Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Organizaciones civiles como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y el Agua Vale más que Oro, denunciaron que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, pretende instalarse en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna “violando derechos mediante argucias legaloides, e incluso violando flagrantemente leyes y reglamentos federales y estatales”.
La empresa mexicana Desarrollos Zapal es propietaria del proyecto minero–metalúrgico Los Cardones, que consta de un depósito mineral con valores de oro y se localiza en la Delegación de San Antonio, Municipio de La Paz, en Baja California Sur. Desarrollos Zapal es subsidiaria de Invecture Group, de acuerdo con la página oficial de la mina.
La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, protegidas por la Unesco. Contiene el único bosque de pino-encino de Baja California Sur y la única selva sudcaliforniana de toda la península. Una gran cantidad de especies encuentran protección en la reserva.
Los habitantes de la zona dicen que todo ese patrimonio de los mexicanos está en peligro por la ambición de unos cuantos.
El martes pasado, habitantes de Todos Santos –población cercana– se manifestaron contra el proyecto minero Los Cardones en una gira del Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor. Los ciudadanos llevaron consignas como “Oro para pocos, cáncer para todos”, “Por favor prohíban la minería tóxica en BCS” y “El agua vale más que oro”. El mandatario prometió “decir no a las inversiones que depreden nuestros recursos naturales, que atenten al medio ambiente”.
En México existen al menos 36 conflictos mineros, la mayoría relacionados con casos de contaminación, daño a las comunidades y despojos a los pobladores donde se ubican zonas generadoras de una riqueza. De todos estos casos, al menos 70 por ciento son de compañías extranjeras. Datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y de la propia Secretaría de Economía, destacan que al menos tres cuartas partes de los proyectos mineros son de empresas de capital canadiense, que ampliaron su presencia en México tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Grupos ambientalistas y habitantes de La Paz y de los Cabos ligan a Desarrollos Zapal con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Juan Ángel Trasviña Aguilar, presidente de Medio Ambiente y Sociedad (MAS), aseguró en una rueda de prensa en junio de 2014 que Salinas Pliego tenía acciones en el proyecto minero a cielo abierto Los Cardones.
A decir del activista, el canadiense Michael John Detmold Macphee era director general de Grupo Invecture y miembro del Consejo Ejecutivo de Grupo Elektra. En una revisión para actualizar esta información, se corroboró el primero, sin embargo, el nombre de Detmold no aparece en la estructura del Consejo Administrativo de la empresa de Salinas.
En el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa hubo dos intentos fallidos de autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que Desarrollos Zapal iniciara la explotación en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna.
En el año 2010 el proyecto Los Cardones no logró el permiso de cambio de suelo porque no acreditó la propiedad de terrenos de Jesús María III de 275 hectáreas y otro más.
De acuerdo con el sitio bcsnoticias, los abogados afirmaron poseer seis contratos de compraventa privado que se habían llevado a cabo con los rancheros del lugar.
Según planos de la minera, este es un terreno nacional con una extensión denominada Jesús María III, lugar donde se ubica el rancho Las Pardecitas o El Encantado, propiedad del señor Jorge Cordero Cordero desde hace más de 80 años.
Reportes de prensa local señalan que el 17 de enero de 2008 personal de la mina convencieron al señor Jorge de firmar un contrato de acceso a terrenos superficiales para que los empleados de Desarrollos Zapal efectuaran exploraciones mineras. La renta se fijó cuatro mil dólares.
Posteriormente obligaron al señor Cordero a firmar un Convenio de Terminación de Contrato de Acceso a Terrenos Superficiales el 25 de abril de 2014. Le ofrecían que, según la cláusula sexta del documento, si dejaba su tierra el 26 de mayo de 2014 recibiría tres millones de pesos, de acuerdo con el sitio bcsnoticias.
La minera argumentó que ya le habían dado 260 mil pesos como parte de una compraventa, pero el señor Jorge no estuvo de acuerdo porque ese dinero era de rentas por pasar a la zona.
Tras la resistencia del señor Cordero, Desarrollos Zapal interpuso una denuncia ante el juez de Primera Instancia del Ramo Civil en Baja California Sur, donde exigía el cumplimiento forzoso del Convenio de Terminación de Contrato de Acceso a Terrenos Superficiales.
Pero no todo quedó en la demanda. La madrugada del 4 de marzo, la empresa Desarrollos Zapal irrumpió en el rancho de las Pardecitas –propiedad del señor Jorge Ricardo Cordero Cordero desde hace 80 años– con más de 30 guardias de la empresa de seguridad privada Adamantium Security, perteneciente presuntamente a Grupo Salinas. Los guardias destruyeron el rancho, reportaron diversos medios locales.
Ante esta situación, las organizaciones se pronunciaron en contra del proyecto minero Los Cardones.
“La sociedad sudcaliforniana a través de miles de firmas promovidas por nuestras organizaciones civiles y ciudadanas se ha manifestado en absoluto rechazo a estas empresas depredadoras, pero la colusión de intereses de políticos y autoridades de distintos niveles de gobierno siguen en contubernio con estos poderosos intereses económicos y no cejan en su empeño de explotar el oro, aunque para ello tengan que no sólo atropellar derechos, destruir el desarrollo económico, incluso hasta la vida de miles de personas”, indicaron los ambientalistas y ciudadanos en un comunicado.
En el texto, exigieron a las autoridades federales revocar las concesiones mineras en Baja California Sur. A las autoridades estatales “negar los permisos y licencias para que estas empresas mineras ya señaladas se asienten en cualquier parte de los municipios de La Paz y de Los Cabos, y a las autoridades del municipio de La Paz, donde se asiente la jurisdicción de la Sierra de La Laguna, “a negar cualquier cambio de uso de suelo y licencias de construcción a las empresas mineras señaladas y a cualquier otra que pretenda destruir nuestros ecosistemas”.
