El Congreso mexicano ha decidido que las pensiones de los 80 mil jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos deberán ser pagadas por los contribuyentes. ¿Qué significa? Que el dinero que podría destinarse a rubros como la pobreza, deberán irse a pagar esta deuda. ¿Y por qué esos trabajadores no tienen un fondo de retiro? Sí se creó, en 1997; pero se esfumó, a pesar de que Carlos Romero Deschamps, año con año, negoció miles de millones de pesos para ese sindicato priista acusado de corrupción muchas veces y encontrado culpable de desviar, en 2000, mil millones para el candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa.
Aunque la mayoría de los ciudadanos se retiran año con año con apenas lo mínimo para mal vivir, a estos trabajadores se les tiene que dar más, mucho más: prima de antigüedad, liquidaciones, pensiones por incapacidad, viudez, y un servicio médico para ellos y para sus familiares. Y más: hay que pagarles hasta gas, gasolina y canasta básica...
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal en vías de ser “empresa productiva del Estado”, se ahogó en un pasivo de pensiones y jubilaciones que hoy alcanza 1.1 billones de pesos debido a un fondo que jamás constituyó reservas, negociado durante casi dos décadas a través del contrato colectivo de trabajo (CCT) por el dirigente sindical Carlos Romero Deschamps, actual Senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ahora, por acuerdo del Congreso, los mexicanos deberán pagarlo. En un país con cerca de 40 millones de pobres.
A finales de 1997, para inhibir en sus entrañas una crisis actuarial, la paraestatal constituyó el Fondo Laboral de Pemex (Folape) como un instrumento para el pago de las pensiones y jubilaciones; pero el fideicomiso funcionó como instrumento revolvente mientras que las obligaciones con la seguridad social crecieron en forma exponencial.
Son más de 120 mil trabajadores activos y 80 mil jubilados y pensionados que dependen de un rescate financiero a través de la conversión del pasivo laboral a deuda pública, propuesto en la modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, parte de la Reforma Energética. En 2005 –el penúltimo año de la administración foxista- los jubilados y pensionados llegaban a unos 70 mil.
Desde el principio, la falta de recursos fue el eje de este relato que culminó en desastre. El Folape jamás fue suficiente. Apenas en el primer año de operación, la petrolera nacional tenía un fondo de mil 737 millones 999 mil pesos mientras que el pago a trabajadores en retiro se había incrementado a dos mil 302 millones, un aumento de 32.5 por ciento con respecto al año anterior.
Durante 17 años –menos de los que lleva Carlos Romero Deschamps en la dirigencia del sindicato- el Folape tuvo un funcionamiento típico y cíclico: mes con mes gastaba los fondos que recibía de subejercicios y otros conceptos para hacer frente al gasto de pensiones sin que ello contribuyera a generar rendimientos, indican documentos de Pemex.
“Ha sido un recurso artificial. Se alimentó cada año de la recaudación petrolera, así como de subejercicios. Aparentemente fue un fondo con dinero, pero en realidad lo que hicieron fue abastecerlo con recursos de la Nación”, expone Pedro Vázquez Colmenares, autor de “Pensiones en México. La Próxima Crisis” y director de Marpex Consultores. Remata con una apreciación: “Ese fideicomiso fue hasta ahora una historia de ficción que se ejerció sin ninguna transparencia”.
De las palabras del experto hay un ejemplo. En 2005, además de las partidas adicionales, el Folape recibió 305 millones de pesos por la venta de las acciones de Cloro de Tehuantepec, de acuerdo con el informe programático de la paraestatal de ese año. Todo el dinero, si se sigue el mismo informe, fue gastado en el pago a pensionados y jubilados. Un año antes, Pemex había concluido el despido de cinco mil trabajadores bajo las figuras del Programa de Retiro Voluntario (para trabajadores con 25 años de servicio) y cuyo fin era reducir la carga burocrática en la empresa.
