Álvaro Pop, ex presidente del Foro de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, analiza la situación de los pueblos originarios de cara al décimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas que reconoce sus derechos.
Por Jaime Giménez
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo/ElDiario.es).- Este año se cumple el décimo aniversario de la histórica Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que trataba de blindar el respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Sus circunstancias particulares y su sufrimientos histórico merecían el reconocimiento expreso de estos, pero, 10 años después, no hay mucho que celebrar, denuncia Álvaro Pop, activista indígena y expresidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
“Los pueblos indígenas son cada vez más violados, más explotados, más excluidos, obligados a migrar a los centros urbanos y a morirse en la pobreza”, lamenta Pop. Este maya q’eqchi guatemalteco es, desde enero, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, un cargo más en toda una vida dedicada a la lucha por los derechos de los pueblos originarios.
Desde su altavoz trata de desterrar mitos e insiste en la importancia de los pueblos indígenas para la supervivencia del planeta. “Somos una minoría global que alberga en sus territorios el 70 por ciento de la capacidad forestal y el 50 por ciento de la biodiversidad del mundo”, recuerda en una entrevista con eldiario.es. Los desafíos que afrontan estas comunidades, insiste, aún son muchos: desde el cumplimiento del derecho a la consulta hasta el fin de la persecución de las poblaciones locales, así como un modelo de desarrollo alternativo.
El concepto de “modernidad” importado de Europa es, a juicio del experto, uno de los principales problemas en la vida de los pueblos a los que representa. “Occidente, con su concepto de modernidad, insiste en los derechos individuales, la democracia individual, la economía individual, olvidándose de que no podemos existir sin la colectividad”, lamenta este corpulento indígena de 48 años.
Desde el desierto de Sonora hasta Tierra del Fuego, los pueblos originarios representan el 10 por ciento de la población total de América Latina, con alrededor de 50 millones de personas, según Naciones Unidas. Repartidos en cientos de comunidades a lo largo de Abya Yala –nombre ancestral que engloba al continente americano –, los primeros pobladores habitan entornos tan diversos como la imponente selva amazónica, los gélidos páramos andinos o las paradisíacas costas caribeñas.
Sin embargo, muchos de ellos enfrentan amenazas similares. Los proyectos de extracción de recursos naturales, ya sean mineros, petroleros o hidroeléctricos, conllevan en muchas ocasiones, recuerda Pop, el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Cuando estas oponen resistencia, suelen ser perseguidas, encarceladas o asesinadas. Ocurre a menudo en México, Honduras o Brasil, pero también en países con gobiernos progresistas como Ecuador.
Según Pop, la falta de protección de los pueblos indígenas se debe a prácticas neocoloniales asociadas a la proliferación de “gobiernos corporativos que mantienen relaciones incestuosas con las empresas”. Esta prevalencia de los intereses de inversores extranjeros sobre el bienestar de las poblaciones locales conlleva entonces que “los pueblos indígenas sean cada vez más violados, más explotados, más excluidos, obligados a migrar a los centros urbanos y a morirse en la pobreza, perdiendo sus idiomas”, denuncia el que fue en 2016 presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Frente a un modelo de desarrollo que permite que comunidades situadas alrededor de una central hidroeléctrica no tengan luz en sus casas, Pop esgrime las alternativas propuestas por los pueblos originarios. Entre ellas destaca el Buen Vivir, o Sumak Kawsay, surgido en los Andes. “Esta práctica de vida debería hacernos reflexionar para que reconozcamos formas de pensamiento vinculadas a la naturaleza y a la colectividad”, sostiene.
En cualquier caso, Pop desmarca a los pueblos originarios del ecologismo. “El planteamiento ecologista ve a la naturaleza allá y al humano acá, y el humano tiene que proteger a la naturaleza. El planteamiento de los pueblos indígenas no es así. Nosotros estamos dentro y, por lo tanto, queremos que nuestro mundo se mantenga”, aclara.
“LA OBLIGACIÓN DE CONSULTAR A LOS PUEBLOS NO SE CUMPLE”
A punto de cumplirse del décimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pop estima que los avances jurídicos han sido importantes, pero no han solucionado los problemas. “Las normas internacionales y nacionales obligan a los Estados a construir mecanismos de diálogo y consulta mediante la participación de los pueblos indígenas, pero esto en la práctica no se cumple”, afirma.
El derecho a la consulta previa, libre e informada, que otorga a las comunidades afectadas por proyectos extractivistas el poder decisión sobre sus territorios, es uno de los más vulnerados. No obstante, existen casos recientes que muestran un cambio de tendencia, como el de la comunidad campesina de Cajamarca, en Colombia, que dijo ‘no’ a la minería en una consulta popular celebrada en marzo.
A Pop no le extraña que las poblaciones rurales de América Latina se opongan a las iniciativas mineras. “No hay un solo ejemplo de un lugar donde hubo una mina de oro o de plata y hoy haya un jardín”, expresa en referencia a las promesas que realizan gobiernos y compañías mineras sobre la reforestación de los territorios explotados.
“Existe la minería responsable, pero responsable solo ante sus accionistas. Las empresas que explotan recursos lo único que quieren son dividendos, bajo ese concepto se olvidan de las personas que viven ahí, se olvidan de la posibilidad del rescate de la naturaleza”, señala.
“LA CREENCIA DE QUE NO APORTAMOS ES FALSA”
Debido a esa resistencia que muchos pueblos indígenas mantienen ante los proyectos de extracción de recursos naturales, abundan los gobiernos que los tildan de obstaculizar el desarrollo. Lo mismo ocurre con buena parte de las poblaciones mestizas urbanas de América Latina, quienes priorizan la creación de empleo y la llegada de recursos económicos sobre los derechos de los pueblos a decidir sobre sus territorios.
Frente a esta extendida percepción que caricaturiza a los indígenas como enemigos del progreso, Pop arguye que el desarrollo económico de buena parte del planeta debe mucho a las comunidades nativas. “Los pueblos indígenas han ayudado y sostienen las economías de casi todos los países de América Latina y del mundo”, asegura. “Nos dedicamos a la agricultura y a la pesca, nuestras economías están muy vinculadas a la tierra. Por eso la creencia de que no aportamos y que somos dependientes es falsa”.
Pop reconoce que los pueblos indígenas también tienen que hacer autocrítica en algunos aspectos, como en relación a los derechos de las mujeres. “Por supuesto que hay machismo en las comunidades, hay desigualdad en la toma de decisiones”, asume este politólogo maya, que valora los aportes de mujeres indígenas vinculadas al feminismo comunitario.
Frente a los retos que los pueblos originarios tienen por delante, Pop considera que el más acuciante de ellos es la transformación de los Estados latinoamericanos en entes que garanticen el cumplimiento de los derechos indígenas. Además, plantea la necesidad de buscar una tercera vía que permita superar la “disyuntiva mortal” que obliga a elegir entre extractivismo sí o extractivismo no.
“Sin la explotación de los recursos no hay futuro porque nos quedaríamos sin teléfonos celulares y sin energía eléctrica, pero tampoco hay futuro haciéndolo. Por eso hay que construir una tercera vía para el desarrollo en donde el bienestar de todos incluya el bienestar de los pueblos indígenas, donde seamos reconocidos como ciudadanos de primera categoría”, concluye.
