Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la Reforma Política-Electoral, con 106 votos a favor, 15 en contra, y una abstención.
Algunos senadores perredistas como Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales, Luz María Beristain Navarrete, Angélica de la Peña, Fidel Demedecis Hidalgo, votaron a favor del dictamen.
Así, el Senado dio luz verde a la reforma constitucional que modifica el sistema electoral nacional: Crea al Instituto Nacional Electoral (INE); quita el carácter autónomo a los órganos electorales estatales; permite la reelección legislativa hasta por 12 años; establece causas de nulidad de una elección.
“Esto no es una Reforma Electoral, es el comienzo de la transformación del sistema político mexicano más moderno, más acorde a las exigencias sociales y más cercano a modelos internacionales que han demostrado éxito para avanzar a un mejor Estado democrático”, afirmó en tribuna Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación.
Además, la reforma aprobada por el Senado modifica el sistema político mexicano, para establecer la posibilidad del Gobierno de Coalición; la obligación del Congreso de ratificar al Gabinete Presidencial; otorga autonomía al Ministerio Público y crea la Fiscalía General de la República.
Incluye la figura de gobierno de coalición, ratificación del Senado al nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores y ratificación de la Cámara de Diputados del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la facultad de nombrar al Procurador General de la República.
Asimismo otorga a ambas cámaras la facultad de participar de forma más directa en la creación del Plan Nacional de Desarrollo y por parte del Senado, la ratificación de la estrategia nacional de seguridad; y la revisión de la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y de las atribuciones del Consejero Jurídico del Gobierno.
“La presente reforma constituye un avance importante en la consolidación de la democracia nacional, ya que cambia las normas para el acceso al poder político y establece elementos importantes para el ejercicio de éste, mediante controles constitucionales y la instauración de nuevas instituciones garantes de derechos y libertades ciudadanas”, aseguró Cristina Díaz; Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El dictamen no tuvo mayor problema para ser avalado por el pleno, toda vez que durante las últimas dos semanas el texto fue construido por senadores priistas y panistas, en comunicación constante con representantes de la Presidencia de la República.
CRÍTICA DE LA IZQUIERDA
Los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llegaron 40 minutos después de que inició la sesión, llegaron en bloque. El primero en entrar al salón del pleno fue el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, seguido de la Senadora Dolores Padierna.
El PRD no desaprovechó el micrófono, para denunciar, una vez más, que esta reforma fue cocinada en lo oscurito por priistas y panistas, están diseñadas para beneficiar a una pequeña élite política.
“Los senadores del PRD ante las inconsistencias, antes las irregularidades, la falta de compromiso y el incumplimiento de la palabra decidimos dejar las mesas de debate de discusión de esta llamada reforma política”, recordó el Senador Benjamín Robles Montoya.
El PRD mencionó que las reformas son medianas porque en los hechos sólo confirman lo que ya sucede. Por ejemplo, la reelección legislativa se lleva a cabo de forma simulada por personas que saltan de una Cámara a otra.
Por su parte, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, criticó el que priistas y panistas no se atrevieran a crear una autoridad nacional electoral que disminuya el dispendio de recursos económicos, tanto en la preparación como en la organización de las elecciones.
“Vengo a presentar mi voto en contra de este dictamen ya que, de aprobarse, se daría un fuerte retroceso en nuestro sistema político, pues su intención de fondo es allanar el camino para centralizar el poder en la figura del Presidente de la República”, indicó la perredista.
ACTIVISTAS EN EL SENADO
Durante la intervención del Senador del PRD, Zoé Robledo, un grupo de jóvenes activistas empezaron a cantar y gritar desde la galera destinada a los visitantes, consignas a favor de la democracia participativa directa y para dejar de lado simulaciones en la reforma políticas.
El Senador Robledo guardó la calma, pero el Presidente de la Mesa Directiva, el priista Raúl Cervantes, pidió que resguardo sacara a los jóvenes del salón, orden que fue acatada inmediatamente.
La decisión fue respaldada por senadores del PRI y del Partido Verde, quienes celebraron que la Mesa Directiva aplicara el Reglamento y desalojara a los activistas.
Minutos después la Senadora Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, pidió al Presidente Cervantes que iniciara una investigación por la supuesta violencia con que el personal de resguardo desalojó a los jóvenes.
“Ninguna parte del Reglamento dice que tengan que ser golpeados y aventados desde la escalera y que se les quitara también sus identificaciones que pido que se les regrese. (…) Porque aquí somos muy dados a violar el Reglamento porque entonces que sea de doble vía, yo le pido a usted que respete el Reglamento en el artículo 193 donde dice que este dictamen debió haberse publicado 24 horas antes, lo dice el Reglamento y aquí violamos el Reglamento, violamos la Constitución y nos valen la leyes”, sostuvo la Senadora Sansores.
La secundaron los perredistas Angélica de la Peña, Mario Delgado y Zoé Robledo quienes también pidieron que se ofreciera una disculpa pública a los agredidos y se les permitiera reingresar al salón.
Esto no sucedió, pero el Presidente Raúl Cervantes pidió iniciar una investigación sobre la forma en que fueron sacados del salón los jóvenes activistas.
GOBIERNO DE COALICIÓN Y RATIFICACIÓN DE GABINETE
El gobierno de coalición empezará a ejercerse a partir del 2018, con el nuevo Presidente de la República. Se plantea que el Presidente pueda optar en cualquier momento de su administración con una coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, para definir conjuntamente un programa de gobierno y una agenda legislativa.
En caso que el Presidente optara por la coalición, los nombramientos de los Secretarios de Estado deberán ser ratificados por el Congreso, salvo los de los titulares de las secretarías de Defensa Nacional y Marina.
Sin embargo, aunque no se opte por un gobierno de coalición, el Senado deberá ratificar el nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores, tal como sucede con los embajadores y cónsules; mientras que la Cámara de Diputados deberá ratificar al Secretario de Hacienda.
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La Procuraduría General de la República se convertirá en un órgano autónomo a partir del 1 de diciembre de 2018 y cambiará su nombre a Fiscalía General de la República, a su vez, el Procurador pasará a ser designado como Fiscal General de la República.
El Fiscal General estará en el cargo durante nueve años, su designación corresponderá al Senado, con base en una lista de por lo menos diez aspirantes al cargo. La lista de aspirantes será enviada al Presidente para que integre una terna que someterá nuevamente a la consideración de la cámara alta.
El nombramiento y remoción del Fiscal General deberá ser ratificado por las dos terceras partes de los senadores presentes.
La Fiscalía General de la República contará con fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República, aunque el Senado podrá objetar las designaciones.
REFORMA ELECTORAL
La reforma electoral comprenderá: la transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE); aumento del umbral para mantener el registro como partido político, y atribuciones del Congreso de la Unión para emitir leyes generales en materia electoral.
A pesar de que se creará el INE, se mantendrá a los órganos electorales estatales, cuyos consejeros electorales deberán ser palomeados por el Senado de la República, como una medida de control para evitar que los gobernadores coloquen funcionarios a modo.
