Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) presentaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe donde denuncian que persisten deficiencias y confusión sobre las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas ofrecidas por el gobierno federal.
Las organizaciones denunciaron que el Estado hizo pública la cifra definitiva de personas desaparecidas, “pero como resultado de un proceso de depuración y no de búsqueda e investigación”. Además, plantearon, no se ha hecho pública la metodología utilizada para descartar datos y aún persiste la falta de lineamientos claros para saber cómo se reciben las denuncias y cómo se clasifican.
De acuerdo con el documento, un total de 20 mil 810 personas desaparecieron entre 2006 y 2014. Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, las listas depuradas indican que hubo 12 mil 195 personas desaparecidas, mientras que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se han reportado 7 mil 615.
“Las organizaciones informan al Comité que resulta alarmante que las desapariciones de personas continúan durante la presente administración y que la cifra de personas desaparecidas en menos de dos años del gobierno de Peña Nieto representa el 60 por ciento del total de las personas desaparecidas durante la totalidad del gobierno de Calderón”, expusieron en un comunicado.
Sin embargo, también denunciaron que las cifras publicadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) son distintas a las publicadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Hace dos semanas, el presidente de la dependencia, Raúl Plascencia Villanueva, dijo ante el Senado de la República que en México hay 24 mil 800 personas en paradero desconocido.
En el informe ejemplificaron los errores con cifras del estado de Veracruz; expusieron que “en el periodo 2006-2012 tienen un registro de 361 personas desaparecidas. “Posteriormente, de forma repentina, informaron la localización de 186 personas reportadas como desaparecidas”.
El documento también destaca que es preocupante que las averiguaciones previas iniciadas por el Estado por el delito de desaparición forzada es confuso, pues en el informe del gobierno ante la ONU se señala que se iniciaron 99 averiguaciones por desaparición forzada entre 2006 y 2013 a nivel federal, y 192 a nivel local. Sin embargo, en una solicitud de acceso a la información presentada por las organizaciones firmantes, la Procuraduría General de la República (PGR) reporta 138 averiguaciones previas por desaparición forzada en el mismo período.
Las tres organizaciones revelan que es evidente que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2013 para responder a la problemática de las desapariciones, “se encuentra rebasada y enfrenta dificultades estructurales”.
El informe plantea que durante la elaboración del Reglamento de la Ley General de Víctimas (LGV) hizo falta la participación de víctimas, además de que hay retrocesos en los estándares generales de dicha ley.
