En un país de 53.4 millones de pobres, de los cuales todavía 9.4 millones están en condición de extrema pobreza, de acuerdo con las cifras del Coneval, es paradójico que sea este último escenario –la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder– el que provoque más alboroto entre la ciudadanía, plantea un ensayo de la catedrática Alejandra Gaitán Barrera, publicado en Democracia Abierta.
Ciudad de México, 4 de mayo (OpenDemocracy/SinEmbargo).– En un ensayo publicado en Democracia Abierta (y que SinEmbargo reproduce íntegro en acuerdo con el sitio OpenDemoracy), la catedrática Alejandra Gaitán Barrera alerta que México está al borde del “precipicio distópico”.
“El desmantelamiento del Estado mexicano ha sido gradual pero vehemente”, advierte. “Lo que en determinado momento se concibió (al menos en teoría) como una entidad garante del bienestar ciudadano, hoy no es más que un aparato conformado por una élite despótica del binomio gobernante PRI-PAN (PRIAN)”.
“Esta élite sirve únicamente los intereses de la oligarquía nacional y extranjera. El binomio gobernante se ha encargado de continuar el proyecto nacional neoliberal, proyecto sanguinario iniciado por Miguel de la Madrid (1982-1988) y solidificado durante las administraciones de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000)”, añade la especialista.
Ante esta contienda electoral, se vislumbran al menos tres posibles escenarios hipotéticos:
1) La continuación del status quo y la penetración de la lógica neoliberal en nuevos ámbitos de la vida pública y privada. Esto conllevaría a la práctica defunción de la comunidad política sine qua non para el mantenimiento de la democracia.
2) La violenta irrupción de una agencia política colectiva fragmentada, desorganizada y desprovista de una ideología progresiva. Asimismo, la confrontación entre esta fuerza y un Estado neoliberal mexicano cada vez más militarizado.
Esto se traduciría en el abrupto colapso de las instituciones mexicanas (en el mejor de los escenarios) y en la emergencia de una guerra civil (en el peor de los casos). Los indicios han sido evidentes ya que en México toda forma de disentimiento orgánico y de base ha sido criminalizada, reprimida, silenciada o bien, cooptada.
Ejemplos de ello abundan: maestros, estudiantes, campesinos, pueblos indígenas, familiares de aquellos desaparecidos, desempleados, desposeídos, las mujeres, etc.
3) El arribo de un proyecto de nación de naturaleza reformista, a cargo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Este proyecto à la Jeremy Corbyn o Bernie Sanders tiene el potencial de desafiar la democracia elitista que históricamente ha monopolizado al país. Si en cambio la plataforma de MORENA adquiere un matiz à la marea rosa, entonces puede esperarse el advenimiento de un neo-desarrollismo al estilo Sudeste Asiático, como el que instauraron los gobiernos del Partido Justicialista (PJ) en Argentina y el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil desde inicio del presente siglo.
En cualquier caso, puede esperarse el regreso del papel protagónico del Estado en materia de salud, educación, seguridad social e ingresos (redistribución).
Es decir, el posible advenimiento de una ola de colectivización de lo privatizado por las administraciones públicas neoliberales desde la ‘alternancia’ democrática en el 2000 (Partido Acción Nacional, PAN: 2000-2006, 2006-2012; Partido Revolucionario Institucional, PRI, 2012-2018). Han sido precisamente estas administraciones las que han consolidado la inserción y la integración de México en el capitalismo global.
Cabe aclarar que a la fecha numerosas campañas mediáticas han infundado miedo y escepticismo entre la ciudadanía al calificar el proyecto de AMLO de ‘populista’ y/o ‘socialista’.
Sin embargo, la plataforma nacional de AMLO está basada en un eje económico que meramente pretende fomentar el nacimiento de una socialdemocracia en México a través de un eje económico neo-Keynesiano. Tal como se explicará más adelante en este artículo, AMLO y Morena comparten poco con el socialismo excepto el ideal del igualitarismo.
En un país de 53.4 millones de pobres, de los cuales todavía 9.4 millones están en condición de extrema pobreza (CONEVAL, 2017) es paradójico que sea este último escenario –la llegada de AMLO al poder– el que provoque más alboroto entre la ciudadanía.
Hablemos de los dos primeros escenarios.
