Por Juliana Fregoso, Mayela Sánchez, Shaila Rosagel y Laura Cordero
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– El caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, ha indignado tanto a México que sus habitantes “anestesiados” desde años por la violencia masiva parecen haber despertado y, sea cual sea el resultado final de su búsqueda, “el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tendrá que prepararse para un probable tumulto social generalizado”, publicó The New Yorker la semana pasada.
La prestigiada revista difundió un análisis de Francisco Goldman, titulado “Crisis en México: ¿Podrían cuarenta y tres estudiantes ser la chispa que falta de una revolución?”, en el que expuso que el país “ha sido tomado” por la historia de los 43 desaparecidos, donde muchos se niegan a creer lo peor hasta que ya no se pueda negar.
“Muchos en México se han preguntado por qué la falta de cuarenta y tres ha inspirado tal indignación en un país que ha estado anestesiado ante el crecimiento de la violencia masiva”, comentó Goldman, y la respuesta, planteó, puede estar en el hartazgo por la violencia y la impunidad.
Activistas y defensores de derechos humanos coinciden en que el Estado mexicano debe dar respuesta pronto a la crisis de Ayotzinapa, porque el país se ha convertido en “una bomba de tiempo”.
“La desaparición de los 43 normalistas es un catalizador del descontento social que hay en México, caldo para un brote de violencia a nivel nacional”, consideró Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México.
“Creemos que lo que se ha mostrado es un descontento social no sólo por el caso Ayotzinapa, sino que este es el detonante: hay alrededor de cinco mil desapariciones forzadas, más de 30 mil desaparecidos, más de 120 mil ejecutados, más de 300 mil desplazados por la violencia”, explicó.
Cerezo indicó que el descontento social puede originar brotes de violencia en lugares donde “ya no tienen otra salida” y donde la población considera que el Estado es incapaz de llevarles justicia.
“Hay un descontento que puede generar esta reacción en la gente desesperada por la falta de justicia, no se puede predecir cuándo puede ocurrir un estallido de violencia, pero es muy posible”, comentó.
Vidulfo Rosales, Coordinador Jurídico Centro de Derechos Humanos de La Montaña,Tlachinollan, expresó que si no se hacen las transformaciones que el país requiere, si el tema de la seguridad no se logra zanjar, que se logren cambios que ayuden a resolver sobre todo la problemática de seguridad, hay grandes posibilidades de que haya un estallido.
“Hay mucha inconformidad social, hay muchos agravios, presos políticos, hay 80 mil asesinatos sin esclarecerse, hay 22 mil desaparecidos, aparte de los de Ayotzinapa”, dijo.
LA PUNTA DEL ICEBERG
A decir del director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, las manifestaciones que se están dando actualmente y el grado de indignación de la población “es algo que no se había visto desde hace varios años, no se había visto en esta magnitud y en esta intensidad”.
Si bien Quiroz señaló que el descontento actual es resultado de un malestar social acumulado por muchos casos de violaciones de derechos humanos, consideró que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos forzadamente “evidenció muchas de las fallas del Estado mexicano y mucho de lo que sucede: que las personas que están en una desventaja social o económica son a quienes más se les viola sus derechos, que fueran universitarios, y creo que esto hizo estallar la gran indignación social”.
Ante ello, advirtió, el Estado tiene una “alta responsabilidad” para atender de manera efectiva las manifestaciones y dar un cambio radical en sus prioridades
“Que en la práctica haya respeto a los derechos humanos y el estado de derecho empiecen por respetarlo los propios funcionarios y que al que no respete se le sancione. Por ahí comienza el cambio”, concluyó.
Para la académica de la Universidad Iberoamericana (UIA) Ivonne Acuña, el Estado mexicano está en un momento de crisis.
“La presente administración, de Peña Nieto, está en un momento de crisis y está en un momento delicado”, señaló.
Además, dijo, está recibiendo presiones de la comunidad internacional, que desde distintos ámbitos está cuestionando si el Estado mexicano se está viendo desbordado con la situación actual.
