Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones sociales y pequeños comerciantes se confrontaron este día por medio de desplegados en los principales medio de circulación nacional, entorno a la propuesta de gravar refrescos bebidas azucaradas que contiene la Reforma Hacendiaria del Presidente Enrique Peña Nieto.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Plutarco Elías Calles afirmó contar con más de un millón de cartas de sus agremiados que rechazan el impuesto a los refrescos. Asimismo sostienen que dicha medida no es la solución al problema de la obesidad en el país. Uno de los factores por los que se aplica este impuesto.
"No al impuesto a las bebidas azucaradas. No resuelve el problema de la obesidad en México. Provocará la caída en las ventas afectando a más de una tercer parte de nuestras ganancias. Y afectada a los sectores más pobres de la población", dice el texto que acompaña a la población.
Por su parte, 35 organizaciones advirtieron que una de las principales causas de enfermedades como la obesidad y la diabetes que afecta a los mexicanos se debe al alto consumo de refrescos y a la falta de acceso y disponibilidad de agua de calidad para beber.
Por ello exigen que el gravamen se da 2 pesos por litro, y que estos recursos que se obtengan sean destinados a la instalación de bebederos en escuelas y espacios públicos.
En el texto que acompaña su publicación precisan: "Si el impuesto planteado a los refrescos y bebidas azucaradas busca reducir su consumo y proteger la salud de la población debe:
1.– Ser al menos del 20%, 2 pesos por litro, como se recomienda internacionalmente, para lograr una reducción significativa en el consumo de estas bebidas.
2.- Destinarse parte de los recursos obtenidos a la instalación de bebederos de agua, con sus sistemas de potabilización, en todas las escuelas del país y en los espacios públicos de las comunidades más pobres".
Las organizaciones indican que además del impuesto en las bebidas azucaradas se requiere de una reeducación y de nuevos hábitos como el beber más agua, para así volver este líquido un derecho de niños y niñas en las escuelas y una opción para la población en espacios públicos.
"El acceso a agua asegura para beber es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución y las Naciones Unidas que debemos hacer una realidad para un México más seguro", finaliza el comunicado.
