Desde que Javier Duarte de Ochoa llegó a la gubernatura de Veracruz, la entidad se convirtió en la más mortífera para los periodistas. El año que entra el Gobernador se va, pero deja un estado sumido en la violencia, represión, pobreza y con más deuda.
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El 1 de diciembre de 2010, el priista Javier Duarte de Ochoa rindió protesta ante el Congreso del Estado como Gobernador Constitucional de Veracruz. Desde que él llegó al poder, su administración se distingue por ser la mas mortífera para los periodistas, pues de 2011 a la fecha han asesinado a 14 comunicadores que tienen en común el haber sido críticos a su gobierno.
El último reportero gráfico asesinado, amenazado por el Gobierno de Duarte según sus propias palabras, fue muerto en la colonia Narvarte del Distrito Federal cuando huía de las garras de sus verdugos: Rubén Espinosa Becerril.
Antes de morir torturado y con un tiro en la frente, denunció ante los medios de comunicación y organizaciones como Artículo 19, que el Gobierno de Javier Duarte lo amenazó de muerte y que era seguido y vigilado en Veracruz, razón que lo obligó refugiarse en la Ciudad de México, de donde era originario. No le sirvió de nada.
Junto con él fueron asesinadas y torturadas cuatro mujeres: Nadia Dominique Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martin. La primera era una activista que también huía de amenazas de muerte por su labor en Veracruz.
Nadia acusó directamente al gobierno de Javier Duarte si le sucedía algo. La joven tenía miedo. Se sentía amenazada.
La administración de Duarte está marcada por la violencia, inseguridad, pobreza. Sin embargo, Javier Duarte ha minimizado en reiteradas ocasiones la violencia que se vive en su estado, llegando incluso a declarar que en Veracruz ya no se hablaba de balaceras y asesinatos, sino “de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.
“Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”. Nada más alejado de la realidad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de diciembre de 2010 a agosto del año pasado en Veracruz hubo 3 mil 136 asesinatos.
Javier Duarte llegó a la gubernatura tras una elección polémica y cuestionada. Sus contrincantes fueron Miguel Ángel Yunes Linares del Partido Acción Nacional (PAN) y a Dante Delgado Rannauro quien se postuló por la coalición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.
El Gobernador electo ganó por 2.7 puntos porcentuales de diferencia sobre Yunes Linares. El caso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Duarte fue acusado de actos anticipados de campaña. Al final las autoridades electorales fallaron a su favor.
El próximo año se elegirá Gobernador por un periodo de dos años y 50 diputados locales. De acuerdo con la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) votarán 5 millones 577 mil 152 veracruzanos, de los cuales 47.44 por ciento son hombre y 52.56 por ciento mujeres.
POBREZA Y DEUDA
En 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que en el estado de Veracruz aproximadamente el 62 por ciento de la población percibía ingresos por debajo de la línea de bienestar. En 2012 el porcentaje bajó al 56 por ciento, pero para 2014 la cifra era de 63 por ciento. Durante los primeros tres años de Gobierno de Duarte los veracruzanos en pobreza extrema en la entidad disminuyeron en un ligero porcentaje, pasando de un estimado de un millón 590 mil a 1 millón 263 mil. Sin embargo durante 2014 los pobres en Veracruz repuntaron de cuerdo con el Coneval, Veracruz se colocó en la segunda entidad con más pobres.
De los dos millones de pobres más durante ese año, el Estado de México (Edomex) aportó 941 mil 200 y Veracruz 492 mil 480, es decir representó 24.7 por ciento del total.
En la entidad gobernada por Duarte los pobres pasaron 52.6 por ciento al 58 por ciento, colocándose por encima de la media nacional.
En cuanto a la deuda, el 28 de octubre pasado el Congreso de Veracruz aprobó la contratación de deuda por más de 21 mil millones de pesos solicitada por Javier Duarte de Ochoa.