El desmantelamiento del Estado mexicano ha sido gradual pero vehemente. Lo que en determinado momento se concibió (al menos en teoría) como una entidad garante del bienestar ciudadano, hoy no es más que un aparato conformado por una élite despótica del binomio gobernante PRI-PAN (PRIAN).
Esta élite sirve únicamente los intereses de la oligarquía nacional y extranjera. El binomio gobernante se ha encargado de continuar el proyecto nacional neoliberal, proyecto sanguinario iniciado por Miguel de la Madrid (1982-1988) y solidificado durante las administraciones de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000).
En tan sólo treinta y seis años, México sucumbió a la fiebre privatizadora. Eufemismos variados y hasta ingeniosos fueron empleados por las administraciones públicas como estrategia para persuadir a la ciudadanía sobre la naturalidad de la fiebre neoliberal: “consolidación y mejora económica” (de la Madrid); “Programa Nacional de Solidaridad” (Salinas de Gortari); “bienestar para tu familia” (Zedillo); “modernización”, “asociaciones público-privadas” (Vicente Fox), “reformas estructurales” (Felipe Calderón) y “Pacto por México” (Enrique Peña Nieto).
Es así como la ciudadanía mexicana ha presenciado el avance desenfrenado del capital en sus distintas etapas: descentralización, desincorporación, desregulación, privatización y la retirada estatal de la esfera social.
LA CONTINUACIÓN DEL STATUS QUO
De acuerdo a los datos publicados en 1988 por la ahora extinta Secretaría de Contraloría General de la Federación (SCGF), en diciembre de 1982 el Estado controlaba 1155 entidades paraestatales, de las cuales 724 eran empresas de participación estatal mayoritaria, 75 de participación minoritaria, 103 organismos descentralizados y 223 fideicomisos.Con el objetivo de proporcionar al lector de este artículo la dimensión del gran salto neoliberal mexicano, he aquí un dato esencial; en tan sólo cinco años se desincorporaron 741 paraestatales, es decir, el 64.1% del total de paraestatales controladas por el Estado. Los resultados fueron catastróficos pues entre 1982 y 1998 el salario mínimo perdió 72% de su poder adquisitivo.
Bajo el gobierno panista de Fox y con el argumento de prevenir la bancarrota entre los productores de azúcar, el gobierno “rescató” 27 ingenios azucareros con recursos públicos de por lo menos 15 mil 373 millones de pesos. En un escenario reminiscente al del Fobaproa, los mexicanos presenciaron el saneamiento público de empresas privadas, proceso que conllevó la modernización infraestructural y la estabilización financiera de los ingenios.
Hoy por hoy, todos los 27 ingenios han sido nuevamente privatizados. Esta política económica neoliberal continuó intacta bajo el gobierno panista de Calderón. En noviembre del 2012 se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma anula las tan icónicas conquistas laborales básicas del siglo pasado.
Por ejemplo, mediante esta reforma se legalizan las empresas de outsourcing para subcontratación de trabajadores, se aprueban los contratos a prueba y por hora, se elimina la obligación patronal de notificar directamente al trabajador de su despido, se prioriza la productividad por encima de la antigüedad al momento de evaluar ascensos laborales, etc.[2]
Además, bajo el gobierno de Calderón, se debilitaron los derechos laborales a nivel nacional. Basta con recordar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la desintegración del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Como consecuencia de estas políticas neoliberales, la ya endeble densidad sindical continúa en decremento: 25% en 1980, 16.83% en 2005 y 13.64% en 2014.
Finalmente, bajo la misma ideología ortodoxa neoliberal, el priísta Peña Nieto no sólo se encargó de cimentar las bases del Estado neoliberal sino que pugnó por la fabricación de una sociedad preponderantemente neoliberal.
El ejemplo más tangible es el denominado “Pacto por México”, acuerdo nacional respaldado y firmado por cada uno de los partidos pertenecientes al status quo (PRI, PAN, Partido de la Revolución Democrática-PRD, Partido Verde Ecologista de México-PVEM).
A través del “Pacto por México” se fomentaron, de manera vertical, una serie de políticas neoliberales en numerosos y variados sectores como: trabajo, energía, educación, salud, telecomunicaciones, agua y el fisco, entre otros. Es decir, se gestionó el comienzo de una mentalidad neoliberal entre la población que ha normalizado la metamorfosis del ciudadano qua sujeto político en ciudadano qua consumidor. Bajo la lógica neoliberal, toda subjetividad política es forzosamente “economizada”–tal como lo teoriza la politóloga Wendy Brown.
