamadas a sus teléfonos celulares en las que les dijeron que se mantuvieran pendientes “por un boletín que se va a mandar más tarde”.
Hubo otros funcionarios que fueron llamados temprano a una reunión con el Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, a la cual, al entrar, muchos dejaron sus teléfonos celulares con sus asistentes, y en ella se les informó de los movimientos, pero se les indicó que no hicieran ningún comentario con nadie, sino hasta que fuera enviado el boletín de prensa.
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SENADOR PRIISTA ACUSA A DUARTE DE CORRUPCIÓN
El Senador priista Héctor Yunes Landa acusó al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de no aclarar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El rompimiento entre el mandatario veracruzano con algunos integrantes de su partido, señalado también por la violencia y persecución contra periodistas y activistas en su estado, se dio el fin de semana pasado cuando en un evento de la Confederación Nacional Campesina (CNC) anunció que le regalaba al Senador Héctor Yunes –crítico de su gestión– una caña para pescar “peces gordos”, pero entre integrantes de su familia, tal y como se puede apreciar en un video que circula en redes sociales.
Ante este señalamiento, Yunes acusó a Duarte de se responsable de actos de corrupción y de ser incapaz de solucionar los problemas en la entidad y le reprochó que ante la crisis de inseguridad por la que atraviesa la entidad sólo responda con lo que llamó “chistocracia”.
El Senador y aspirante del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura a la gubernatura respondió con un manifiesto de 10 puntos.
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MORENO VALLE LE COMPRARÁ A VW 200 UNIDADES SIN LICITACIÓN
El grupo Volkswagen va anunciando con cuentagotas los modelos afectados con coches trucados. El pasado 25 de septiembre, la marca VW anunció los suyos (básicamente el Golf, el Passat y Tiguan) y hoy lo ha hecho Audi. La marca alemana de gama alta del grupo asegura que los diésel de los modelos A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 y Q5 pueden llevar el motor trucado. En total, 2.1 millones en todo el mundo.
Pero el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, anunció un pedido de 200 autos “para salvar la planta”. La compra es licitación. Dijo que es para evitar que haya despidos. “Se busca un mecanismo para evitar los despidos de los poblanos que trabajan en la planta. Reconocemos el reto. Nadie sabe la afectación, las cuales van desde sanciones que impongan en Estados Unidos hasta juicios potenciales de los usuarios que compraron uno de los autos diésel de la marca en ese país”, explicó.
Se desconoce si esas 200 unidades de Volkswagen tendrán ya corregido el sistema; sólo dijo que serán destinadas a la policía.
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WSJ RETRATA UN DF PELIGROSO, DISTINTO AL QUE VE MANCERA
Un aumento de la delincuencia “sacude” a la Ciudad de México, gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa. El aumento de los asesinatos en la capital mexicana aviva los temores de que las “brutales” bandas del narcotráfico hayan acaparado el Distrito Federal como un punto de apoyo para sus operaciones, publicó el pasado 28 de septiembre el diario estadounidense The Wall Street Journal.
Algo que no comparten los altos funcionarios de Seguridad Pública del Distrito Federal, asegura el medio, “quienes (sin ofrecer datos) consideran que el aumento de esta tasa de criminalidad sólo es temporal”.
Recientemente el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que algún cártel de la delincuencia organizada tenga presencia en la Ciudad de México.
Pero los datos parecen decir otra cosa. El Distrito Federal, hogar de nueve millones de personas de los 20 millones que viven en el área metropolitana del Valle de México, peligra: hay un aumento de un 21 por ciento de los homicidios, según el diario.
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FRASES
“Homologar el salario mínimo no es suficiente. ES un salario que no va a solucionar esa problemática que tiene México, que no nos va a apuntalar en el tema de la productividad”, aseguró Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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“Le pedimos señor Fiscal como demandan las y los sonorenses, ser implacable con la investigación, persecución y sanción de los delitos relacionados a hechos de corrupción, le pedimos como demandan los sonorenses que nadie, absolutamente nadie que sea encontrado culpable vaya a quedar impune por los ilícitos cometidos, nadie del pasado y nadie que en el futuro falle en la confianza que en ellos han depositado los sonorenses”, dijo la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
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“Nadie está buscando impedir la participación de nadie, ninguna ley es totalmente justa [en referencia a la Reforma Electoral], todas son perfectibles, y si hay necesidad de que esa se mejore es cuestión de análisis y de estar en esa línea, bienvenidas las candidaturas independientes”, declaró el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez.
