Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– Los estados de Veracruz y Quintana Roo comparten algo en común: sus gobernadoresJavier Duarte Ochoa y Roberto Borge Angulo, respectivamente, son priistas, reprimen la protesta, tienen poder y hacen todo lo necesario por defender la imagen del Presidente de la República Enrique Peña Nieto y la del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Justo la semana pasada, ambas entidades dieron de qué hablar en torno al tema de la libertad de expresión, pues mientras Borge Angulo impulsaba una Ley de Ordenamiento Social para criminalizar las manifestaciones, Duarte de Ochoa desplegaba un operativo en torno a un edificio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el que se detuvo a seis activistas de la organización Greenpeace, por colocar una manta de 130 metros cuadrados con la imagen de Peña Nieto bañado de crudo y emulando la portada que le dio la revista Time.
Para Gustavo de la Rosa Hickerson, activista y defensor de derechos humanos, estos sucesos no son casualidad y son el anuncio de que las viejas prácticas del priismo regresaron.
“La visión que tiene el PRI [Partido Revolucionario Institucional] respecto del Presidente como una figura sacramental, es una visión que siempre ha acompañado al PRI. Peña Nieto se vuelve muy vulnerable a la crítica por parte de la ciudadanía por sus reformas estructurales que son muy controversiales, lo que irrita a los priistas y para defender al Presidente lo van a hacer incluso hasta con la muerte de los adversarios. Esa es una realidad en la que nos vamos a enfrentar poco a poco”, dijo el activista.
El caso más reciente de represión en Veracruz fue el de la aprehensión de activistas de Greenpeace por protestar en contra de la Reforma Energética y utilizar durante su acto, la imagen de Peña Nieto.
Minutos después de que los manifestantes colocaron la manta en el edificio de Pemex Refinación en Veracruz –el pasado 1 de marzo–, arribó al lugar un grupo de 20 elementos de la Policía Estatal para obligar a los jóvenes a retirar todo indicio de manifestación. Los activistas fueron detenidos y ahora una de ellos, Rosina González, de 26 años, enfrenta cargos por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena que podrían concluir en una pena de entre cuatro y 10 años de prisión.
“Rosina está acusada por un monto de 78 mil pesos por el daño a una lámpara, las imputaciones no han sido comprobadas y son ridículas y frente a estos cargos que nos han hecho el Ministerio Público con sede en Veracruz, pedimos que no sean detenidos, ni presentados de ninguna manera los seis activistas”, expuso María Collín, abogada de Greenpeace.
Para Gustavo de la Rosa esto sólo forma parte de una situación que empeorará y se extenderá a todo el país.
“Van a ir apretándole a los medios, perseguirán a los escritores, cerrarán medios, irán tras los articulistas. En el caso de Duarte ya se le había criticado a él y a Pemex y no hubo esa reacción, pero tocaron al Presidente de la República y le aseguro que ha de tener miles de llamadas y correos electrónicos de priistas felicitándole y diciéndole ‘así se hace’, este es el nuevo panorama”, afirmó.
El activista indicó que el PRI busca recuperar el respeto hacia la imagen del partido y del presidente que se perdió durante los dos sexenios del Partido Acción Nacional (PAN) que preceden a Peña Nieto.
“Yo sí veo que los dos presidentes del PAN [Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa] fueron más tolerantes en cuanto a la expresión ciudadana, e inclusive le faltaban el respeto a los presidentes. Le soltaron la rienda a los medios para atacar a los presidentes y se convirtió en deporte nacional criticar al presidente, estas críticas de broma de los mexicanos no les afectaban para nada, pero los priistas son diferentes: para ellos la figura presidencial en sagrada”, comentó.
EL “NEOAUTORITARISMO”
Para Eduardo Bueno León, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), tanto Veracruz como Quintana Roo comparten que no hubo una transición democrática, pues el PRI jamás perdió el poder, por lo que hay una continuidad de un sistema político autoritario.
“Claro ahora que el PRI regresó al gobierno federal, algunos priismos estatales dirigidos por gobernadores sin experiencia ciudadana, producto del favoritismo y la burocracia priista como estos dos gobernadores, podrían estar asumiendo un neoautoritarismo, porque confunden disciplina con gobernabilidad democrática”, dijo.
El profesor de la UIA explicó que la tendencia hacia el autoritarismo no necesariamente alcanza a todos los estados gobernados por el PRI, pero sí a aquellos que nunca tuvieron alternancia.
“Y todo lo que se ha ganado en derechos cuidadanos, comienza a ser negado. El acto de los chicos de Greenpeace, donde ellos optan por la desobediencia civil y la acción directa es un ejemplo. Es penoso que se hable tanto de la sociedad civil y que cuando protesta se le reprima de inmediato”, planteó.
Bueno León detalló que la criminalización de la protesta social es una tendencia no sólo en México, sino en otros países del mundo.
“Se está dando en otros países de América del Sur, en Grecia y España, esto como parte del concepto que a la sociedad hay que disciplinarla a través de reducir al mínimo el derecho ciudadano a manifestar su inconformidad con normas o decisiones que les afecta o van en contra de sus valores. Es una tendencia que ha llegado a México y se ha posicionado fuertemente en las elites políticas”, explicó.
En el caso de Veracruz, la libertad de expresión también es perseguida a través del asesinato de periodistas.
Con 15 periodistas asesinados desde 2002 y 10 de ellos, durante la administración del priista Javier Duarte, la entidad demuestra que no sólo no resuelve los casos, sino que trata de desviar la atención de los crímenes contra periodistas, al desligarlos de su profesión, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, hace unas semanas tras el asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz
“Se hace patente que Veracruz es el lugar más peligroso de México y del mundo para hacer periodismo con 10 periodistas asesinados en lo que va de la administración de Duarte”, expuso.
En el caso de Quintana Roo, la persecución no sólo se da en contra de la protesta, sino de los opositores políticos.
Una semana antes de las elecciones del pasado 7 de julio, los comités estatales del PRD y el Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo denunciaron en la sede nacional del Sol Azteca en la Ciudad de México, un clima de “terrorismo electoral” creado por Roberto Borge, para inhibir el voto.
La violencia en la entidad en torno al proceso electoral se recrudeció durante los meses previos con la quema de ocho automóviles de los candidatos de la alianza electoral PRD-PAN, amenazas e incluso ataques a las sedes estatales de ambos partidos, así como destrucción de 60 por ciento de la propaganda electoral de la candidata Graciela Saldaña.
Ese día el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, llamó a Peña Nieto a poner orden en la entidad y evitar que aquellas elecciones se vieran enrarecidas por la violencia del Gobernador priista Roberto Borge Angulo.
“Esto no puede ni debe seguirse dando. Exigimos a Peña Nieto para que controle a sus huestes, especialmente al salvaje que tiene, al pirómano que tiene como Gobernador en Quintana Roo. Es una elemental actitud de responsabilidad política con lo que Peña Nieto firmó en el Adendum del Pacto por México y que allá no existe para el Gobernador”, dijo Jesús Zambrano.
