El mismo día que la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia votaba en mayoría contra el proyecto del Ministro Fernando Franco que respaldaba la sentencia del Juez Fernando Silva que obligaría a la autoridad a rediseñar el etiquetado frontal en alimentos y bebidas por ser engañoso, porque induce al consumo excesivo de azúcar, y por no ser entendible por la población; ese mismo día, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, decretaba el establecimiento de un etiquetado de advertencia en los alimentos y bebidas que es entendible y sigue los criterios de la Organización Mundial de la Salud. La industria festejaba su victoria en México y sufría la derrota en Uruguay. La salud pública se gratulaba de la decisión del presidente Tabaré Vázquez y lamentaba profundamente la de la SCJN en México, un país en emergencia por obesidad y diabetes
Todo parece indicar que esta resolución fue el resultado de la acción conjunta de un ejército de cabilderos de la industria convertidos en “Mercaderes de la Duda” que invadieron los pasillos de la SCJN en las semanas previas a esta decisión y cuyo único objetivo fue, como lo hicieron y lo han hecho a escala internacional en los casos del cambio climático, del tabaco, de la capa de ozono, del DDT, del asbesto, en Congresos y organismo internacionales: sembrar la duda, generar la percepción de que existe una discusión científica, una controversia, cuando en realidad no la hay, con el fin de provocar la inmovilidad, de que las cosas permanezcan en el status quo.

Naomi Oreskes, profesora de historia de la ciencia en la Universidad de Harvard y Erik M. Conway, historiador de la ciencia y la tecnología, han documentado con claridad brutal las estrategias que han seguido muy diversas empresas para bloquear las políticas que buscan reducir los daños de los productos que comercializan, a través de los llamados “Mercaderes de la Duda” (Merchants of Doubt, Bloomsbury Press, 2010). David Michaels, director del Proyecto de Polìtica Pùblica y Conocimiento Científico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington hace otro recuento extenso de esta práctica que ha generado tantos daños a la salud pública en “La Duda es su Producto. Cómo la Industria Asalta la Ciencia y Amenaza Nuestra Salud” (Doubt is Their Product. Oxford, 2008) narrando una larga lista de hechos en los que se muetra cómo estas grandes corporaciones generan la duda en los tomadores de decisión, en los poderes ejecutivos, en los legislativos y en el judicial. El objetivo: inmovilizar, dejar el stataus quo. La estrategia es generar dudas sobre la evidencia científica, sobre la verdad. El exvicepresidente Al Gore ha señalado que este tipo de prácticas de los “Mercaderes de la Duda” socaban la democracia en lo más elemental: el planeta y la salud.

Mientras con su decisión, la SCJN, mantiene en México un etiquetado frontal no entendible ni por los estudiantes de nutrición; en Uruguay se estableció un etiquetado que hasta los niños de los primeros años de primaria entienden, un etiquetado que establece octágonos negros al frente de los productos con la leyenda en letras blancas: “Exceso de…..” (azúcares, grasas, grasas saturadas, sodio). En Uruguay para diseñar este etiquetado se realizó una amplia consulta entre los organismos del gobierno, la academia y la OPS y la OMS, siempre con una fuerte oposición de la industria. En México, COFEPRIS lo elaboró con la industria, con fuerte oposición de los institutos de salud, la academia, la OPS y la OMS. En México hemos visto como funcionarios de la propia Secretaría de Salud salen juntos con ConMéxico, la asociación de la industria de alimentos y bebidas, a promover el etiquetado frontal establecido por COFEPRIS.

En México, los “Mercaderes de la Duda” (representantes de las grandes empresas, de las diversas asociaciones empresariales, despachos de abogados), invadieron los pasillos de la SCJN con el único objetivo de sembrar la duda en los secretarios y los Ministros, hacer parecer que existe una discusión científica sobre si se debe informar sobre los azucares totales o los azúcares añadidos en los productos, una falsa duda para la ciencia, los institutos nacionales y la propia OMS.

Al mismo tiempo que sembraban la duda sobre el criterio de azúcar, desviaban la atención de un hecho más trascendente: la falta de entendimiento de la población mexicana sobre el etiquetado frontal que se creó justamente para que la población lo entendiera e hiciera elecciones más saludables, generando un muro de humo sobre el hecho de que fue la industria la que diseñó realmente ese etiquetado y sus criterios. ¿Es constitucional ese proceso?

La industria ha utilizado en el etiquetado frontal la información sobre los azúcares totales poniendo un máximo de consumo diario de 360 kilocalorías que son 90 gramos de azúcar o 18 cucharadas cafeteras, mientras la OMS recomienda no más de 200 kilocalorías, 50 gramos, es decir 10 cucharadas cafeteras para azúcares agregados. COFEPRIS estableció este etiquetado en 2014 como parte de la estrategia contra la obesidad tomándolo de la propia industria que ya lo había introducido desde 2011 con ese criterio de 18 cucharadas cafeteras de azúcar.