Con 35 votos a favor y 9 en contra y una abstención, los diputados avalaron que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) use como fuentes de pago participaciones y aportaciones de la Federación e ingresos generados por la entidad.
La aprobación de los recursos tiene como fin pagar la deuda del estado para lo que se destinaron 15 mil millones de pesos, otros 5 mil millones pesos para el mismo fin y para “inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto rezago social” se permitió un endeudamiento de hasta mil 700 millones de pesos.
Durante la discusión, el panista Julen Rementería del Puerto dijo que su partido no está en contra de los instrumentos de deuda, sino en desconocer la forma en que se utilizan. Por ello, manifestó su desacuerdo en que se siga endeudando al estado y votó en contra.
La administración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa es investigada por el probable daño o perjuicio a la Federación, luego que se hallaran irregularidades multimillonarias en la cuenta pública de Veracruz. Se habla de miles de millones de pesos que pudieron haber sido desviados; no obstante, pueden pasar años para que este caso sea resuelto y se sepa de cuánto fue el desfalco, debido a los procedimientos administrativos
En tanto, la respuesta del paradero de ese dinero está en al menos 29 funcionarios o ex funcionarios veracruzanos que ya son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta historia comenzó a principios de año, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades en la cuenta pública de 2013 del estado de Veracruz. En todos los rubros del gasto federalizado –educación, salud, infraestructura y seguridad pública– el órgano técnico de la Cámara de Diputados hizo recomendaciones por hallar “recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería Federal de la Federación”.
A la fecha no se sabe cuánto es el monto que pudo haber sido perdido, desviado o robado en la entidad, puesto que el proceso sigue en marcha, es parte de una investigación y el Gobierno veracruzano puede o no aclarar –este día o en un mes o en un año– el ejercicio o no ejercicio del dinero.
Sin embargo, diversos legisladores de todos los partidos políticos aseguraron que se trata de 5 mil millones de pesos. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación interpuso en noviembre de 2014 un total de 15 demandas legales ante la Procuraduría General de la República en contra de funcionarios o ex funcionarios de la actual administración, luego que las observaciones no fueran aclaradas durante el lapso correspondiente.
Hace unos días el periódico Reforma publicó que el ex Gobernador de Veracruz Fidel Herrera y Duarte dejaron una obra inconclusa que presumen haber terminado.
Según el diario ambos gobernadores derogaron 180 millones –140 millones en la cuenta de Herrera– para la construcción del distribuidor Buena Vista, ubicado en el municipio de Ixtaczoquitlán, obra que no conduce a ningún lado.
La edificación que iniciara Fidel Herrera al inicio de su mandato en 2005, había sido acordada para construirse en dos etapas, ambas concluidas durante su administración, según establecía en su Primer Informe de Gobierno.
La primera etapa del proyecto tuvo una inversión de 22 millones de pesos provenientes de aportaciones estatales del Impuesto sobre la nómina. A la segunda etapa, en 2006, se le destinaron 37 millones 991 mil 414 pesos, según un dictamen de la licitación pública nacional número 59095001-006-06.
Ya para la tercera etapa que inició en 2008, con plazo de 243 días, tuvo una inversión de 83 millones 687 mil 657 pesos, con el número licitación de 59095001-009-08.
Reforma cita el Quinto Informe de Gobierno de Herrera en el que establece que “En Ixtaczoquitlán, se construyó el distribuidor vial ‘Buena Vista’”, presentado en 2009, sin embargo esta obra no había sido culminada.
Cuando la obra fantasma pasó a manos de Javier Duarte, éste también hizo uso de la misma promoción. Aseguró en su Primer Informe, con una inversión de 40.7 mdp, continuar la construcción, pero la situación fue otra.
La majestuosa obra de la que presumieron ambos mandatarios tenía como objetivo comunicar al municipio veracruzano, pero se ha quedado inconclusa tras 10 años de promesas.