En este sentido, lo más preocupante es que bajo la fiebre del capitalismo neoliberal, las premisas básicas de la democracia han sido socavadas. En sí, el proyecto neoliberal es profundamente destructivo para la democracia. Su amenaza más grave es su potencial para convertir a la democracia en un mercado libre entre entes racionales, utilitarios y competitivos.
El neoliberalismo deshace al demos ya que implica una reconfiguración del ciudadano que lo convierte en un homo economicus, como lo envisiona John Stuart Mill.[5] Es decir, un ser puramente utilitario, motivado por el constante deseo de maximizar su riqueza económica y de sacar el mayor rendimiento a todas las relaciones sociales, los compromisos políticos y las responsabilidades comunitarias.
En este contexto, el apoyar a candidatos como José Antonio Meade y Ricardo Anaya es perpetuar el status quo. En sí, la continuación de status quo presenta un riesgo inédito a los mexicanos: la intensificación de la socavación de la democracia y sus principios, el nacimiento de una masa social aún más empobrecida, enajenada, apolítica y subyugada al poder totalitario del capital.
Esto podría significar al advenimiento de un Leviatán estatista-capitalista, cuyo monopolio sobre el uso de la fuerza gradualmente devenga en la extracción masiva y unilateral de hasta los últimos depósitos de capital, recursos, innovación y sociedad.
El lógico corolario distópico de continuar este status quo es el desencadenamiento de un cataclismo–el cual puede devenir en el colapso institucional a nivel nacional y/o la culminación de una violenta lucha Hobbesiana bellum omnium contra omnes (la guerra de todos contra todos). Una guerra sin objetivos precisos ni principios revolucionarios progresivos.
GUERRA CIVIL
La ciudadanía mexicana debe afrontar la realidad: México es un estado fallido de facto. Muchos ponen en tela de juicio esta evidente realidad y cuestionan sin fundamento más que el ideológico que “México va hacia adelante”.
La paradoja es irrebatible: los mexicanos viven en un país donde se han debilitado sustancialmente las instituciones estatales, donde el poder judicial ha perdido entera credibilidad, donde las autodefensas, policías comunitarias y milicias se propagan incrementalmente a medida que el Estado (entendido aquí como el soberano de Thomas Hobbes) se repliega, desaparece y da paso a la solidificación de redes locales, regionales y nacionales pertenecientes al narcogobierno.
Las políticas actuales para combatir el narcotráfico y el estado de caos violento generalizado (políticas de seguridad, reformas a las instituciones policiales, desarme y treguas con autodefensas, etc.) no pueden de ninguna forma erradicar un conflicto que tiene como base un origen meramente económico.
La expansión del narcotráfico sólo puede combatirse con políticas económicas y sociales diseñadas y dirigidas a erradicar el empobrecimiento, la indigencia y la creciente desposesión de los ciudadanos mexicanos.
Son precisamente los empobrecidos, desempleados, indigentes y marginados quienes al no encontrar un Estado que provea las condiciones mínimas de oportunidad laboral y existencia, encuentran en las redes del narcotráfico la salida a la pobreza o bien, la salida al hambre.
Sin embargo, la élite política y gran parte de la academia (los intelectuales del Estado) continúan juzgando el conflicto a través de un lente casi puramente moral e individualista–como si realmente existiera una alternativa tangible a la disyuntiva entre entre el hambre y la miseria, y el unirse a las líneas del narco.
Además del PRIAN y sus actuales candidatos, otros candidatos presidenciales también mistifican el conflicto. Tomemos el ejemplo de la ex-panista candidata independiente de derecha, Margarita Zavala, quien propone el “recobrar los valores y la fé” como solución al problema del narcotráfico y a la situación de violencia generalizada.
Es decir, atribuye a la supuesta “pérdida de valores” el incremento en las redes del narcotráfico. Lo que este lente moralista e individualista genera es la creación de una dualidad artificial entre “mexicanos buenos” y “mexicanos malos”.
