El Estado de México no conoce la alternancia. Durante más de 80 años ha sido gobernado por un sólo partido: el Revolucionario Institucional (PRI), y esto no es un dato menor porque se trata de la entidad más poblada del país y en donde 16 mil personas han sido asesinadas y 11 mil mujeres han sido violadas durante los últimos cinco años. Sólo en 2015, 62 mil actos de corrupción fueron cometidos por cada 100 mil habitantes; una cifra que asustaría al país más corrupto del mundo. La impunidad une y alimenta ambos hechos: violencia y corrupción. En esta entidad, sólo ocho de cada 100 ilícitos son denunciados. En 2017, los mexiquenses votarán para elegir a un nuevo Gobernador. El partido del Presidente Enrique Peña Nieto ejerce un control clientelar sobre millones de personas, sobre todo las más pobres, y la prensa crítica, la sociedad civil e incluso los partidos de oposición apenas asoman la cabeza. ¿Son las cifras de violencia, corrupción e impunidad una razón suficiente para que los electores castiguen al PRI en las próximas elecciones? Quizás. Este 2016, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, que viven una pesadilla similar, decidieron darle la espalda al priismo, que gobernó desde la post Revolución a sus padres, a sus abuelos.
PRIMERA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– La violencia y corrupción son dos factores que podrían ponerle fin a casi un siglo de hegemonía tricolor en el Estado de México, concuerdan analistas. El alza en la tasa delictiva y la omisión de las autoridades se suman a la pobreza, la censura y el control social ejercido por un mismo partido a lo largo de los últimos 80 años en esta entidad para perfilar una elección local cuyo resultado podría ser histórico.
Los comicios del año 2017 les darán a los habitantes de este estado dos opciones. Por un lado, perpetuar un sistema ya conocido cuya más reciente administración dejó como saldo un entorno de violencia en el que nueve de cada 10 mexiquenses han sido víctimas de ilícitos y por otro, apostar por otros grupos políticos.
La desconfianza de los ciudadanos ha posicionado al Estado de México en el segundo lugar nacional en cuanto a cifra negra. Los delitos no son denunciados porque el vínculo entre las instituciones y los mexiquenses está roto: la omisión de las primeras ha llegado a un punto en el que los segundos dejaron de creer que es útil acudir a las autoridades cuando un delito es cometido, pues la experiencia señala que pocas veces se hace justicia.
El círculo violencia-impunidad-violencia ha sumido a la entidad en los niveles más bajos de procuración de justicia (a pesar de ser uno en los que ya fue implementado el nuevo sistema de justicia penal) y en los más altos de incidencia delictiva, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Estado de México ha descuidado a sus mujeres. Esa es una denuncia que no cesa y que ha tomado fuerza en el último lustro, cuando la entidad desplazó a Ciudad Juárez, en Chihuahua, como la primera a nivel nacional en cantidad de feminicidios. Sin embargo, las mujeres no son el origen ni el fin del problema. El Estado de México descuidó a todos sus habitantes: niños, jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad por igual. No sólo los ha dejado a merced de la delincuencia, sino que ha omitido su responsabilidad en el combate de la misma.
SEIS MUJERES SON VIOLADAS CADA DÍA
El esposo de Carmen Zamora está recluido en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, desde marzo de este año. Carmen no lo visita cada semana, pero sí cuenta los días para que termine su condena: “si sale, me va a matar”, asegura la mujer. Después de presentar denuncias y utilizar las redes sociales para hacer visible su caso, Carmen logró que un juez le creyera: su esposo la violó y ejerció violencia física y psicológica sobre ella.
Su caso no es la excepción. En esta entidad, seis mujeres son víctimas de violación cada día. Entre enero de 2011 y abril de 2016, fueron denunciadas 11 mil 254 violaciones: un promedio de dos mil 250 al año, 187 por mes, seis cada 24 horas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP).
Los feminicidios no se quedan atrás: aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la Alerta de Género para 11 de los 125 municipios en julio de 2015, a menos de un año de su implementación el registro de este delito suma 90 casos. Además, la implementación de esta alarma tardó cuatro años y medio en ser puesta en marcha desde que se realizó la solicitud correspondiente.
“Lo único que significa activar la Alerta de Género es que mediáticamente parece que se está atendiendo el asunto, pero en los hechos, las mexiquenses siguen sufriendo la violencia de género”, explicó el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., en entrevista para SinEmbargo.
La incidencia de este delito no ha disminuido porque las autoridades mexiquenses han sido incapaces de implementar programas de prevención. “No se trata sólo de las acciones posteriores al delito, sino a evitar que suceda”, dice Mariana Meza Hernández, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
Lo que sí han hecho las instituciones estatales es gastar alrededor de ocho millones y medio de pesos en “calcomanías, imanes y plumas”, como SinEmbargo dio a conocer en marzo pasado. En contraste, “no se ha invertido en algún foro, volante o tríptico para informar a la población”, de acuerdo con David Mancera Figueroa, presidente de la organización civil Solidaridad por las Familias.
Mientras tanto, activistas aseguran que la Alerta de Género fue utilizada como botín político y que la población desconoce las acciones implementadas por el Gobernador, Eruviel Ávila Villegas.