VIOLENCIA Y EJECUCIONES
El 20 de septiembre de 2011 fueron arrojados en de Boca del Río 35 cuerpos de hombres y mujeres ejecutados, frente al edificio donde se realizaba el XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y Procuradores y Fiscales Generales de Justicia.
Javier Duarte declaró que “a escasos metros del lugar donde nos encontramos, sucedieron hechos terribles, brutales, hechos que lamentamos y, por supuesto, rechazamos, hechos que nos lastiman a todos. En Veracruz no minimizamos al crimen, aquí en Veracruz lo situamos en su justa dimensión, lo enfrentamos y lo combatimos”.
Según la Procuraduría General de Justicia del Estado las víctimas tenían antecedentes como homicidas, extorsionadores, nacormenudistas y secuestradores.
Duarte de Ochoa lamentó publicó en Twitter: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”.
En un mensaje más indicó:
“Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de Plataforma México”.
Plataforma México aclaró: “Es imposible que nuestra base de datos pueda arrojar resultados con tanta rapidez y menos aún cuando la única evidencia de la que disponían las autoridades son las huellas dactilares”.
Después el grupo que dijo llamarse “Los Mata Zetas” se atribuyó el crimen.
El 4 de octubre se implementó en el operativo federal Veracruz Seguro, en donde participaron Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz.
Tres meses y medio después, el 28 de enero de 2012 la Policía Federal detuvo en el aeropuerto de Toluca a Said Zepeda y Miguel Morales, presuntos funcionarios del Gobierno de Veracruz que transportaban dos maletines con 25 millones de pesos en efectivo. Varios medios de comunicación pusieron en entredicho si eran funcionarios, debido a que no aparecieron en los directorios.
El Gobierno de la entidad argumentó que ese dinero era para las festividades del Día de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín.
Los adversarios políticos de Duarte especularon que ese dinero era para financiar la campaña del entonces precandidato a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto.
El diario Reforma informó que la factura presentada por ese dinero, fue mitida 19 horas después del decomiso. A pesar de ello, la Procuraduría General de la República (PGR) le regreso el dinero al gobierno y con intereses.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
El Gobierno de Duarte se ha distinguido por la criminalización de la protesta. El 1 de marzo de 2014 una manta de 130 metros cuadrados con la imagen del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, bañado de petróleo, emulando la portada “Saving México” de la revista Time, causó la ira del Gobierno de Veracruz y de Petróleos Mexicanos (Pemex) en contra de seis activistas de la organización Greenpeace.
Minutos después de que los manifestantes colocaron la manta en edificio de Pemex Refinación en Veracruz el pasado 1 de marzo en señal de protesta por la Reforma Energética y el escaso apoyo gubernamental a las energías renovables, arribó al lugar un grupo de 20 elementos de la Policía Estatal para obligar a los jóvenes a retirar todo indicio de manifestación.
Fueron aprehendidos y una de ellos, Rosina González, de 26 años, enfrentó cargos por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena que podrían concluir en una pena de entre cuatro y 10 años de prisión.
“Rosina está acusada por un monto de 78 mil pesos por el daño a una lámpara, las imputaciones no han sido comprobadas y son ridículas y frente a estos cargos que nos han hecho el Ministerio Público con sede en Veracruz, pedimos que no sean detenidos, ni presentados de ninguna manera los seis activistas”, dijo María Collín, abogada de Greenpeace.
El día de la manifestación, los activistas fueron detenidos por la Policía Naval y detenidos durante varias horas en Playa Linda, para después ser trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Veracruz en donde permanecieron 28 horas.
La organización pagó 100 mil pesos para garantizar el pago de la lámpara dañada y de las multas por protestar en el edificio de Pemex y solicitó un amparo indirecto para obtener la libertad bajo fianza de Rosina.
Héctor Magallón, vocero de la campaña Energía y Cambio Climático de Greenpeace, dijo que es era la primera vez que la organización sufría una embestida de ese tipo en México.