No obstante, planteó que lo que hace diferente al caso de Ayotzinapa de los anteriores es que la gente se está movilizando bajo un tema muy concreto, el cual, además, responde a un doble papel: “Es como la punta del iceberg, pero también la gota que derrama el vaso”.
Acuña consideró que “es un momento crítico para esta administración”, cuya única salida posible es la reconstrucción del tejido social. En su opinión, el país se encuentra en una situación tal que “el Estado solo no puede” y por ello es necesario que convoque a la sociedad, a los empresarios, a las organizaciones civiles y a distintos grupos sociales para reconstituirse.
“Lo de Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso. Es la punta de toda la problemática, de toda esta inconformidad y está siendo el eje articulador. Si no se resuelve este tema junto con todos los temas que giran alrededor que tienen que ver con la seguridad pública, con la corrupción de los gobiernos, con la mala administración de la justicia y esos problemas que están muy visibles, esto puede ir para más”, afirmó Vidulfo Rosales.
EL GOBIERNO NUNCA HA TENIDO EL CONTROL
Por su parte, el director de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz, dijo que, en materia de derechos humanos, hay aspectos que mas que habérsele salido de las manos al gobierno, nunca han estado bajo control.
“La situación de tortura está fuera de control, las desapariciones están fuera de control, y lo primero que tendría que hacer el Estado es aceptar la magnitud del problema”, expresó. El defensor de derechos humanos consideró que el reconocimiento de los problemas que prevalecen en el país y de las fallas en que ha incurrido el gobierno tendría que ser el punto de partida para un viraje radical en la conducción del país.
Quiroz es cauto al hablar sobre las consecuencias de no hacerlo, pues si bien duda que el país se encuentre ya en una situación límite, consideró que si el gobierno no reacciona acertadamente las manifestaciones podrían subir de tono.
“Creo que sí hay un riesgo de que las manifestaciones escalen, de que las manifestaciones que se han dado muy pacíficas puedan tornarse con ciertos aspectos de violencia, lo cual sería lamentable”, opinó.
Al respecto, la profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la UIA, Ivonne Acuña, recordó que el riesgo de un estallido social no es nuevo. “Desde 2006 estamos como sentados en un polvorín y a veces esperando que pase algo, no deseándolo y esperando que no pase, pero observando la posibilidad de un escalamiento [de violencia] y hasta ahorita no ha ocurrido”, expresó. Si no ha ocurrido, dijo, es porque “la sociedad mexicana aguanta mucho”.
Vidulfo Rosales expuso que el Estado debe hacer una limpieza y reestructuración y pensar en el cambio de un modelo de los poderes. Se debe hacer un gran programa de derechos humanos, de seguridad pública, repensar el tema de los ayuntamientos, de las policías preventivas, el sistema de partidos, cómo debe funcionar y blindarlo.
Se tienen que reducir los márgenes de impunidad, se tiene que hacer justicia, esclarecerse los asesinatos, las desapariciones, e sal gran cuenta pendiente. Debe haber verdad, justicia, reparación en esos temas para que la inconformidad se reduzca. De lo contrario se seguirá con el dolor y las heridas abiertas que México tiene hoy en día y si no, hay posibilidades de un estallido.
El abogado también dijo que pareciera que el Estado quiere desviar la atención del caso Ayotzinapa, en su discurso aseguran que están haciendo un gran trabajo para su presentación con vida, y una vez presentándolos con vida o como sea, pues “confían en que se desinfle la inconformidad social, se terminen los movimientos y ya se acabó el asunto, pero esto no va a parar ahí”.
LA DESIGUALDAD Y OMISIONES
La desigualdad es otro de los focos rojos que mantienen en alerta al Estado Mexicano, a juicio de empresarios y analistas.
En lugar de que se disminuya la brecha entre ricos y pobres, cada vez se hace más amplia como lo destacó el informe “Iguales: Acabemos con la desigualdad extrema”, elaborado por la organización de desarrollo global, Oxfam Internacional.