La violencia de género es un fenómeno con causas, consecuencias e incluso métodos de investigación y tipificación específicos. Sin embargo, no es posible entenderla fuera del contexto en el que viven todos los habitantes de esta entidad, un contexto de violencia desbordada.
NUEVE DE CADA 10 MEXIQUENSES, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
En abril de este año, un grupo de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente de 15 años de edad que estaba embarazada, asaltaron un camión en esta entidad. A punta de pistola obligaron a quienes viajaban a bordo a entregarles sus pertenencias y dispararon para infundir temor en las personas. Una de estas balas impactó en el pie de la joven embarazada.
Este cuadro retrata la situación que vive a diario el Estado de México, en donde sólo una de cada 10 personas se salva de la delincuencia. Las nueve restantes han sido víctimas de todo tipo de delitos: desde extorsión hasta homicidio. No obstante, ocupa el lugar 29 entre los 32 estados en cuanto a procuración de justicia, correlación que explica por qué sólo ocho de cada 100 delitos se denuncian.
Desde que al actual Gobernador asumió su cargo, en septiembre de 2011, en el estado han tenido lugar 16 mil 629 homicidios; de estos, más de 10 mil 300 fueron dolosos, es decir, el 70 por ciento. Asimismo, han sido denunciados 846 secuestros y cuatro mil 574 extorsiones, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
“En el Estado de México hay zonas que están fuera de control”, dice José Antonio Ortega. “Llama la atención que sean los municipios que rodean a la Ciudad de México como Ecatepec, Nezahualcóyotl o Chalco en donde la violencia se ha desbordado”, analiza el abogado.
Al respecto, la investigadora de CIDAC, Mariana Meza, considera que “la frontera entre estados siempre es un lugar violento, un territorio bastante disputado por lo que significa para el crimen organizado y que además supone un problema de evasión de responsabilidades cuando ocurren delitos en estos límites”.
El crecimiento sostenido en estas cifras muestra que las autoridades han sido incapaces de responder al problema y garantizar la seguridad de los habitantes de este estado. Así lo explica José Antonio Ortega: “las autoridades han sido rebasadas y hay una falta de credibilidad tanto en las instituciones como en el Gobernador”.
Cuando las personas sienten que las instituciones no cumplen con su tarea de procuración de justicia, deciden tomar el asunto en sus propias manos. Así ha sucedido en este estado, en donde durante la última década, este estado se posicionó como el primer lugar a nivel nacional en casos de linchamiento de acuerdo con el reporte Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), de los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila.
“No los justifico. Se tiene que acudir a las instituciones para resolver nuestros problemas, pero la ausencia de autoridades estatales es lo que los está provocando”, dice Ortega Sánchez. Esta ausencia también es cuantificable: en cuanto a procuración de justicia penal, este estado ocupa el lugar número 29 con respecto al total nacional.
Aunque el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ya entró en vigor en todo el territorio que abarca el Estado de México, un estudio realizado por CIDAC señala que su efectividad es de sólo siete por ciento, ya que las denuncias de delitos del fuero común tardan, en promedio, cuatro horas para ser recibidas a través de esta modalidad y hay dos defensores públicos por cada 100 mil habitantes.
LA CORRUPCIÓN: EL VÍNCULO ROTO CON LA CIUDADANÍA
Todos estos factores resultan en un alto porcentaje de impunidad: el segundo a nivel nacional, sólo por debajo de Quintana Roo. El Índice Global de Impunidad 2016 elaborado por la Universidad de las Américas Puebla arroja que en el Estado de México sólo son denunciados ocho de cada 100 delitos, lo que significa impunidad en 92 por ciento de los casos.
No es sorpresa que esto ocurra en una entidad en la que 12 mil de cada 100 mil personas consideran que han sido víctimas de la corrupción, la mitad de estas durante su contacto con autoridades de seguridad pública; y en donde se registraron, tan sólo en un año, 62 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 realizada por el Inegi.
Aunque la Procuraduría estatal el estado ejerce más de 130 pesos per cápita (multiplicado por los 15 millones de habitantes da un total de mil 950 millones de pesos), el porcentaje de sentencias condenatorias entre el total de delitos consumados, es decir, plenamente probados, no pasa del dos por ciento.
Las cifras indican que los mexiquenses han optado por dejar de denunciar los ilícitos de los que son víctimas o testigos debido a que estos trámites rara vez encuentran una conclusión justa.
Sin embargo, las consecuencias no se limitan a estadísticas poco favorables. Como resultado de la corrupción e impunidad también hay una desconexión con la ciudadanía, coinciden Meza y Ortega.
“Es difícil gobernar un estado con tal distanciamiento de las instituciones con la ciudadanía, pero también es muy difícil ser un ciudadano a pie y no tener el respaldo de las mismas”, dice Mariana Meza.
La investigadora de CIDAC considera que, debido al contexto en el que viven los ciudadanos de la entidad, la violencia y corrupción serán las pruebas de fuego en la elección de 2017 para todos los candidatos, no sólo para los del PRI.
la seguridad y en general la violencia van a ser uno de los más importantes, así como la corrupción. Van a ser las pruebas de fuego no sólo para el PRI, sino para todos los candidatos.
“Si las cosas siguen así, va a haber un voto de castigo al partido en el poder en el Estado de México”, proyecta José Antonio Ortega.