Para Manuel Barkin, experto en Historia del Petróleo y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la falta de transparencia con la que Pemex le hizo frente a su deuda con la seguridad social no es un factor menor y debe constituir una lección histórica ahora que se pretende un cambio en la administración del recurso extraído del subsuelo nacional. “Todos teníamos derecho a saber con precisión cómo operaba cada fondo financiero. Desde hace tiempo, las finanzas de Pemex debieron ser objeto de debate. Pero las decisiones políticas se impusieron en este relato”.
OTRA NEGOCIACIÓN DE ÉXITO
El Folape resultó –como otros beneficios del CCT - de una negociación que Carlos Romero Deschamps, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) logró apenas tomó posesión en 1997, con el Consejo de Administración de la empresa, así como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo en ese entonces de Guillermo Ortiz Martínez.
Con ese fondo no sólo se acordó pagar las pensiones; sino los beneficios que en la coyuntura del debate de la Reforma Energética, los analistas califican como “excesivos”: prima de antigüedad, liquidaciones, pensiones por incapacidad, viudez, y el servicio médico al jubilado y familiares. También ayudas en gas, gasolina y canasta básica.
Para Alfonso Bouzas, investigador del Derecho Laboral Mexicano, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ello fue posible debido a un tópico en la historia del sindicalismo mexicano: los líderes se apropian de los derechos de los trabajadores y los usufructúan en su beneficio. “Líderes eternos, no rendición de cuentas de los contratos, una dirigencia intocable”, asevera.
Más allá de la carga que ahora representa el pasivo de pensiones y jubilaciones de Pemex, el hecho de que se haya negociado a través del CCT implica una obligación legal para la empresa. Lo dice Vázquez Colmenares, el experto en Pensiones: “Fue la paraestatal la que se obligó en un contrato a ofrecer unas pensiones bajo ciertas reglas negociadas con el sindicato. Pemex no es un afiliado al régimen general del Seguro Social, sino que es un patrón que se subrogó, que asumió la responsabilidad pensionaria frente a sus trabajadores”.
Ahora bien, el mismo experto expone: “El valor del pasivo por pensiones es mayor que todos los activos de la empresa. Entonces hay un problema real y nada cosmético. Cuando Pemex se convierta en empresa productiva del Estado, ¿quién le va a querer prestar? Tomar una decisión es impostergable. Se requiere darle a Pemex capacidad de nadar solo. Se necesita quitarle esa carga de encima”.
Pero Vázquez Colmenares hace hincapié que la deuda no debe ser heredada a los mexicanos. “Si el sindicato logró negociaciones de beneficios excesivos, imputarla a los contribuyentes sería un acto de injusticia social”, expresa. Y añade: “Antes que asumir ese pasivo como deuda pública, antes del rescate, el sindicato debiera asumir su obligación ética a cambiar las reglas de su contrato, y no después”.
¿CUÁNTOS ERAN?
A través de los años, Pemex reportó falta de transparencia en su número de pensionados y jubilados. Es difícil conocer cuántos eran en los noventa e incluso, ya entrado el nuevo siglo. En algunos informes ni siquiera aparecen.
No fue hasta 2008, después de que la Auditoría Superior de la Federación escudriñó sus finanzas y expuso su quiebra, cuando la paraestatal admitió en sus documentos que se encontraba en una situación apremiante porque su pasivo laboral crecía sin que existieran fondos, y brindó números de pensionados y jubilados.
Al 31 de diciembre de 2010, eran 75 mil 852 jubilados y los pensionados, 15 mil 746; mientras que el total de plazas ocupadas era de 147 mil 368. El crecimiento promedio de pensionados entre 2008 y 2014 fue de 3.7 por ciento y el de trabajadores en activo de 0.8 por ciento.
En 2010, en su documento “Memorias de labores”, la paraestatal indicó que en 2014 se jubilarían 20 mil empleados más. Y expuso que para el total –unos 80 mil- ya no había dinero en su caja.