“En vez de que Pemex se ocupe en solucionar sus problemas de seguridad en las plataformas y por los daños ambientales que genera, se empeña en reprimir la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Son derechos consagrados en la leyes mexicanas y en tratados internacionales de los que México es firmante”, dijo Magallón.
La organización interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y solicitó recomendaciones para todas las autoridades implicadas, tanto federales, como estatales.
La denuncia de Greenpeace es por violación y penalización del derecho a la libertad de expresión, la detención por 28 horas, ataques a su libertad personal fuera del procedimiento judicial y el pago de una fianza para alcanzar la libertad.
Algunas de las autoridades señaladas directamente por la organización fueron: el agente del Ministerio Público federal de la mesa VI investigadora con sede en Veracruz, el coordinador de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, el coordinador de la Policía Naval en Veracruz-Boca del Río y al delegado de la PGR.
Eduardo Bueno León, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), dijo a SinEmbargo que en Veracruz no hubo una transición democrática, pues el PRI jamás perdió el poder, por lo que hay una continuidad de un sistema político autoritario.
“Claro ahora que el PRI regresó al Gobierno federal, algunos priismos estatales dirigidos por gobernadores sin experiencia ciudadana, producto del favoritismo y la burocracia priista como estos dos gobernadores, podrían estar asumiendo un neoautoritarismo, porque confunden disciplina con gobernabilidad democrática”, dijo.
El profesor de la UIA explicó que la tendencia hacia el autoritarismo no necesariamente alcanza a todos los estados gobernados por el PRI, pero sí a aquellos que nunca tuvieron alternancia.
“Y todo lo que se ha ganado en derechos ciudadanos comienza a ser negado. El acto de los chicos de Greenpeace, donde ellos optan por la desobediencia civil y la acción directa es un ejemplo. Es penoso que se hable tanto de la sociedad civil y que cuando protesta se le reprima de inmediato”, indicó
ASESINATO A PERIODISTAS
En el caso de Veracruz, la libertad de expresión también es perseguida a través del asesinato de periodistas.
Con 14 periodistas asesinados durante la administración del priista Javier Duarte, la entidad demuestra que no sólo no resuelve los casos, sino que trata de desviar la atención de los crímenes contra periodistas, al desligarlos de su profesión, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, tras el asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz.
“Se hace patente que Veracruz es el lugar más peligroso de México y del mundo para hacer periodismo con 10 periodistas asesinados en lo que va de la administración de Duarte. Lo que preocupa del caso de Gregorio es que las líneas de investigación no tienen que ver con lo que escribía, con su ejercicio periodístico, tratan de desligarlo”, dijo.
Darío Ramírez detalló que el desligar los crímenes contra periodistas es un común denominador de la administración de Duarte, con la intención de desvirtuar la labor que ejercen los reporteros.
“Lo hacen para que haya menor presión de parte de la misma prensa y de la comunidad internacional, y lo hacen no como resultado de una investigación seria, sino de la descalificación del ejercicio periodístico”, dijo.
En agosto de este año, fue asesinado en el Distrito Federal un fotoreportero que huía del gobierno de Javier Duarte.
Rubén Espinosa Becerril abandonó ese estado el 9 de junio y huyó al Distrito Federal: salió huyendo de las garras del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a quien señaló de ser el autor de los acosos y amenazas que estaba recibiendo, le dijo en su última entrevista a SinEmbargo.
Pero no le sirvió de nada. Fue asesinado en la colonia Narvarte junto a otras cuatro personas. Las garras de quiénes lo perseguían lo alcanzaron en la Ciudad de México y lo asesinaron frente a las narices de las organizaciones en donde denunció las amenazas de las que era víctima y lo más grave, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“No quiero que exista un número 13 y 14. Es triste pensar en Veracruz, no hay palabras para decir lo mal que está ese estado, ese gobierno, la prensa, y lo bien que está la corrupción. La muerte escogió a Veracruz, la muerte decidió vivir ahí”, dijo en entrevista Rubén a principios de julio.
