Para esta medición, se tienen en cuenta los costos directos empleados para contener la violencia -como cuánto gasta el Estado en las Fuerzas Armadas o las empresas en protegerse- y los indirectos, en los que entran en juego conceptos como la percepción de la inseguridad o qué supone para una familia quedarse sin la cabeza. Se trata de “un impuesto a la seguridad en el país” que pagan todos los ciudadanos y cuya cuantía supera la de un mes de ingresos del trabajador mexicano promedio, especialmente en estados como Colima, donde el costo de la violencia per cápita es de 66 mil pesos o Guerrero, donde es de 53 mil 600 pesos, indicó en entrevista con Efe la coordinadora del centro de investigación Instituto de Economía y Paz en México, Patricia de Obeso.
Los cinco estados con mayor deterioro son: Colima, Zacatecas, Michoacán, Veracruz y Baja California Sur.
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Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo/EFE).- La violencia le costó a México el equivalente al 18 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, un año en que el aumento de los homicidios contribuyó en gran medida al retroceso en los niveles de paz del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017 publicado hoy.
Este deterioro, refirió el documento, se atribuye en gran parte a un aumento de 18 por ciento en los homicidios, de los cuales, 61 por ciento fueron el resultado de un ataque mortal con un arma de fuego. Este es el segundo año consecutivo que México ha visto una tendencia al alza en la tasa de homicidios y el uso de armas de fuego.
De acuerdo con el informe, los cinco estados con mayor deterioro son: Colima, Zacatecas, Michoacán, Veracruz y Baja California Sur.
Patricia Obeso, coordinadora del índice de Paz, informó durante la presentación del informe que el 91 por ciento de los delitos en el país quedan impunes.
El índice de Paz de México, elaborado por el Instituto de Economía y Paz, ofrece una evaluación integral del nivel de paz en México, detallando la tranquilidad de cada uno de los 32 estados del país durante los últimos 13 años.
El análisis tiene en cuenta múltiples fuentes, encuestas públicas y orientación metodológica de un grupo de expertos, ajustando, cuando sea posible, los datos oficiales para tener en cuenta la subnotificación. El informe también evalúa los costos asociados con la violencia y los factores socioeconómicos relacionados con la paz en México, conocida como Paz Positiva.
De acuerdo con el Instituto, los niveles de paz cayeron en 2016 un 4.3 por ciento, cuando en los dos años pasados se había visto “un estancamiento”, sin avance ni retroceso.
En este descenso tuvo especial importancia el incremento en la tasa de homicidios en 18 por ciento -16,7 por cada 100 mil habitantes-, lo que básicamente “arrastra los niveles de paz de México hacia abajo”, apuntó la coordinadora del centro de investigación Instituto de Economía y Paz en México, Patricia de Obeso.
Aun así, los niveles de paz mejoraron casi un 14 por ciento en comparación con 2011, cuando el Instituto ubica el “punto álgido de la violencia” en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida a finales de 2006 por el entonces ex Presidente Felipe Calderón.
De acuerdo con De Obeso, el costo de la seguridad en México supone aproximadamente 25.00 pesos (1.335 dólares) por persona.
Se trata, sostuvo en entrevista con la agencia EFE, de “un impuesto a la seguridad en el país” que pagan todos los ciudadanos y cuya cuantía supera la de un mes de ingresos del trabajador mexicano promedio, especialmente en estados como Colima, donde el costo de la violencia per cápita es de 66 mil pesos (3.555 dólares) o Guerrero, donde es de 53 mil 600 pesos (2.865 dólares).
Para esta medición, se tienen en cuenta los costos directos empleados para contener la violencia -como cuánto gasta el Estado en las Fuerzas Armadas o las empresas en protegerse- y los indirectos, en los que entran en juego conceptos como la percepción de la inseguridad o qué supone para una familia quedarse sin la cabeza.
Con estos datos sobre la mesa, hay que considerar “si la inversión que hemos hecho en los últimos diez años en el combate directo al narcotráfico, (…) en la contención de la violencia, realmente ha tenido un impacto” o si más bien hay que preguntarse “en qué deberíamos estar invirtiendo para mejorar los niveles de paz”, planteó De Obeso.
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El Instituto estimó que el 60 por ciento de los homicidios reportados se cometieron con un arma de fuego, un aspecto en el que se quiere enfatizar porque, argumentaóDe Obeso, “el tema de las armas de fuego llama al mercado negro de armas que hay principalmente con Estados Unidos”.
Durante años este aspecto ha estado “desatendido” y actualmente “los gobiernos estatales y municipales apenas empiezan a reportar correctamente estos delitos”, por lo que aún falta trabajo para que esto se haga con “seriedad y mayor precisión”.
La tasa de crímenes de la delincuencia organizada -que examina el número de extorsiones, delitos relacionados con el tráfico de drogas y secuestros- “se mantuvo prácticamente igual, después de tres años de mejora sustancial”, señaló el reporte.
Sin embargo, De Obeso destacó que en México no hay “manera de saber a ciencia cierta o con estadísticas oficiales” qué porcentaje de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado.
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Uno de los indicadores que mejoró durante el pasado año, en un 9.2 por ciento, fue el de los delitos con violencia -que comprenden violación, robo y asalto-, siguiendo la tendencia mantenida durante los últimos años.
Asimismo, la tasa de presos sin condena bajó al 13 por ciento, lo que está directamente vinculado con la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, con el que la prisión preventiva deja de ser generalizada y se reserva para aquellos delitos considerados como graves.
De Obeso indica que “aún hay mucho que hacer” para que los ciudadanos vean la justicia como una institución en la que pueden confiar y para mejorar el trabajo de los policías locales, en momentos en que el Legislativo debate una polémica Ley de Seguridad Interior que busca regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Ahora “hay que voltear a nivel local”, para ver “qué pueden hacer” los policías, las fiscalías estatales y los ministerios públicos, “que realmente tienen un impacto en la percepción de la ciudadanía en la confianza de las instituciones”, subrayó