En el reporte, establecía que en México, al igual que en otros países de América Latina se ha ido ampliando la brecha entre ricos y pobres, y aunque ha reducido el número de mexicanos en extrema pobreza, también ha aumentado la acumulación de la riqueza en unos cuantos.
“Siendo la economía número 15 más grande del mundo, México no tiene excusa alguna para permitir que casi la mitad de su población se enfrente a las injustas consecuencias de la desigualdad”, señaló Consuelo López-Zuriaga, Directora Ejecutiva de Oxfam México.
Las cifras hablan por sí solas: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), destacó en su última medición que en el país existen 53.3 millones de personas viviendo en pobreza y 11.3 millones en pobreza extrema.
Otro reporte, el Wealth and UBS Billionaire 2014 (Riqueza y Billonarios 2014), dado a conocer en octubre pasado, reveló que México se ubicó este año como el país número 21 (de 40) con el mayor número de billonarios, es decir, que cuentan con una riqueza individual superior a los mil millones de dólares, al sumar 27, cinco más que el año pasado.
Según esta medición, que se publica cada año, el número de multimillonarios mexicanos subió 23 por ciento, al pasar de 22 a 27 de 2013 a 2014. Sus activos representan 169 mil millones de dólares, es decir 32 mil millones de dólares más con respecto a los 137 mil millones de 2013. Juntos concentran más del 40 por ciento de la riqueza del país.
Uno sólo de estos billonarios, el empresario Carlos Slim Helú, que posee una fortuna personal de 79 mil 600 millones de dólares, según la revista Forbes, tiene en sus manos el 6 por ciento del presupuesto total del país.
Ejemplo de la desigualdad en el país es el hecho de que, las tasas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas son seis veces más altas que la media nacional, y tan elevadas como en muchos países africanos, según el reporte de Oxfam.
Mientras que en materia de acceso a las nuevas tecnologías “el cuasimonopolio de Carlos Slim sobre los servicios telefónicos y de Internet impone uno de los precios más altos de la OCDE [Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos] por estos servicios, dificultando el acceso de las personas pobres a los mismos, destaca el “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México”, elaborado por la OCDE.
Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón Castañón, ante este escenario se requieren partidos políticos y representantes populares transparentes, honestos, íntegros, que pongan el interés de la Nación por sobre cualquier interés particular.
Destacó la necesidad de crear un Pacto para el Fortalecimiento del Estado Mexicano en el que se garantice seguridad, justicia, democracia y gobernabilidad, pero que a la vez, combata la corrupción e impunidad así como la desigualdad social, para ayudar a construir un Estado de derecho.
“Reiteramos nuestra propuesta a la Nación y jefe de Estado: de comprometernos todos en un pacto para el fortalecimiento del Estado mexicano. Un pacto que nos garantice seguridad, justicia, democracia y gobernabilidad; un pacto que combata la corrupción e impunidad, un pacto que construya el Estado de Derecho al que todos aspiramos. De lo local a lo federal, donde se involucren las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la nación, con la sociedad, los partidos políticos y las organizaciones intermedias”, dijo.
A sus demandas sumó la petición para que existan autoridades municipales que promuevan el progreso y aseguren el cumplimiento de la ley. “Que sepan trabajar en conjunto y unir voluntades para generar oportunidades sociales, económicas y de educación. Esas oportunidades que pueden ser la clave para acabar con la desigualdad que nos agobia”.
Destacó que en el país no sólo se requieren policías eficaces en el combate al crimen y el restablecimiento de la paz a través de la legalidad, sino también proyectos enfocados en el desarrollo regional y la promoción del empleo, desde su proximidad con la población.
“Queremos autoridades municipales que promuevan el progreso y aseguren el cumplimiento de la ley. Que sepan trabajar en conjunto y unir voluntades para generar oportunidades sociales, económicas y de educación. Esas oportunidades que pueden ser la clave para acabar con la desigualdad que nos agobia”, finalizó.