En un auto exilio de Veracruz, obligado por el acoso y las amenazas de las fue víctima llegó al DF. El joven colaborador de Proceso, Cuartoscuro y de la agencia de noticias AVC huyó luego de protagonizar varios episodios de acoso.
El reportero gráfico era originario de la Ciudad de México, pero desde hace ocho años radicaba en Veracruz. En esa entidad dejó su trabajo, sus corresponsalías, amigos, su casa y hasta su perro por el miedo a ser asesinado como los 12 periodistas que ya fueron ejecutados.
“No sabes lo difícil que esto. Dejé a mi perro, quisiera regresar por él”, indicó Rubén con los ojos humedecidos. Quería volver a la entidad que gobierna Javier Duarte, pero tenía claro que volver allá, era jugarse la vida. Por eso mejor, se quedó en el DF.
El día de la entrevista Rubén llegó a la redacción ataviado con una camisa a cuadros, pantalón casual, unos tenis, su chaleco y la bolsa donde resguardaba su cámara fotográfica. Llegó listo para cubrir la marcha del noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Esa sería su siguiente parada luego de conversar en la redacción.
A pesar de que se sentía nervioso, su gusto por la cobertura de movimientos sociales lo impulsaba a salir a la calle a tomar fotos. En el Distrito Federal se sentía seguro y aunque le estaba costando trabajo adaptarse de nuevo a la ciudad, la certeza de que en la capital del país podía resguardarse de las amenazas del Gobierno de Duarte, lo alentaba a continuar.
“Me molesta mucho que una persona decida el rumbo de mi vida. Que por un capricho, una necedad, una inmadurez a todas luces notable, tenga que salirme de un estado al cual quiero muchísimo”, “me cuesta trabajo arrancar otra vez para acá. Ya no me acostumbro a la dimensión de la ciudad, es complicado para mí, porque los recursos que traigo comienzan a terminarse. El transporte aquí es caro, comidas más caras, la renta más cara, claro me está costando mucho trabajo y la intención que tengo es regresar, cuando el estado dé condiciones para poder trabajar”, confesó Rubén.
Rubén Espinosa vestía modestamente. Traía una tableta vieja y rayada, desde donde mandaba sus fotografías a las agencias para las que trabajaba.
Sentado en una de las sillas de la sala de juntas, Rubén reveló el estado de la prensa y de la libertad de expresión en Veracruz; el modus operandi del gobierno del Gobernador Javier Duarte de Ochoa para mantener sometidos a los medios de comunicación y la vida que deben llevar los reporteros y fotógrafos que no quieren recibir dinero a cambio de callarse.
La anarquía es tal, que todos la están pasando mal, menos la corrupción, dijo, en un Veracruz que la muerte escogió para vivir, en brazos de un gobierno admirador del ex dictador Francisco Franco.
Rubén dijo en entrevista que salió huyendo de Veracruz, porque era acosado por el Gobierno de Javier Duarte, debido a que publicaba fotos incómodas para el Gobernador y porque cubría marchas y movimientos sociales.
En una de esas coberturas andaba – una manifestación de estudiantes que fue reprimida y que a él le tocó registrar a través de su lente–, cuando un hombre, al que Rubén identificó como una persona de “ayudantía del Gobierno del Estado”, lo amenazó con que terminaría como la periodista de la revista Proceso Regina Martínez Pérez, quien fue asesinada en su departamento en 2012.
“Le di la cobertura y cuando tomo la foto de que estaban deteniendo a los estudiantes, me toma del cuello una persona de ayudantía del Gobierno del Estado y me dijo: ‘Deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina’. Eso me lo dijo una persona de gobierno. Son policías vestidos de civil. La persona que orquestó el operativo de esos estudiantes está en la Secretaría de Seguridad Pública”, aseguró.
