Tras las críticas recibidas por parte de organismos civiles y empresariales, el pasado 23 de junio el Presidente Enrique Peña Nieto decidió vetar el Artículo 32 de la llamada Ley “3de3”, que obligaba a empresarios y civiles a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses en caso de recibir recursos públicos.
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- Las comisiones de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República coincidieron con el Ejecutivo Federal en que obligar a los particulares a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses es violatorio a su privacidad.
De acuerdo con el dictamen de las comisiones, que mañana votarán el veto que el Presidente Enrique Peña Nieto realizó a diez artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se destaca que “coinciden con el Ejecutivo” en el sentido que haber incluido “la obligación de que particulares presenten sus declaraciones patrimoniales y de interés, puede constituir una intromisión en su esfera jurídica, particularmente en su privacidad y podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud, y la libertad personal”.
El documento que ha sido difundido ya entre los senadores, señala también que la obligación de las autoridades es “garantizar los derechos humanos d todas las personas, por ello, toda vez que las disposiciones normativas observadas podrán constituir una violación a los derechos fundamentales de nuestro País, las comisiones consideran oportuno modificar los artículos observados por el Ejecutivo”.
Los legisladores consideraron que de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas “establece una carga a los particulares sin distinguir la situación específica en la que se encuentran frente al Estado por lo que la constreñir con las mismas obligaciones a sujetos que se encuentran en circunstancias distintas, vulnera el principio de igualdad”.
Por lo que dijeron que de no modificar los artículos a los que el Jefe del Ejecutivo Federal hizo las observaciones, se aplicaría “de manera indiscriminada la Ley a todas las personas que reciban recursos públicos”. Incluso, dijeron, a las personas que reciben beneficios de programas sociales, a estudiantes que reciban becas de entidades públicas, o a personas físicas que prestan servicios a empresas que tengan contratos públicos.
Tras las críticas recibidas por parte de organismos civiles y empresariales, el pasado 23 de junio el Presidente Enrique Peña Nieto decidió vetar el Artículo 32 de la llamada Ley “3de3”, que obligaba a empresarios y civiles a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses en caso de recibir recursos públicos.
El Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, dio a conocer la decisión en un mensaje a medios de comunicación: “[...] el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la facultad Constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como facultad de veto, devolverá al Senado de la República para su análisis el articulo 32 inciso b y c de la Ley general de responsabilidades administrativas y otros 15 artículos más relacionados con este artículo 32”, dijo.
Castillejos Cervantes explicó que se proponen modificaciones a los artículos por considerar que contienen “medidas excesivas” que afectarían la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción.
“El Gobierno de México ha escuchado las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Anticorrupción […]. La presentación de las declaraciones de millones y millones de mexicanos que salen todos los días a ganarse la vida de forma honesta, en nada ayudaría a combatir la corrupción y en todo perjudicaría su vida privada y pondría en riesgo sus derechos humanos.”, dijo el funcionario.
Algunas organizaciones como México Evalúa acusaron que el Artículo 32 se metió sin discusión previa ni aviso y obligaba a que toda persona física o moral que recibiera recursos públicos tenía que presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, la llamada “3de3”.
Otro de los artículos que causó controversia y que no fue vetado por el Presidente es el 29. El motivo de la indignación por parte de diferentes grupos de la sociedad radica en que deja al criterio de cada funcionario el hecho de publicar sus declaraciones, ya que si considera que hacerlo pondrá en peligro su vida, tiene la facultad de reservar esta información.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, tal y como fue aprobada en la Cámara de Senadores y ratificada en la de Diputados, protege los intereses de servidores públicos al dar la opción de omitir sus declaraciones, coincidieron diversos analistas.
El 15 de junio de este año, el Senado de la República la aprobó con 94 votos a favor, 23 en contra y menos exigencias para los funcionarios de las que contemplaba la versión original. La Cámara de Diputados la ratificó sin modificaciones.
