En 2015, el todavía Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle puso Fiscal por siete años; todos protestaron… menos Ricardo Anaya
Hoy, con la propuesta de que el actual titular de la PGR se convierta en automático en el Fiscal General de la Nación y su periodo dure 9 años, es decir casi dos sexenios más, el líder nacional del PAN acusa una práctica ilegal y hasta amaga con recurrir ante instancias federales para frenar la designación.
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Por Viridiana Lozano Ortíz
Puebla/Ciudad de México, 3 de septiembre (PeriódicoCentral/SinEmbargo).- El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, maneja un doble discurso sobre la propuesta de convertir al actual Procurador, Raúl Cervantes en el nuevo Fiscal General de la Nación por un periodo de 9 años. Aunque hoy el panista está en contra de la iniciativa incluida en la Ley Anticorrupción, en 2015 sus diputados en Puebla aprobaron esta misma medida y el morenovallista Víctor Carrancá pasó en automático de Procurador a Fiscal, con el respaldo del entonces gobernador, Rafael Moreno Valle.
Ricardo Anaya ha acusado que se trata un “plan de impunidad sexenal” que pretende proteger a funcionarios y allegados al gobierno federal de ser procesados legalmente. Por esta razón ha advertido que si se aprueba el nombramiento de Raúl Cervantes, irá a instancias nacionales para tumbarlo.
Esta postura es diferente a la que asumió en 2015 cuando esta misma reforma fue aprobada a nivel local para Puebla.
El Congreso de Puebla aprobó en diciembre de 2015 la creación de la Fiscalía General del Estado y el nombramiento en automático del Procurador, Víctor Carrancá para que asumiera esta posición los próximos 7 años, es decir, hasta 2022.
En ese momento, los legisladores del PRI, Partido Verde, la perredista Socorro Quezada y el diputado por Movimiento Ciudadano, Julián Peña votaron en contra ya acusaron que se trataba de una estrategia del morenovallismo para blindarse durante las próximas dos administraciones.
Además, en la entidad se colocaron una serie de candados para evitar que sea removido por administraciones subsecuentes, o que sea muy difícil lograrlo:
“Artículo 97, fracción IV: El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que establezca la Ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso, dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General del Estado será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”.
Pero en ese entonces la propuesta impulsada por el gobernador Rafael Moreno Valle fue votada a favor por los diputados de Acción Nacional, y el líder nacional del partido, Ricardo Anaya estivo de acuerdo.
Hoy el discurso de Anaya es diferente, acusa que es un plan de protección del gobierno federal y no puede concebir que se permita que Peña Nieto imponga al Fiscal.
“Lo que está en juego en este momento es la integración de la Fiscalía General de la Nación, quién va a ser el responsable de investigar todos los delitos federales, incluyendo la corrupción, enriquecimiento ilícito en lo que queda de este sexenio, todo el sexenio siguiente y un tercio del siguiente sexenio”, publicó hoy el diario Excélsior.
En Puebla, Víctor Carrancá cerró la administración de Rafael Moreno Valle, está en la de Tony Gali Fayad y estará durante los cuatro años que dure el gobernador que resulte electo en el proceso electoral de 2018.
Pero además, el Senador Javier Lozano evidenció en su cuenta de Twitter que en 2014 cuando fue aprobada la reforma a la Ley Anticorrupción, Ricardo Anaya votó a favor y que desde ese momento se había establecido que el Procurador en turno tomara ese cargo de manera inmediata.
* REPRODUCIDO EN SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA AUTORA Y DE PERIÓDICO CENTRAL DE PUEBLA