Igual que Regina Martínez, Rubén Espinoza fue asesinado entre las cuatro paredes de un departamento, pero en la Ciudad de México.
–¿Qué detonó tu salida de Veracruz? ¿Qué día saliste del estado?, se le preguntó hace un mes a Rubén en la redacción de SinEmbargo.
-– Salí el 9 de junio por un acoso de parte de personas que desconozco. Salí a las nueve de la mañana del martes 7 a trabajar y una persona me observó detenidamente. No le puse mucha atención. De ahí fui a mi cobertura. Regresé a mi casa, en eso por Facebook me avisó una compañera que estaban estudiantes reunidos en una mesa de diálogo con autoridades de la Universidad Veracruzana. Me fui a las tres de la tarde y exactamente en la esquina de mi casa había tres sujetos con un taxi prendido. No quise mirarlos porque noté la presencia muy insistente. Pude identificar a uno. Saqué mi teléfono para anotar sus señas, cuando paro mi taxi, volteó a verlo y me toma una foto.
Me subí al taxi, los tipos mal encarados, no eran de ahí Xalapa. Tenían pinta porteña. Ahí me di cuenta que era el mismo que vi en la mañana. Por la tarde iba camino a mi casa y veo que vienen dos tipos hacia mí, en actitud violenta, se vienen y no se quitaron. Yo me pegué a la pared, y uno de ellos me pasa cerca, sentí su respiración. Me puse de lado, no lo seguí con la mirada, seguí mi camino, volteo y me están viendo. Iban de negro. Me vine el jueves nueve.
–¿Qué coberturas haces en Veracruz? ¿Crees que detonaron este acoso?
–Yo me especializo en movimientos sociales. Tengo una portada en la revista Proceso con el Gobernador, esa portada lastimó mucho, de hecho la compraron a granel…
–¿Qué foto es?
–Es una fotografía donde el Gobernador sale con una gorra de policía y de perfil que va caminando. Nosotros en Xalapa nos hemos manifestados siempre que asesinan a un compañero. Fui golpeado en el desalojo de maestros en 2013, en la plaza Lerdo, junto con otros compañeros, a raíz de eso tuvimos que ir a marchar. Hicimos que el Congreso hiciera la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas, que no sirve de nada. Estuve en la colocación de la placa en la plaza Lerdo, donde le pusimos Regina Martínez. He dado cursos de seguridad para los fotógrafos y me han hecho saber que soy un fotógrafo incómodo para el Gobierno del Estado.
–¿Cómo te hacen saber eso?
–No me dejan entrar a los eventos oficiales. En una ocasión cuando fue lo de los 35 cuerpos que encontraron en el monumento a los voladores de Papantla en Boca del Río, el entonces Procurador Reynaldo Escobar Pérez iba a dar una conferencia. Entonces me dice una persona encargada de prensa, Edwin, no recuerdo su apellido, que yo qué hacía ahí, que yo no tenía nada que hacer y que estaba estorbando. Entonces de ahí comenzaron a tomarme fotos por parte de la gente de Gobierno del Estado.
–¿Sólo te acosan a ti?
–Hacia mí y al grupo de los periodistas en los que estoy.
–Este último acoso que detonó que te salieras de allá, está muy cerca al ataque a los jóvenes de la Universidad Veracruzana, ¿tu cubriste esto?, ¿tomaste fotos de la escena?
–De todo. Lo que pasa es que lo que hago es darle seguimiento a los casos. No me quedo con tomar eso que pasó a los estudiantes y ya. Con todos los movimientos que han tenido los estudiantes. Cubrí el del 20 de noviembre del mismo año que asesinaron a Regina, el desfile, estaba Javier Duarte y no podíamos estar en frente del templete. A los fotógrafos y camarógrafos nos encerraban a los lados. Yo pedí que me dejaran tomar unas fotos y en el momento que me acerco, veo que despliegan una mata que decía: ‘Javier Duarte, el pueblo te tiene en la mira, no perdona ni olvida’. En eso viene un estudiante y me dice que estaban golpeando a unos estudiantes. Le di la cobertura y cuando tomo la foto de que estaban deteniendo a los estudiantes, me toma del cuello una persona de ayudantía del Gobierno del Estado y me dijo: ‘Deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina’. Eso me lo dijo una persona del gobierno. Son policías vestidos de civil. La persona que orquestó el operativo de esos estudiantes está en la Secretaría de Seguridad Pública.
