Mientras usted sigue pendiente de la novela del “tapado” Meade o de la prensa “fifí” de Andrés Manuel, el Congreso aprobó ya uno de los peores retrocesos de la construcción democrática de este país: la ley de seguridad interior.

Se llama así como un eufemismo técnico para racionalizar una mentira que fascina a nuestros gobernantes. Una mentira que repiten una y otra vez: que la seguridad civil no es el problema y que esta ley solo sirve para dar marco legal a la actuación de las fuerzas armadas en el territorio nacional.

Y es que ese sí es el problema, porque llevamos más de 10 años de una “guerra contra el narco” que es un fracaso monumental. Diez años de mantener al ejército en las calles como si fueran oficiales de tránsito (si no me cree, échese la vuelta por Sinaloa). ¡Diez años! Diez años y la seguridad se complica cada vez más. Peña Nieto ya lleva más muertos que Calderón y ambos se empeñan en sostener que la estrategia es la correcta. Y entonces la pregunta brinca solita: ¿correcta para quien?

Siempre sostuve que Calderón se empeñó en el enfoque de “guerra frontal” por una convicción moralina contra las drogas que nos hizo mucho daño. Ahora creo que Peña Nieto la continuó por un mero asunto de poder.

El punto es que ambos les gusta el modelo actual y que ninguno está abierto a intentar otros enfoques. A pesar de las cifras durísimas, Osorio Chong todavía sostiene en eventos públicos que la captura y neutralización de “objetivos estratégicos” (o sea capos y lugartenientes) va muy bien. Mientras, el reguero de muertos inunda las noticias.

¿Y qué propone la Ley de Seguridad interior?

No hay espacio aquí para explicarla a detalle pero bajo el hashtag #SeguridadSinGuerra un amplio número de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales como la ONU e incluso la CNDH, ya fijaron postura en contra de ella.

La ley es peligrosa por dos cosas: la primera es que normaliza la estrategia militar en lugar de apuntalar un proyecto de seguridad humana por la vía civil; algo así como “Si las policías no sirven, entonces dejémosle la seguridad civil a los militares”.

Y la segunda, todavía más grave, por su carácter golpista, pues le permite atribuciones extralegales a las autoridades militares para intervenir y espiar sin controles ni mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Lo cual es una locura cuando todos sabemos que uno de los principales violadores de derechos humanos en este país es –precisamente– el ejército. Solo acuérdese de Tlatlaya.

Todas las organizaciones y los más diversos expertos han hecho profundos análisis del documento y propuesta alternativas sin que nuestros diputados los escuchen.

¿Y ahí es cuando yo me pregunto en qué piensan estos diputados cuando votan?, ¿de verdad no lo entienden?, ¿o de plano les vale madre?

Y como no creo que sean tontos. Me parece que las razones por las que apuntalan este proyecto de militarización es que les gusta la idea del poder absoluto, del control sin rendir cuentas, de la opacidad y el privilegio de la impunidad.

Les gusta a los diputados y les gusta sobre todo a los gobernadores que deben estar súper felices porque, ahora sí, la Federación se va a encargar del tema de seguridad sin que ellos digan pío, ni tengan que responsabilizarse de nada.

Pero sobre todo esta ley le encanta a Peña Nieto porque legitima su militarización y lo protege ante las cortes internacionales en el futuro, al proveer un marco legal que justificaría una posible violación sistemática de derechos humanos.

A pesar de lo peligroso de la nueva ley, llama la atención que la protesta no ha salido del círculo rojo y cierta sociedad civil organizada.

Me parece que los ciudadanos siguen sin dimensionar la puerta autoritaria que se acaba de abrir porque no se sienten aludidos. Lo intuyo así: dado que la generalidad de la población no es delincuente, no tendría porque sentirse directamente afectada por una legislación diseñada para el ejército.

Sin embargo, ahí radica el mayor peligro: si históricamente el ejército se ha sentido con el poder para pasar por encima de los ciudadanos de manera arbitraria, la nueva ley de seguridad interior acaba por darle legalidad a esa discrecionalidad.

Nos dirán que no había de otra, que era necesario y que el crimen organizado podría controlarlo todo si lo permitimos.

Solo como dato, el crimen organizado ya controla buena parte del territorio y en lugar de construir policías le estamos dando un cheque en blanco al ejército mientras los muertos se acumulan.

“Ley de seguridad interior”. Acuérdese muy bien de ella. Lo va a necesitar para explicarse la próxima vez que el ejército lo pare en un retén sin razón, la próxima vez que se sienta agredido, espiado o detenido ilegalmente.

Le va a dar mucha rabia, pero no podrá hacer nada porque nuestros diputados acaban de darle permiso a los militares para pasar por encima de nosotros sin ninguna explicación.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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