A su vez, esta taxonomía pasa por alto las graves divisiones económicas ya existentes hoy por hoy entre los mexicanos y reduce el conflicto a una decisión individual y moral: ¿afiliarse o no afiliarse a redes del narcotráfico?
Del 2006 a marzo del presente año (2018), se han registrado 240,000 muertes por “homicidio doloso” (el Estado mexicano aún no categoriza “muertes por narcotráfico” a pesar de que el conflicto es innegable). Cabe aclarar que esta cifra no incluye al gran número de desaparecidos.[6]
El lógico corolario en esta situación de caos generalizado e ingobernabilidad de facto es la expansión de la crisis que afecta hoy en día a Michoacán y Guerrero al resto del Estado mexicano. Esto supondría mayor intervención militar en comunidades y ciudades bajo el argumento de proveer mayor protección contra el crimen organizado.
De la misma forma, esto supondría un estado de sitio permanente y un incremento en el número de homicidios, desapariciones forzadas y torturas. También en este escenario de caos económico y político podrían destaparse movimientos y organizaciones bélicas formados por agentes de distintos sectores sociales.
Recordemos que la disidencia política y la resistencia en general ha sufrido gran represión bajo el México neoliberal de las últimas décadas: la creciente militarización es sólo una consecuencia de esta represión estatal.
Allí donde no existen canales para ventilar la protesta social y económica, surgirán inevitablemente movimientos contra-poder, los cuales no necesariamente adoptan una lógica progresiva, igualitaria y revolucionaria. Bajo este escenario distópico podría materializarse una guerra civil.
EL PORVENIR EN JUEGO
El filósofo marxista francés, Louis Althusser, teorizaba que los medios de comunicación forman parte del aparato ideológico del Estado–aquel que a través de la ideología legitima la coyuntura e inhibe el potencial revolucionario de las masas.
Con Televisa, TV Azteca, El Universal y Reforma a la vanguardia mediática de la información y transmisión de la contienda electoral, se obvia el miedo y el alboroto ciudadano ante la propuesta progresiva de AMLO como una evidencia de la fabricación del consenso, como propone Noam Chomsky.
La contradicción es clara e irrebatible: México tiene problemas estructurales económicos y políticos de índole mucho más preocupante que la especulación de si el reformismo de AMLO causará el advenimiento de una situación de caos.
La pregunta aquí es ¿no viven los mexicanos ya en un estado de caos generalizado, caracterizado por violencia institucional, femicidio, militarización, abusos de poder, corrupción endémica?
El proyecto de nación de AMLO de ninguna forma comparte los predicamentos y proposiciones de la izquierda radical progresiva–algo que frecuentemente es usado en su contra por los medios de comunicación y por el binomio PRIAN. Lo único que comparte es la idea básica de un Estado de bienestar.
Basta que uno haya leído el Proyecto de Nación 2018-2024 para poder afirmar que la plataforma de MORENA puede conceptualizarse como un soft reformismo neokeynesiano con rasgos reminiscentes de una socialdemocracia.
Uno los ejes del Proyecto de Nación es precisamente el rescate democrático del Estado para “convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país”, ¿cuál es la radicalidad de tal prospecto? Y continúa “el Estado no debe diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado con el pretexto de que es la única manera de crecer” (p.26).
Otros ejes fundamentales del proyecto son la austeridad republicana (de la mano de la reducción del costo de la democracia y cancelar las pensiones a ex-presidentes), el combatir la desigualdad y la falta de oportunidades laborales así como también el combate a la corrupción endémica.
Una de las consignas de AMLO puede sintetizar la filosofía de este proyecto nacional: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
Claro está que la plataforma de MORENA no es la panacea a los problemas endémicos del país.
Sin embargo, es el único plan de gobierno en estas elecciones presidenciales que tiene como eje fundamental el restablecimiento del contrato social como originalmente fue concebido por Jean Jacques Rousseau: aquel escenario donde el Estado asume la responsabilidad de proteger a los individuos, procurando el ejercicio de su derecho a la sobrevivencia (sobrevivencia que no puede asegurarse donde prevalecen la pobreza y la inseguridad, ambas némesis de democracia).
* Alejandra Gaitán Barrera es catedrática en la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad de Griffith, Australia. Es miembro del Centro de Gobernanza y Políticas Públicas (CGPP) y Candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, México.