Había una señora que iba saliendo de hacer sus compras, que les dijo que dejaran de golpear a un estudiante y llegó ese personaje: a la señora la jaló del cabello, le tiró sus compras y se la llevó a golpes. Estamos hablando de una anarquía generalizada. No puedes decir nada ni hacer nada. Había francotiradores arriba de un hotel para el desfile.
–Hace unos días vinieron los jóvenes que fueron agredidos a machetazos en Veracruz, dijeron que hay una lista negra de personas incómodas para el gobierno. ¿Estás en esa lista?
–No, de hecho yo pensé que iba a estar en esa lista, pero no estoy.
–¿Hay otros compañeros tuyos, fotógrafos, periodistas qué estén?
–No, puro activista, consejeros del INE [Instituto Nacional Electoral] y gente del PT [Partido del Trabajo]. A mí me llaman los mismos compañeros fotógrafos anarquista, porque he cubierto ese tipo de eventos.
–¿Me estás hablando de la misma prensa? ¿Te llaman fotógrafo anarquista?
–De hecho al grupo que tenemos nos han llamado guerrilleros. A mí me han llamado guerrillero, porque he dado cursos de seguridad y profesionalización a los compañeros. Me parece ridículo.
–¿Y qué arma cargas para que te digan guerrillero?
–Ninguna. Mi cámara y ética sobre todo. Nunca he recibido un sólo peso. No lo pienso hacer. Cada que sale un estudiante y se mete al gremio trato, de si lo quieres llamar ‘robármelo’ y decirle, ‘oye no recibas dinero’, esto no es así.
LA PRENSA QUE SE CALLA CON CHAYOTE
En la entrevista Rubén Espinosa denunció el modus operandi del gobierno de Javier Duarte para mantener a la prensa sometida.
El fotoperiodista aseguró que alrededor del 98 por ciento de la prensa en Veracruz, desde directivos de medios, hasta reporteros, recibe “chayote” como automóviles y dinero para publicar al gusto del Gobernador.
De hecho, contó, hay unos desayuno llamados “Desayunos de la Libertad de Expresión”,
donde se rifan vehículos, pantallas, teléfono y ipads.
“Lo que ya no se quiere hacer en Veracruz, es periodismo de investigación, está prohibido, todos deben conformarse con el boletín. Estamos hablando de que van 12 compañeros asesinados, cuatro desaparecidos y del 2000 a la fecha, 17 exiliados. Y cada que llama un Diputado y el mismo Gobernador a sus se llena, porque desgraciadamente la prensa en Veracruz está al servicio de quien le echa de comer”, dijo.
Espinosa Becerril recordó el caso de Víctor Báez, director de Reporteros Policiacos, quien fue asesinado, destazado y “aventado” frente a las instalaciones del Diario de Xalapa, una semana después de recibir un automóvil como regalo.
“Le duró una semana su coche. Yo estoy muy en desacuerdo con que a la prensa se le tenga que dar dinero, no tiene que hacerlo. Entiendo que los sueldos son bajos, pero si exigimos prestaciones, seguro como gremio, posiblemente lo vamos a conseguir, pero para todos es más fácil recibir dinero”. “Cuando quemaron la Junta Local del INE en Ruiz Cortines llegamos los medios, atrás de nosotros venían unos albañiles, entonces los granaderos los detuvieron y nosotros les tomamos fotos. Lo grave de esto, no es esa detención sin sustento; lo grave es que la que dirigió la detención es una periodista. Ella fue la que le dijo a los policías: huélele las manos, ábrele la mochila, revísale esto y es una periodista que porta armas y que su hija está trabajando en la Procuraduría de Justicia”, narró.