Una explicación simple: la industria usa el criterio de azúcares totales porque así toma las 200 kilocalorías que se recomienda no deben excederse en azúcares añadidos, le suma los azúcares que vendrían en las raciones de frutas y lácteos que se recomiendan consumir diariamente para llegar a un total de 360 kilocalorías. De esta manera, en la mayoría de sus productos que tienen muchos más azúcares añadidos que azúcares naturales, el porcentaje que aparece que contiene el producto de azúcares en relación a la ingesta diaria es bastante menor frente a la que tendría si informara de azúcares añadidos.

La industria junto con COFEPRIS, que en esto van de la mano, argumentan que se da más información cuando se informa de azúcares totales, cuando lo que hacen es ocultar los azúcares que añaden a sus productos. El mejor ejemplo es la Coca Cola de 600 mililitros que con este etiquetado informa: “Azúcares Totales” “70% de los “nutrimentos diarios”. Esa Coca Cola tiene más de 12 cucharadas cafeteras (cc) , por encima de las 10 cc que establece la OMS para un adulto en todo un día. Siguiendo el criterio de la OMS debería decir “120 % del máximo diario para un adulto”, en cambio, con el etiquetado en México dice: “70% de los nutrimentos diarios”.

La OMS, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Federación Mundial de Obesidad, el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, la Federación Mundial de Diabetes, etc, etc, no tienen preocupación alguna por los azúcares naturales, porque no tienen mayor efecto sobre la salud de la población en general. La preocupación es por los azúcares que se añaden a las bebidas y a un alto porcentaje de los alimentos ultraprocesados, lo que llamamos comida chatarra. Sobre esto existe un gran consenso, pero la industria ha generado la duda en los Ministros porque les dice que COFEPRIS y ellos siguen las recomendaciones del Codex Alimentario sobre azúcares totales, un organismo internacional que no tiene documento alguno sobre etiquetados frontales. Al contrario, la OMS tiene ya recomendaciones y ha respaldado los etiquetados frontales de Chile y Uruguay y apoya los proyectos de etiquetados frontales en Perú, Canadá e Israel que advierten a los consumidores si un producto es alto en azúcares, grasas y sodio.

En los pasillos de la corte solamente un abogado defendía el proyecto del ministro Franco, en medio de decenas de “Mercaderes de la Duda” de la industria de alimentos y bebidas. Los industriales hablan de las razones que presentaron los Ministros para votar en contra del proyecto del Ministro Fernando Franco, en lo que fue una reunión privada, por algún medio se enteraron de lo que nosotros no, de algún privilegio más gozan. Señalan que los Ministros argumentaron que no era su labor entrar en política pública, sólo revisar si el etiquetado es constitucional y que no entrarían en un asunto en el que hay controversia, como los criterios nutricionales. Ya habían sembrado la Duda. Si se revisara el procedimiento de elaboración del etiquetado se concluiría que no es constitucional. Cualquier norma oficial mexicana cuenta con grupos de trabajo bastante extensos, en el caso del etiquetado COFEPRIS señala en un documento obtenido por acceso a la información, que no existió grupo de trabajo ni tampoco se probó el etiquetado frontal con los consumidores mexicanos para evaluar si lo entendían. ¿Es ésto constitucional?

En su expediente, los Ministros tienen toda la evidencia que demuestra que no hubo consulta con los institutos de nutrición y salud pública, que se retomó el etiquetado de la industria con sus propios criterios nutricionales, que el etiquetado es regresivo porque no siguió lo establecido en la propia Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD). La ENSOD estableció el criterio de azúcar agregada recomendado por OMS, y que el etiquetado frontal seguiría las mejores prácticas internacionales. COFEPRIS actuó de forma regresiva ante la ENSOD.

En Chile el 91% de las madres de preescolares y el 81% de los adolescentes asocian la presencia de los logos (octágonos) que señalan si un producto es alto en azúcares, grasas, sodio y calorías, con alimentos y bebidas no saludables. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 encontró que el etiquetado frontal que estableció COFEPRIS junto con la industria, es menos utilizado que la información que viene en la parte posterior de los productos.

Los procesos en los que se elabora la política de salud pública para enfrentar las epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes en cada país son un reflejo de sus sistemas políticos, del nivel de la democracia en un país, de la prevalencia del interés público sobre el privado o viceversa.

En México, la estrategia contra estas epidemias ha quedado secuestrada por los intereses económicos, pero no se trata de un secuestro por la fuerza, son funcionarios del sector salud los que se han aliado con esos intereses económicos para entregarles la política pública. De esta manera se agudizan las epidemias de obesidad y diabetes.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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