Antes de despedirse, el joven fotógrafo auguró días difíciles para Veracruz y pidió a la sociedad “voltear a ver a Veracruz”.
“Viene una represión muchísimo más grande que la que tenemos hoy en día y recordemos que Javier Duarte al inicio de su mandato dijo que era admirador de Franco, es un referente al que la gente no puso mucha atención y lo están viviendo los veracruzanos. Sólo le pido a la gente, a la sociedad y a los periodistas que volteen a ver a Veracruz, porque nos están matando a toda libertad de expresión”, indicó.
Al final de la entrevista Rubén se acomodó la cámara fotográfica, saludó a sus colegas y se encaminó a la salida. Sonrió y se despidió con un abrazo. Minutos más tarde, el fotógrafo retrataba a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la marcha que salió a las cinco de la tarde del Ángel de la Independencia y que concluyó con una lluvia a las afueras del Palacio de Bellas Artes.
Ahí andaba Rubén, sonriendo, corriendo, retratando, mojándose bajo la lluvia. Al pie del cañón.
“PÓRTENSE BIEN…”
Paradójicamente la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AC entregó el 2 de abril de 2013 a Javier Duarte de Ochoa un reconocimiento “a los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
El organismo también reconoció el “empeño” del mandatario estatal por “proteger” a los comunicadores con la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, lo que consideró “un marco legal inédito en el país y en el mundo”.
“En Veracruz se ensancha y se permite escuchar todas las voces”, dijo el Gobernador.
El premio fue muy cuestionado. De acuerdo con el informe Doble asesinato: la prensa entre la violencia y la impunidad, presentado el 13 de marzo de ese año por la oficina para México y Centroamérica de la organización internacional Artículo 19, los estados en los que se ejerció más violencia contra periodistas durante el 2012, fueron en primer lugar Veracruz, con 28, y el Distrito Federal con un número igual.
De acuerdo con la organización, en el lapso comprendido entre el 28 de abril y el 14 de junio de 2012 fueron asesinados cinco periodistas en las ciudades de Xalapa y Veracruz. En el tiempo que Duarte de Ochoa lleva al frente del Gobierno veracruzano un total de nueve periodistas han sido asesinados.
Calificado por distintos medios e internautas como “un premio chayotero”, el 4 de abril diversos diarios que conforman la AMEPAC se deslindaron del reconocimiento.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también marco distancia en cuanto a la premiación y Reporteros sin Fronteras (RSF) criticó que haya sido galardonado.
A unos días de que Duarte recibiera su premio, Verónica Danell, ex directora editorial y conductora de Mega Noticias, acusó al Gobierno de Veracruz de haber ejercido presión a su empresa para que la despidieran por llevar una línea crítica contra la administración.
El 30 de junio de este año, Javier Duarte de Ochoa pidió a los trabajadores de los medios de comunicación “portarse bien” al asegurar que hay “quienes están metidos con el hampa”.
En una reunión con reporteros, con motivo del Día de la Libertad de Expresión, y de la cual dan detalles los medios de comunicación veracruzanos, el mandatario del Partido Revolucionario Institucional dijo que “no hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”.
“Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes de alguna u otra manera tienen vinculación con estos grupos […], todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa […], pórtense bien por favor, se los suplico. Vienen tiempos difíciles. Vamos a sacudir el árbol, y se van a caer muchas manzanas podridas”, dijo Duarte de Ochoa a los reporteros.
Un mes después, ocurrió el multihomicidio de la colonia Narvarte en la Ciudad de México en donde fue asesinado Rubén Espinosa y cuatro mujeres.
–Con información de Sergio Rincón.
